El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha comenzado a ahondar en otra de las piezas de la trama Lezo en la que se investiga el enriquecimiento ilícito de personas vinculadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En esta parte del procedimiento centrado en las actividades de su hermano, Pablo González, rastrea irregularidades en Mercasa —cuya área de Estrategia y Operaciones controlaba—, y ha detectado que inflaron hasta un 400% los cursos de formación destinados al mercado minorista de Panamá.
El magistrado ha tomado declaración como testigos a varios encargados de los cursos, destinados a ofrecer consejos de manipulación del producto a pescaderos y carniceros y a formarles en el uso de la congelación y la cadena de frío. Según un auto del magistrado al que ha tenido acceso El Confidencial, la trama funcionaba a través de comisionistas o intermediarios locales, a los que nutría con mordidas como regalos o viajes. Las dádivas se descontaban del monto de los contratos.
De la Mata asegura de forma rotunda que «estos sobreprecios y comisiones pudieron haber ido destinados al lucro propio de algunas de las personasintervinientes». Hasta el momento, la investigación alcanzaba los contratos obtenidos en Angola con una empresa perteneciente al Ministerio de Comercio del país africano y la participación del comisionista Guillerme Asugusto de Oliveira Taveira, que llegó a embolsarse a través de varias de sus sociedades hasta 20 millones de euros por servicios muchas veces inexistentes.
De la Mata asegura que «estos sobreprecios y comisiones pudieron haber ido destinados al lucro propio de algunas de las personas intervinientes»
También se extendía a Santo Domingo, en este caso en la construcción de un gran mercado mayorista, pero las pesquisas han comenzado a detectar tramas similares en otros países con los mismos patrones de comportamiento y prácticas contractuales internacionales irregulares.
El juez asegura que existen indicios relacionados con la Mercasa de González en Panamá «en relación con una actividad comercial de formación celebrada con las autoridades de aquel país y que fue conseguida por adjudicación directa». Prosigue su escrito reflejando que estos cursos «habrían conllevadosobrecostes de hasta un 400 por cien» y en ellos habría intervenido una persona identificada como Alain Anguizola, vinculado a la empresa panameña NSI.
El magistrado imputa por estos hechos a una quincena de personas, entre ellas el empresario José Herrero de Egaña y López del Hierro, por delitos de corrupción en las transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Según se desprende del auto, la parte de la investigación más atada en este punto es la vertiente angoleña.
Cinco mercados
La vía detectada en Panamá se vincula directamente con la construcción de cinco mercados en David, Colón, la Chorrera Abastos, la Chorrea Público y Chitré. Mercasa contactó para ello con una empresa dedicada a la formación, que se encargó de ofrecer los cursos, en este caso reales, pero con precio artificialemente engordado, según han confirmado las declaraciones de los testigos que fueron interrogados en la Audiencia Nacional hace unos días.
La empresa ha aportado toda la documentación relacionada con la actividad comercial, destinada a la capacitación de los profesionales y mantenida con la empresa pública Mercasa. Desde el contrato de ejecución, las facturas, medios de pago e importe, el listado de docentes y profesores… Los datos han sido analizados por la policía judicial que ya ha ofrecido sus conclusiones en varios informes.
