“No se trata de ningún capricho”. Así ha justificado Juan Ignacio Zoido el dispositivo y la actuación policial durante el referéndum del 1-O en Catalunya. El ministro de Interior estaba citado para explicar en la Comisión de Interior del Senado el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) en dicha comunidad autónoma. Su comparecencia fue solicitada por él mismo y por el grupo socialista así como por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu.

Zoido: «El objetivo no eran los ciudadanos», pero «había se infiltraron radicales perfectamente organizados»

Zoido ha comenzado su relato describiendo cronológicamente los hechos: “He querido ser riguroso para partir de un punto que nos marque desde dónde y para qué han sido desplazados de una manera especial unas unidades de reserva de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Me he limitado a describir hechos concretos que se establecen en el Estado de derecho y descritos por las decisiones de los tribunales”. El ministro asegura que, en todo momento, el dispositivo actuó con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, el cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico así como atender las instrucciones dadas por los jueces y la Fiscalía.

A su juicio, el detonante “fue lo que sucedió en el pleno del Parlament los días 6 y 7 de septiembre”, sesiones en las que se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. Desde entonces, asegura que fueron varias las advertencias que articularon jueces y fiscales: “Se pidió que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo o actuación alguna que permita la preparación o celebración del referéndum”. En este punto, Zoido se ha preguntado: “¿Qué parte de este requerimiento necesita aclaración? Es claro y evidente”.

Zoido razona que la actuación policial no fue un capricho y explicó la designación de Diego Pérez de los Cobos, alto cargo de la secretaría de Estado de Seguridad, como coordinador del dispositivo policial respondía a una necesidad de coordinación entre los diferentes cuerpos con el objeto de impedir el referéndum del 1-O. Durante la jornada del 1 de octubre se “usó un mínimo y proporcionado uso de la fuerza”,asegura Zoido, quien añade que el objetivo era el desmantelamiento de los materiales y el cierre de los centros, “en ningún caso la actuación tuvo como objetivos a los votantes”. Pero matiza que, a pesar de que había ciudadanos pacíficos, “se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados y coordinados”, a los que culpa de impedir y dificultar las labores de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “Tuvieron que salvar ese impedimento en cumplimiento del mandato judicial encomendado”. Además, se ha escudado en que algunos cuerpos fueron recibidos con violencia.El ministro ha tenido unas palabras especiales para los Mossos d’Esquadra, y no precisamente para alabar su labor. “Absoluta pasividad y poca colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil”. En estos términos ha calificado su trabajo el 1-O.

«Si los Mossos hubieran cumplido con sus obligaciones, algunos de los hechos no hubieran tenido lugar”

Zoido ha subrayado que “la limitada eficacia de los Mossos hizo necesaria activar las primeras actuaciones de unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “El grueso del dispositivo comenzó a partir de las 09:00 horas cuando se recibió la primera petición formal de los Mossos”. De hecho, afirma que “se da la circunstancia de que la mayoría de los casos en los que la policía autonómica decía haber desactivado un centro de votación, el Gobierno catalán ofreció resultados de votación en esas localidades”.

“Los hechos son lamentables y preferiblemente no debieron producirse, pero las Fuerzas y Cuerpos no pueden mirar hacia otro lado”, ha sentenciado Zoido, quien no ha querido despedirse sin volver a lanzar un dardo envenenado a los Mossos: “No me corresponde a mi juzgar si todos cumplieron con sus obligaciones. La Justicia se está encargando de analizarlo. Su máxima autoridad por entonces [el mayor Josep Lluís Trapero] están siendo investigado por delitos tan graves como el de sedición. Quizá, si hubieran cumplido con sus obligaciones, algunos de los hechos no hubieran tenido lugar”.

El costo del dispositivo, que contó con unos 4.500 efectivos de media (los días 30 de septiembre, el 1 de octubre y el día 2 fueron 6.000), ascendió a los 87 millones de euros, incluyendo «gastos de alojamiento, manutención, dietas, productividades y desplazamiento».