Fernando Grande-Marlaska no elude pregunta alguna, aunque el día de la entrevista aún no había surgido la polémica del «relator». Por ello, las dos cuestiones sobre este asunto han sido respondidas por el ministro por escrito –su agenda imposibilitó que fuera en persona– y no ha habido por tanto posibilidad de repreguntar. Hecha esta precisión, lo cierto es que el responsable de Interior hizo un amplio repaso de la actualidad de su departamento.
–¿Qué valoración hace de la polémica surgida?
–El Gobierno apuesta, y lo seguirá haciendo, por un diálogo sincero y eficaz con Cataluña, aun siendo consciente de que no es cuestión sencilla y de que los gobiernos anteriores dejaron enquistarse la situación. Nuestra voluntad es firme para encontrar una meta común dentro del marco constitucional. Hay quien puede pensar que este gobierno está arriesgando, pero parecen olvidar que la política es siempre esfuerzo, es siempre arriesgar por aunar voluntades. El riesgo en política en modo alguno implica apartarse de la ley, sino consolidar su vigencia con soluciones permanentes que amparen razonablemente todos los intereses dentro de una convivencia normalizada que acabe con la confrontación.
–¿Este asunto ha supuesto un desgaste para el Gobierno?
–Actuar de esta forma no desgasta. Todos nuestros esfuerzos están destinados a lograr la convivencia y la normalización en Cataluña dentro de la ley y la Constitución. Lo que de verdad desgasta es la inacción.
–¿Hay algún paralelismo entre la actuación de los CDR y la de los grupos de violencia callejera del País Vasco?
–Me cuesta hacer ese paralelismo. Con ETA había asesinatos y la «kale borroka» fue orquestada y creada por ETA. No me gusta hablar de intensidades de violencia, porque no admito ninguna por mínima que sea. La de los CDR me parece una violencia peligrosa; no la veo creciente, pero eso no quiere decir que no me preocupe una violencia mantenida en el tiempo.
–¿Y está alimentada por la Generalitat o por algunas declaraciones?
–Creo que tanto la Generalitat como el Gobierno central debemos hacer lo posible para erradicar esos actos de violencia con actuaciones coordinadas. Son incompatibles con nuestro estado de derecho. Ya vale de tanta violencia.
–De cara al juicio del «procés» (y de cara al resultado), ¿se prevé una radicalización en esos sectores?
–Espero que no. Sobre el juicio, sólo decir que no hay observadores porque cualquier ciudadano podrá seguirlo en directo y se verá que es un juicio justo, independiente e imparcial… Me cuesta decir esto porque son obviedades.
–Pero cuando Quim Torra dice que no va a aceptar el resultado…
–Bueno, eso son declaraciones; muchas veces las declaraciones no van seguidas de conductas. Todo ciudadano tiene que aceptar los pronunciamientos judiciales. No cabe nada más.
–¿Cómo está la relación de trabajo con los Mossos?
–Muy satisfactoria; no diría inmejorable, pero sí muy satisfactoria. Tuvimos la Junta de Seguridad de septiembre, se han incorporado los Mossos al Citco, siguen las comisiones de cooperación y seguridad… ha habido pruebas en el día a día de que las relaciones son muy buenas. Hay una coordinación efectiva, como se vio en acontecimientos como el 1 de octubre de 2018 con todo lo que representaba ese aniversario. Yo recordaría una imagen: cuando los Mossos pasan por la Jefatura de Policía de Vía Laietana se aplaudieron mutuamente. Eso no surge si no hay un trabajo, una complicidad previa.
–Hablaba de la violencia borroka y de ETA, que usted conoce de primera mano. Algunas víctimas le reprochan que ha cambiado de discurso desde que es ministro, así como los traslados de presos etarras.
–¿Qué asociación de víctimas, qué declaraciones? Solo hay una asociación que desde el principio era contraria a la política que estamos desarrollando. No he cambiado mi discurso. Mi primera reunión fue con las asociaciones de víctimas y les trasladé lo siguiente: la política de dispersión fue una política antiterrorista de éxito incuestionable, pero el estado de derecho ha derrotado a ETA, aunque es evidente que queda un relato que hacer y dar esa satisfacción a las víctimas. Ahora se aplica la ley penitenciaria. Si ya no hay una organización terrorista no se aplica política antiterrorista, pero estas personas siguen cumpliendo condena, que parece que no cumplen. Cuando hay algún traslado, insisto, no es un beneficio penitenciario. Todo esto lo hablé en junio con las asociaciones de víctimas y estaban conformes. Quedan 229 presos etarras en la cárcel y ha habido en siete meses poco más de 20 traslados. Al País Vasco, tres, y son de la vía Nanclares; es decir, estaba ya resuelto prácticamente por Instituciones Penitenciarias con el anterior ministro. Ningún otro preso ha sido llevado al País Vasco; por eso me enfadan un poco estas acusaciones.
–¿Entonces los criterios para esos traslados serán los mismos?
–Por supuesto. Para los traslados, según el grado de cumplimiento, si es delito de sangre o no, y cumpliendo la legalidad penitenciaria. Son además criterios individuales. La política de dispersión ya no existe porque era política antiterrorista. Habrá traslados si lo decide la junta de tratamiento, si el preso progresa de grado y si procede dicho traslado. Me comprometo a que mientras sea ministro ninguna medida irá en detrimento de los derechos de las víctimas del terrorismo.
–¿Podía funcionar la trama de Villarejo al margen de la cúpula política de Interior?
–Al ministro del Interior le corresponde ser cauto, pero creo que esa es una de las fases más negras de la política española y una de las fases más negras de este ministerio. De eso no me cabe duda, independientemente de hasta dónde alcancen las responsabilidades políticas que se conviertan en penales. Por lo que ya han manifestado algunos es muy difícil que la llamada operación Kitchen se haya materializado sin el conocimiento de la cúpula política. Solo por cuál era la finalidad de esa concreta operación, a quién beneficiaba, alguna responsabilidad política tendrían… No me voy a meter más. Se dilucidará en los tribunales.
–¿Es la primera vez que Interior tiene que dar cuenta de los fondos reservados a un juez por un presunto caso de corrupción?
–Quizá haya habido alguna otra vez pero no por un tema de corrupción en el concepto estricto. De los fondos reservados se da cuenta en una comisión, ha pedido un juez la desclasificación de documentos reservados y el Gobierno ha decidido que debía prevalecer la tutela judicial efectiva.
–¿El caso Villarejo ha tenido consecuencias operativas para la Policía Nacional, los jueces se fían menos o las empresas que colaboran?
–El prestigio de la Policía es indiscutible. Lo de este individuo –estamos hablando mucho de él para lo que merece–, no puede ni ha logrado enturbiar la profesionalidad y la apreciación de terceros hacia la Policía. En este caso concreto de lo único que me ocupo es del reconocimiento a la labor que está desarrollando Asuntos Internos y de darles, si lo requieren, los medios.
–En muy poco tiempo ha habido tres operaciones contra el terrorismo yihadista en las cárceles, la última esta semana. ¿Qué análisis hace?
–Atacar la propagación del yihadismo dentro de entornos cerrados como son las prisiones es difícil. Esas operaciones demuestran que el plan contra la radicalización en las cárceles y la estrategia contra ese terrorismo en la que se incluye ese plan están dando resultados. Hay funcionarios de Instituciones Penitenciarias especializados que están haciendo muy bien su trabajo en coordinación con las Fuerzas de Seguridad.
–¿Hay un problema en las cárceles con este tipo de terrorismo?
–Hay más presos yihadistas que etarras. Y hemos visto que los centros pueden ser la base de adoctrinamiento de terceros, de gente no radicalizada, desarraigados sociales sin un sentido en sus vidas que pueden ser mucho más sensibles a que les inoculen esa ideología. Es una cuestión muy clara. Y al contrario que ocurre con los etarras, con los agentes radicalizadores no hacemos una política de dispersión, ya que es mejor tenerlos en la misma cárcel en módulos distintos. Dispersarlos generaría mayor problema porque pueden volver a actuar en esas prisiones a las que fueran trasladados.
–¿Qué le parece la prisión permanente revisable?
–Vamos a dejar que resuelva el Tribunal Constitucional. La prisión permanente revisable no debe identificarse en abstracto, porque lo realmente importante es su concreta regulación, si esa es compatible con el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna. Es decir; con la reinserción y la resocialización de cualquier penado independientemente del delito que haya cometido.
–Es un cambio con lo que votó en su día el PSOE…
–Bueno… No nos tenemos que fijar en el nombre. Hay que ir al contenido; lo que pasa es que muchos, cuando hablan de esta pena y la defienden se la imaginan como prisión permanente.
–¿Los funcionarios de prisiones son los hermanos pobres del ministerio?
–Lo pueden haber sido, pero con este ministro no. Era muy consciente cuando llegué aquí de sus necesidades y desde el primer discurso me fijé en ellos. Hemos aprobado por iniciativa propia que puedan utilizar a la Abogacía del Estado en caso de agresiones, adelantarles las indemnizaciones, contabilizarles el tiempo de prácticas para su paso a la segunda actividad… Pero en lo que son cuestiones económicas este ministerio no puede actuar solo.
FUENTE: ABC
