En los próximos 11 días desfilarán 23 políticos y empresarios por la Audiencia Nacional para declarar ante el juez José de la Mata por el caso del 3%. Se investiga la supuesta financiación irregular que puso en marcha Convergència (CDC), actual Pdecat, después de que se descubriese el escándalo del Palau de la Música. El primero en declarar este lunes será Francesc Sánchez, responsable económico y jurídico de la desaparecida Convergència.
Curiosamente, en los últimos días, dos de los citados a declarar en calidad de investigados han renunciado a sus cargos públicos: Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona, e Isabel Muradàs, concejal de Girona. Con estas dos renuncias ninguno de los investigados ocupa en la actualidad cargos políticos de relieve. Sueltan lastre.El nombre de Carles Puigdemont también aparece en el auto judicial, aunque no se ha citado a declarar al expresidente de la Generalitat huido. Cuando era diputado convergente y alcalde de Girona, Puigdemont mantuvo al menos dos reuniones para hablar supuestamente de obras públicas con Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de la constructora Oproler y exdirigente de su mismo partido. Una de las reuniones se realizó en el parlamento catalán. Bassols es el esposo de la juez Núria Bassols, a la cual el gobierno de Artur Mas nombró comisionada para la Transparencia.
El juez De la Mata menciona al huido Puigdemont en un auto del 3% pero no le cita a declarar
El juez de la Mata ha reservado la mañana de este lunes para tomar declaración al equipo de finanzas de Convergència: el mencionado Francesc Sánchez, a la empleada Dolors Benítez y a Carles del Pozo, gerente. El caso se instruyó e un juzgado de El Vendrell, pero en abril pasó a la Audiencia Nacional.
Según el auto de citación, Sánchez contribuyó a “poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente” a Convergència de “forma encubierta” mediante donaciones a fundaciones ligadas al partido. Estas donaciones las efectuaban una serie de empresas supuestamente a cambio de la adjudicación de obras públicas. En el escrito judicial se acusa al dirigente convergente de alterar “todo tipo de concursos públicos”.
En los correos electrónicos que fueron intervenidos a directivos de Oproler estos utilizan el nombre en clave de “Fernando” para referirse a Francesc Sánchez. Le consideran el “sustituto de Gerardo”, que es el mote con el que se referían a Germà Gordó, exconsejero de Justicia de la Generalitat y, anteriormente, gerente del partido. Sin embargo, este último no está entre los citados a declarar este junio.
La gestión del alcalde Trias
Este martes declarará Ángel Sánchez Rubio, director general de Bimsa, la empresa municipal que adjudica las infraestructuras de Barcelona. Se le investiga por concursos de la etapa del exalcalde Xavier Trias y del ex teniente de alcalde Antoni Vives, también citado a declarar como investigado este 14 de junio. Según consta en el auto, Sánchez Rubio “ayuda a introducir a la empresa orpoler en el sistema de contratación en ek Ayuntamiento de Girona” cuando lo encabezaba Puigdemont. Según el sumario, Sánchez Rubio comió en junio de 2013 con Vives y con Puigdemont. Un día antes, Sánchez Rubio también se reunió con Bassols para preparar una visita a Girona.
Vives no sólo era el teniente de alcalde de Urbanismo, sino también presidente del consejo de administración de Bimsa y vicepresidente del Puerto de Barcelona. Se le investiga por la adjudicación de ocho obras, dos de ellas en el recinto portuario.
Por estas dos obras también se ha citado a Sixte Cambra, que dijo adiós como presidente del Puerto de Barcelona la semana pasada. El auto recuerda que Cambra mantenía “reuniones frecuentes” con los representantes de las empresas adjudicatarias antes de las licitaciones y con cargos de CDC. Entre ellos está su entonces tesorero Andreu Viloca.
Entre los investigados también está Constantí Serrallonga, actual director general de Fira Barcelona y exgerente del ayuntamiento con el alcalde Trias. Declarará este martes después de Sánchez Rubio. Los dos se han mantenido al frente de organismos empresariales que ahora dependen de la alcaldesa Ada Colau.
Isabel Muradas, que este 1 de junio cesó como cuarta teniente de alcalde de Girona, deberá explicar al juez sus contactos con Bassols. Cuando en 2012 era alto cargo de la Consejería de Gobernación de la Generalitat, supuestamente informó a Bassols de obras en trámite de licitación. Entonces militaba en Unió.
El regreso de Joan Maria Pujals
Una de las últimas declaraciones programadas será de la Joan Maria Pujals, exdiputado convergente y exconsejero de Educacion y Cultura de los gobiernos de Jordi Pujol. No se le ha citado como político, sino como directivo de la constructora Impulsa Grupo Ortiz. Se le investiga porque supuestamente se “converto” con cargos de CDC para conseguir obras públicas cambio de donaciones para las fundaciones convergentes.
Entre los empresarios investigados por el juez y que declararán en los próximos días se encuentra José Miarnau (Comsa), Ramon Anglada (Rubau Tarrés), Joan Albert Arqués (Benito Arnó), Antonio Cañellas (Deco) y Jordi Soler (Grup Soler).
