Los gobiernos de las comunidades autónomas españolas gastan cada año cerca de 5.700 millones de euros en sufragar convenios y conciertos asistenciales con los hospitales privados a los que derivan pacientes por no poder atenderlos. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra, sirva como muestra el hecho de que esa cantidad supera con creces el presupuesto total que destinan conjuntamente a la sanidad las comunidades de Navarra y el País Vasco, las autonomías con mejores índices de calidad en atención sanitaria y las que presentan el mayor gasto per cápita en salud.
Así se desprende del informe Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que alerta de la alarmante caída en el presupuesto público sanitario desde hace diez años, así como de la consiguiente pérdida de calidad que han experimentado los servicios públicos a causa de los recortes emprendidos durante los años de crisis económica.
El estudio de FADSP evalúa la situación de cada comunidad autónoma analizando y puntuando uno por uno una treintena de parámetros agrupados en cinco categorías. En primer lugar, la financiación y los recursos disponibles, donde incluye el gasto sanitario y, entre otros elementos, los índices de profesionales, camas hospitalarias, quirófanos, intervenciones quirúrgicas, material y equipos médicos por cada mil habitantes.
En segundo lugar, la política farmacéutica, donde mide la evolución del gasto público en medicamentos adquiridos con receta y en los dispensados en los centros hospitalarios, así como el empleo de fármacos genéricos. En tercer lugar, la valoración ciudadana del sistema, y, en cuarto, la situación de las listas de espera en consultas de especialista o para intervenciones quirúrgicas. Finalmente, la privatización sanitaria.
En este último apartado, la Federación analiza el porcentaje del presupuesto público de cada comunidad destinado a contrataciones y convenios con centros privados, así como la privatización encubierta mediante fórmulas de gestión privada, como las fundaciones, las empresas públicas y los consorcios de colaboración, y las concesiones administrativas y las iniciativas de financiación privada de la sanidad. También, la existencia o no de dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios al sistema público de salud.
Según la FADSP, los porcentajes del presupuesto sanitario destinado a derivar pacientes a los centros privados varían desde el 3,7% de Cantabria y el 4% de Castilla y León, al 10% de Canarias y Baleares, el 12,4% de Madrid y el 25,1% de Catalunya. Entremedias, La Rioja (8,4%), Navarra (7,7%), País Vasco (6,8%), Murcia (6,4%), Asturias (6%), Castilla La Mancha y Galicia (5,5%), Aragón (5,4%), Valencia y Extremadura (4,5%) y Andalucía (4,3%). Si se extraen las cantidades brutas según el porcentaje de referencia en cada comunidad, la suma de todas ellas asciende a más de 5.669 millones de euros.
El estudio de las plataformas que defienden la sanidad pública añade a ese gasto público el llamado “gasto de bolsillo” que cada ciudadano dedica a su salud, bien sea mediante el repago de fármacos, bien por lo que paga por un seguros privado de salud, si lo tiene, o bien por lo que le cuesta abonar una prestación sanitaria en consultas médicas u hospitales ajenos al sistema público. Esos costes rondan los 400 euros anuales por habitante en toda España, con mínimos en Castilla La Mancha (332 euros por persona y año) y máximos en Aragón y el País Vasco, con 491 y 513 euros anuales, respectivamente, por habitante.
El índice de privatización de la sanidad pública es una de las cinco categorías analizadas por la FADSP para establecer su ránking por comunidades. Las que obtienen las mejores puntuaciones son el País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80 puntos cada una). Hay cinco autonomías con servicios sanitarios que la FADSP califica de “regulares”: Asturias (78 puntos), Castilla La Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Tienen servicios sanitarios “deficientes” Baleares (72), Galicia (71 puntos), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). A la cola, Catalunya (65 puntos), València (63) y Canarias (53).
Deterioro generalizado
Pese a que el listado podría dar a entender que la sanidad ha mejorado en algunas comunidades, los autores del informe advierten de que el deterioro es generalizado, y alertan de que los recortes en los presupuestos públicos han sumado en los últmios diez años entre 15.000 y 20.000 millones de euros, dependiendo de las fuentes consultadas.
De hecho, el estudio muestra que esos recortes siguen lastrando drásticamente el gasto sanitario, porque no hay ninguna comunidad autónoma donde el presupuesto del 2018 haya podido situarse ni siquiera al nivel que tenía en el año 2009. Sólo en el País Vasco, donde el gasto previsto para este ejercicio es un 1,3% inferior al de hace diez años, se puede hablar de cierta recuperación.
En el resto de autonomías, el bajón supera el 8%, y en 12 de ellas –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- los recortes con respecto al 2009 superan el 10%.
“Estos recortes se han evidenciado sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios), que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo”, subraya la FADSO. Asegura que en los últimos tres años “se han producido incrementos presupuestarios”, pero subraya que “ni de lejos han servido para recuperar la situación previa”.
«Esos incrementos han ido dirigidos básicamente a atender un incremento del gasto farmacéutico, en parte consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria –la patronal de la industria farmacéutica- por el que le garantizaba a esta última un aumento paralelo al crecimiento del PIB”.
«Buena prueba [del deterioro sanitario] es que en el último informe de The Lancet sobre el Índice de calidad y acceso a los sistemas de salud, España retrocede once puestos en la clasificación internacional de 195 países de todo el mundo”, añaden.
Los recortes en sanidad han provocado que la percepción ciudadana sobre la calidad del sistema público de salud haya variado sustancialmente. Según FADSP, el porcentaje de personas que afirman que el sistema funciona bien o bastante bien ha pasado del 74% en el año 2010 al 67,6% en el 2017. Las personas que piensan que las listas de espera han empeorado en el último representaban en el 2009 el 13% de la población, pero en el 2017 ya eran casi el 30%.
La organización también pone de manifiesto la dramática situación que viven millones de ciudadanos que no pueden pagarse los fármacos que sus médicos les recetan. “Las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos prescritos suponen un 14,76%, y el Barómetro Sanitario de 2017 refiere que suponen el 4,7% de la población”.
Trasladado al total de la población española, “supondrían 2,18 millones de personas, sin que el Ministerio de Sanidad haya hecho ningún intento de evaluar el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos”.
Finalmente, las asociaciones que defienden la sanidad pública critican al Gobierno por la dificultad para acceder a los datos sobre el sistema sanitario y cuestionan su intención de cumplir las obligaciones que impone la ley de Transparencia: “Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados por el Ministerio de Sanidad.
