El Gobierno tiene un problema con Cataluña y Ciudadanos otro con la verdad, pero el primero paga una factura y el segundo la cobra. Los votantes del partido de Rajoy huyen en masa hacia el de Rivera en la creencia de que el Gobierno ha sido débil con el separatismo, y Cs abunda, incluso sobreactuando, en esa acusación que le reporta un palmario beneficio. La apreciación de blandura o de tibieza se basa en la tardanza y falta de convicción con que el Gabinete aplicó el artículo 155. Sin embargo, existen evidencias profusas, en forma de declaraciones, de que los naranjas se opusieron a una actuación más dura y contundente en un principio. Se trata de un hecho objetivo. Como también que el PSOE se negó a incluir a TV3 entre los organismos catalanes intervenidos. La realidad, sepultada por las percepciones relativas de la opinión pública, es que ninguna de las fuerzas constitucionalistas tenía confianza en un mecanismo en cuya activación apreciaban grave riesgo político. Se decidieron al fin parapetadas tras la intervención del Rey, que no dudó en saltar al vacío, y ese aprensivo consenso avaló la natural tendencia pusilánime del marianismo. Tomada la decisión, y aprobada en el Senado, las fuerzas no gobernantes se limitaron a contemplar con limitado entusiasmo la gestión, efectivamente medrosa, del Ejecutivo.

Ocurre que el poder siempre implica una responsabilidad mayor, y ése es el coste que el PP está pagando. Y sucede también que la España de las banderas reclama desde octubre una actitud de firmeza frente al nacionalismo que Cs ha decidido encarnar con una mezcla de perspicacia estratégica y oportunismo táctico. Es la única organización que ha entendido cómo el conflicto catalán representa no sólo un factor clave de decisión electoral, sino la base de un debate esencial en torno al proyecto de Estado. Su crecimiento se debe a esa intuición, paralela al desistimiento conformista del bipartidismo clásico, al que la cuestión catalana le quema en las manos. El declive demoscópico marianista se inició justo al final del pasado verano, cuando la provocación del independentismo presagiaba un clima prerrevolucionario. En ese momento el Gobierno tuvo la oportunidad de tomar la iniciativa para atajarlo pero optó por la espera, como siempre, y en ese compás forjó una imagen ya indeleble de apocado. Perdió de forma inapelable la dichosa partida del «relato», y no la ha remontado gestionando el 155 con la aprensión del que teme pisar un charco.

Tras el rifirrafe de esta semana está en ciernes el próximo desencuentro del centro-derecha. Rivera ya ha comenzado a pedir que la intervención estatal se mantenga si el nuevo presidente soberanista no descarta la secesión de forma tajante y manifiesta. Una demanda efectista cuyo improbable soporte jurídico no le va a impedir situarse a favor de corriente y por encima de cualquier incongruencia.