Nuevamente OKDiario y su director Eduardo Inda se despachan a gusto con el todavía alcalde de Cartagena afirmando que «el alcalde más chulo de España» ha sido imputado por el juez por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones o actividades prohibidas. Hasta el momento, lo único cierto es que José López ha sido llamado a declarar el próximo 2 de julio ante el titular del Juzgado número 5 de Cartagena.
Los hechos denunciados se remontan al momento en el que el ayuntamiento de la trimilenaria ciudad adquirió el Hotel Peninsular. Según fuentes del Equipo Municipal consultadas por La Tribuna del País Vasco, dicha operación urbanística vino obligada por la «recalificación» que el PP realizó en el año 2005, en la época en que era alcaldesa Pilar Barreiro; entonces, se cambió el uso del suelo de todas las parcelas de la manzana que circunda el edificio administrativo de san Miguel a uso público, lo que obliga al ayuntamiento a adquirirlas y al propietario a entregarlas al Ayuntamiento, situación que se ha prolongado durante doce años.
Este periódico se ha puesto en contacto con los antiguos propietarios del hotel quienes han manifestado que «no podían vender su hotel, por su calificación como equipamiento administrativo, existiendo empresas interesadas, y tampoco les salía rentable reformarlo para modernizarlo, dado que estaba prevista esta expropiación forzosa por los usos del suelo».
La rapidez en la adquisición del inmueble viene motivada porque, a mediados de 2016, la nueva corporación municipal logró sacar al Ayuntamiento de la intervención de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda, que tenía desde 2013 y hasta 2022 por la alta deuda municipal contraída por el anterior equipo municipal encabezado por la popular Pilar Barreiro. «Gracias a que nos libramos del plan de ajuste de Hacienda en 2016, el Ministerio permitía al Ayuntamiento aumentar la inversión presupuestaria que antes estaba completamente limitada”, ha manifestado a La Tribuna del País Vasco (un portavoz de la actual alcaldía).
La partida presupuestaria destinada a la adquisición del Hotel Peninsular solo podía destinarse a la compra de bienes, equipamientos o inmuebles, y no a atender ninguna otra necesidad municipal. Además, ese aumento del presupuesto había que ejecutarlo antes del final de 2016, ya que de no hacerlo así pasaría a ser gasto de 2017 y se habría perdido la oportunidad de aumentar la inversión ofrecida por el Ministerio.
El actual equipo de Gobierno consistorial quiso comprar el Cine Central de Cartagena con ese dinero y para ello hizo una oferta al Banco Santander, propietario del inmueble. Casualmente, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Cultura, hizo también una oferta en noviembre por el mismo edificio y el banco resolvió la oferta el 9 de diciembre de 2016, a favor de la Comunidad Autónoma.
Por ello, a finales del mes de diciembre del pasado año, la alcaldía buscó alternativas para acometer la citada inversión y se encuentró con esta expropiación a medias; la expropiación del edificio (de unos 1.000 metros cuadrados) se formalizó por medio millón de euros, a unos 500 euros el metro cuadrado, menos de la mitad del precio del suelo en el centro. La anterior alcaldesa, la popular Barreiro, estuvo a punto de pagar 1,2 millones por el edificio, según diversas informaciones.
El objetivo de todo era el mismo, habilitar un centro cultural en el centro de Cartagena, en la parte “mala” del Casco Antiguo. Se intentó con el Cine Central, y si no se lograba, la idea era comprar el Peninsular para trasladar allí las dependencias municipales situadas en las Escuelas Graduadas (a pocos metros del Cine Central) y liberar ese edificio para el centro cultural. Otro beneficio del Peninsular es la posible instalación en parte de la planta baja del cuartelillo del centro, local que en la actualidad supone un alquiler innecesario para las sufridas arcas municipales.
La valoración fue aceptada por la familia, que podía reclamar un precio muy superior, pero por necesidad aceptó la municipal. Después se hizo el acta de ocupación y pago, unos tres meses después y actualmente se va a adjudicar el contrato para dejar diáfano el interior y seguro, una obra presupuestada en 60.000 euros por el aceptable estado del edificio.
