Florentino Pérez acaba de meterse un atracón de renovables… y no es que ahora quiera acabar de golpe y porrazo con el cambio climático. El megapaquete que se adjudicó ACS a través de su filial Cobra el pasado miércoles viene con un pan bajo el brazo: su puesta en marcha conlleva 1.000 millones de euros en el desarrollo de la infraestructura.
Según apuntan fuentes conocedoras de la operación, Cobra no busca la explotación de la mayoría de los 1.550 MW de potencia que se llevó. La constructora ha estado negociando en las semanas previas a la subasta con promotores de parques solares para llegar a un acuerdo por el que la filial de ACS construye la obra y el proyecto vuelve al inversor para su posterior explotación. Construcción de un proyecto llave en mano. O comprar, construir y vender. Florentino se mueve como pez en el agua en estos términos.
Así, detrás de la macroadjudicación de ACS en la última subasta hay negociaciones con terceros, provistos del suelo y los permisos previos necesarios antes de que el parque sea una realidad. En ese punto es donde entra en juego la filial de Florentino Pérez especializada en el desarrollo de infraestructuras. Su principal interés es asegurarse el negocio constructor de los parques solares. Con esta maniobra, el Grupo ACS está en disposición de acometer instalaciones valoradas en el mercado en torno a los 1.000 millones de euros (alrededor de 700.000 euros por megawatio fotovoltaico), dado el volumen adjudicado. La compañía ha rechazado hacer declaraciones.
De los 1.550 MW obtenidos por Cobra, la filial de ACS solo pretende quedarse con alrededor de 300 MW para su posterior explotación, tal y como destacan fuentes conocedoras de la operación, aunque estas no descartan que, si el mercado está caliente, se busque una venta. Y aunque decidiera no vender, tampoco sería un drama. Cabe destacar que Cobra es el principal accionista de Saeta Yield (25% del capital social), la compañía que engloba los activos de energía renovable del grupo presidido por Florentino Pérez, por lo que el ‘holding’ ya está familiarizado con la energía verde.
Con la jugada diseñada por Florentino, los promotores ganaban muchas posibilidades de acceder a la adjudicación de energía verde. Bajo el paraguas de una gran oferta, aumentaban las posiblidades de que sus proyectos fueran incluidos entre los agraciados. Tras el criterio del máximo descuento y el de las horas de funcionamiento, la subasta daba preferencia a las ofertas más voluminosas.
De hecho, lanzar un órdago a la grande fue lo que permitió a Forestalia arrasar en la subasta de mayo y lo que ha provocado que ACS barra en la puja celebrada esta semana. No obstante, una cláusula confidencial incluida por el Gobierno en la normativa ha permitido la entrada de todos los proyectos que pujaron al límite del reglamento. En principio, el Gobierno anunció la subasta para adjudicar 3.000 MW, igual que en mayo.
Cobra ha tenido que adelantar 93 millones de euros por los avales de los 1.550 MW. La regulación obliga a depositar 60.000 euros por cada megavatio al que se opta en concepto de aval. Este aval se triplicó tras la primera subasta de enero de 2016. El objetivo del Gobierno es asegurarse que los megavatios adjudicados cuentan con el respaldo suficiente que permita que en 2020 los parques estén en funcionamiento, fecha en la que España se ha comprometido con la Comisión Europea a producir un 20% del total de la energía de origen renovable. Además, si no se cumplen una serie de hitos intermedios, el Gobierno tiene derecho a ejecutar el aval.
Sin embargo, expertos en la materia consideran que los contratos llave en mano que se negocian con promotores, conocidos como EPC (Engineering, Procurement and Construction), habrán contemplado por parte de Cobra las garantías suficientes para cubrir estos avales. Las garantías estarían para asegurarseen caso de que los promotores no cumplan con los requisitos administrativos que necesita tener la filial de ACS sobre la mesa para ponerse manos a la obra en el desarrollo de los parques. El tiempo corre en contra de todos. De hecho, una empresa que negoció recientemente con ACS la posibilidad de cerrar un acuerdo se echó para atrás al considerar que las condiciones que le imponía la filial de Florentino Pérez eran demasiado exigentes.
A través de la fotovoltaica, el presidente del Real Madrid abre una nueva vía de negocio en España para su compañía después de varios años con la construcción en mínimos. El sector no le es ajeno y cuenta con el ‘know-how’, como demuestra en sus resultados semestrales presentados este mismo viernes. ACS destaca un contrato de 246,8 millones de euros para la instalación y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas de Santa María y Orejana con una potencia instalada de 166 MW y 125 MW respectivamente en Chihuahua y Sonora (México). Además, cuenta con un proyecto EPC de 196,8 millones de euros para la construcción de la planta fotovoltaica de Matsuzaka (Japón) con una potencia instalada de 100 MW. A su vez, ACS refleja la venta de dos parques eólicos. Florentino prefiere construir a explotar las renovables.
