La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel conocida esta semana solo tiene una respuesta adecuada: la dimisión inmediata del presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy. El interesado hará lo que él mismo decida y los diferentes partidos harán lo que determinen sus ejecutivas, pero es muy importante insistir en que la obligación institucional de Rajoy es presentar la dimisión, porque el sistema político democrático lo exige así. Y no deberíamos contribuir entre todos a su fragilidad, aceptando que el debate discurra por otras sendas ni permitiendo que se enmarañe el asunto principal. Los hechos probados en la sentencia implican al PP en la creación de redes de corrupción política y ponen en duda la verosimilitud del testimonio prestado ante el tribunal por quien ocupa la presidencia del Gobierno. La única respuesta admisible por el sistema es la dimisión y solo después de producirse los partidos podrían barajar las otras hipótesis necesarias.
El presidente del Gobierno debería comprender lo que está poniendo en juego. Ningún gobierno puede ejercer su trabajo en esas condiciones, porque carece de legitimidad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la ley, su primera obligación institucional. No se puede recomponer la situación ni restaurar la integridad del sistema sin que se produzca la dimisión, que es un hecho político. La justicia ha hecho su trabajo y debe seguir haciéndolo, pero no debe recaer sobre ella la responsabilidad de reconstruir el sistema político. Eso pasa por la política. Crear una maraña de discusiones y enfrentamientos sobre este asunto puede terminar suponiendo una imprudencia. Dejen en paz la estructura básica de un sistema político democrático. Exijan el hecho político esencial: la renuncia inmediata de quien no está en condiciones de ejercer ese cargo.
La moción de censura presentada por el PSOE, afirman sus responsables, no es incompatible con esa exigencia, sino que es consecuencia de la misma. La moción decaería en el mismo momento en que el presidente presentara su dimisión, porque está concebida constitucionalmente como un instrumento contra un presidente concreto, alguien que está en ese momento en el ejercicio del cargo. En ese sentido, puede interpretarse como que forma parte de la exigencia de dimisión (y de la convicción de que no va ser atendida por quien estaría obligado políticamente a ello). La petición de una convocatoria de elecciones generales anticipadas, formulada por Ciudadanos, no serviría tan claramente para dejar en evidencia esa obligación y restablecer la salud política.
Es muy probable que Rajoy no sea personalmente, ni mucho menos, el epítome, el compendio, de todos los abusos de corrupción cometidos por el PP. Es posible que haya heredado buena parte de ellos, pero el presidente del PP y del Gobierno tiene que asumir su responsabilidad política, porque el partido en cuya dirección participa desde 1989, es decir desde hace casi 30 años, ha sido condenado por beneficiarse de esas redes y porque sus explicaciones no han sido consideradas verosímiles por un tribunal de justicia.
Rajoy es un político y tiene que estar sometido a las reglas de la política. Es cierto que se trata de un personaje especialmente reacio a cumplirlas: es el único presidente del Gobierno de la historia reciente española (y seguramente europea) que se ha negado a intentar conformar una mayoría parlamentaria, rasgo insólito con el que inició la legislatura. El primero que no ha prestado ninguna atención a las costumbres y hábitos cívicos, que tanto importan en sociedades democráticas. Aun así, este último episodio es el más inexcusable, porque afecta a la raíz de ese sistema de usos y costumbres democráticas: la dimisión de un cargo público que no puede ejercer su función.
FUENTE: ELPAIS
