El pasado día 27 asistí a la presentación en Madrid del excelente libro “La telaraña: La trama exterior del procés” –Ariel-, escritopor el periodista catalán Juan Pablo Cardenal, un riguroso trabajo de investigación tras haber realizado más de 200 entrevistas en Cataluña, el resto de España y el extranjero. A mí me entrevistó el año pasado cuando fui a Barcelona a presentar mi libro “Cataluña vista desde fuera”. El acto fue presentado por Ignacio Torreblabca y Cayetana Álvarez de Toledo.
El libro describe cómo el separatismo catalán ha construido unlobby político, académico y mediático en el extranjero y cómo las entidades y personas que lo integran han moldeado la opinión pública internacional sobre lo que ocurre en Cataluña, e influido sobre las coberturas periodísticas internacionales de estos sucesos. Y pone de manifiesto la tupida red de instituciones públicas, entidades sociales –como “Omniun Cultural” o la Asamblea Nacional Catalana-, empresas privadas e individuos que impulsan en sus respectivos ámbitos la independencia de Cataluña. Estas instituciones prosperaron al calor de la Administración autonómica gracias a las subvenciones directas o los contratos concedidos por laGeneralitat a cambio de ciertas contrapartidas, el famoso 3% asumido como lo más normal del mundo y que hasta ahora no ha causado perjuicio algunos a sus autores.
La red comprende los medios de comunicación públicos o privados subvencionados por el régimen, el mundo educativo y universitario –especialmente en el extranjero-, los 200.000 funcionarios catalanes en nómina –muchos de ellos designados a dedo por sus convicciones nacionalistas, especialmente en el sector educativo- y los 100.000 proveedores. Todos ellos se benefician del dinero público aportado por los contribuyentes de Cataluña y del resto de España. Estos grupos están dirigidos por entusiastas personas de contrastado pedigrí catalanista, que Cardenal califica de auténticos “monjes guerreros”, dotados de fe y de recursos.
El procés no ha surgdo espontáneamente, sino que ha sido planificado hasta el milímetro durante muchos años, a partir del “Programa 2000” elaborado por Jordi Pujol, ideólogo y principal responsable intelectual de la gradual rebelión institucional de laGeneralitat de Cataluña contra el Estado español: afirmación del “fet diferencial”, catalanización de la sociedad, imposición de una política lingüística de promoción del idioma catalán y abandono del bilingüismo, inmersión escolar y adoctrinamiento, control de les medios de comunicación, intento de integración de los inmigrantes, establecimiento de la estructura de un Estado y construcción nacional. Potenció un nacionalismo exclusivista frente al resto de España, que desembocó necesariamente el el separatismo. Estratificó la sociedad catalana en una suerte de feudalismo del siglo XXI, compuesto por “la aristocracia política, la clerecía funcionarial y el vulgo español”.
El procés activó la telaraña, para lo que no se escatimaron recursos humanos ni financieros. Según el Tribunal de Cuentas, en el período 2011-2017, se gastaron sólo en acción exterior 417 millones de euros, destinados fundamentalmente a impulsar la secesión de Cataluña en el exterior, y dar a conocer, impulsar, fomentar, publicitar y procurar el respaldo internacional del “procés”, a través del Departamento de Acción Exterior, las delegaciones en el extranjero y Diplocat. En vez de impulsar a Cataluña en los diversos ámbitos económico, cultural o social, las delegaciones se dedicaron casi exclusivamente a apoyar el secesionismo y hacer labor de zapa y demolición de la imagen de España, a la que se presenta como escasamente democrática y explotadora y opresora del pueblo catalán.
Además, dedicó especial atención al mundo universitario, regando con subvenciones las universidades, especialmente del mundo anglosajón. Hasta 2017, varias universidades extranjeras de las más prestigiosas han recibido subvenciones del Governpor valor de 5 millones de euros. Gracias a la labor subterránea de profesores catalanes, los independentistas han conseguido controlar entidades financiada por el Gobierno de España o por mecenas españoles, como la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown o la Cátedra de la Fundación Cañadas en la Economics London School..
Cardenal explicó que le movió a escribir el libro la indignación que le produjo la proliferación en los medios de comunicación internacional de noticias sumamente desfavorables sobre España y su Gobierno a raíz de los incidentes del 1-O , basadas en medias verdades, “fake news” y manipulaciones, ante la pasividad y el silencio de las autoridades españolas, que renunciaron con su incomparecencia a contrarrestar las falacias propaladas por los independistas y los medios de comunicación afines y simpatizantes. Esta tormenta sin precedentes se topó con el “dontancredismo” del equipo formado por Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Arriola y Carmen Martínez Castro, que renunció a comparecer ante la opinión pública internacional y defender su relato, para evitar que se internacionalizara el problema, según declaró la Secretaria de Estado de Comunicación al periodista cuando la entrevistó.
A diferencia de la Generalitat -que mimó a los corresponsales y periodistas extranjeros, les dio todo género de facilidades y les permitió tener acceso a las más altas personalidades para recibir sus declaraciones-, el Gobierno Central ignoró a los medios de comunicación. Un miembro de la Secretaría de Estado manifestó a Cardenal que Rajoy odiaba la comunicación y despreciaba a los periodistas, y muestra de ello fue que, nada más llegar al Gobierno en 2011, suprimió la Dirección General de Comunicación Internacional. Y no sólo desatendió el Gobierno a los periodistas, sino también a los diplomáticos acreditados en España. Según me dijo el Ministro Consejero de un país miembro de la UE, el Ministerio de Asuntos Exteriores tan sólo les convocó una vez para un “briefing” y fue para soltarles una bronca por no informar adecuadamente a sus Gobiernos de lo que ocurría en Cataluña. La Generalitat, en cambio, cultivaba al Cuerpo Consular destinado en Barcelona -42 cónsules de carrera y 54 honorarios- y los trataba como si fuera el Cuerpo Diplomático acreditado ante la República Catalana.
Cardenal reconoce que la diplomacia española cumplió con la misión de evitar que ningún Estado reconociera a la flamante República virtual, pero le ha hecho algunas críticas que considero injustificadas. Los diplomáticos cumplieron las instrucciones recibidas del Gobierno –pese a la renuencia del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, enfrentado con la Vicepresidenta del Gobierno, que aspiraba a un mayor protagonismo de la diplomacia -, y no hizo frente a los desafíos de la opinión pública internacional. Esta labor se encomendó en exclusiva a la Secretaria de Estado de Comunicación, que no estuvo a la altura de la circunstancias. Algunos de los Embajadores que trataron de intervenir en este frente fueron llamados al orden -“surtout, pas trop de zèle”-. Los Consejeros de Información en las Embajadas –que dependen de Presidencia de Gobierno- tampoco hicieron gran cosa, pues no recibieron las instrucciones oportunas y los sesudos argumentarios que les llegaban de Madrid eran váidos para la comprensión de los servicios jurídicos de las Cancillerías, pero carecían de “punch” comunicatvo para el pueblo llano, puesestaban enfocados a marcar la estrategia diplomática de las Embajadas, y no como herramientas de comunicación. Se adoptó de una estrategia “equivocada, peligrosa y dañina”, que supuso una auténtico “suicidio” a efectos comunicativos con la opinión pública internacional.
Cuando Alfonso Dastis sustituyó a García Margallo se cambió algo la tónica con la labor encomendada a “Marca España”, aunque ya era demasiado tarde, pues las posiciones ya se habían consolidado y “el pescado estaba todo vendido”. Esta política fue potenciada en la época de Josep Borrell con “España Global”, aunque éste no pudo llevar a cabo todo lo que pretendía por el marcaje a que estaba sometido por la Ministra de Política Territorial, la nacionalista del PSC Meritxell Batet. La actual Ministra de Asuntos Exteriores Arancha González, está lamentablemente desmantelando la estructura montada por su predecesor cuando empezaba a producir resultados, y ha orientado la labor de la Secretaria de Estado hacia la promoción de España en los ámbitos económico y comercial.
Otro de los grandes errores del Gobierno de Rajoy –que siguió el mal ejemplo de anteriores Gobiernos- fue la ausencia del Estado en Cataluña, tanto a nivel institucional como personal. El Presidente del Gobierno no se molestaba en pisar tierra hostil y, cuando no tenía más remedio que hacerlo, no pasaba del Club Ecuestre o del Salón del Automóvil. Como ha comentado José Manuel Cansino, la del barco “Piolín” fue la imagen de la situación cero del Estado en Cataluña. El Gobierno no se atrevió a hacer pedagogía en tierras catalanas, tan necesaria para contrarrestar la “agitprop” independentista, como para alentar a los catalanes no separatistas, que se sentían abandonados por el Estado a justo título. Cuando enviaron a Soraya Sáenz de Santamaría como Virreina de Cataluña para que intentara solucionar el problema, Oriol Junqueras la llevó al huerto y se la pasó de pitón a pitón. La indeseada aplicación del artículo 155 de la Constitución fue un auténtico fiasco, en gran medida por culpa de las reservas del PSOE y de Ciudadanos. Sólo el discurso del Rey Felipe VI del 3-O y la masiva manifestación constitucionalista del 😯 supusieron un esperanzador rayo de luz en las tinieblas catalanas y, sobre todo, mostró a las Cancillerías y a la opinión pública internacional que existía otra Cataluña distinta que pretendía representar en exclusiva el separatismo..
Una de las conclusiones que se dedujeron del debate subsiguiente a la presentación del libro fue que el PSC era uno de los principales responsables de la anómala situación del constitucionalismo en Cataluña, debido a la vampirización del PSOE por su filial catalana. El antiguo militante, Miquel Jiménez, acaba de publicar el libro titulado “PSC, historia de una traición”,en el que describe el nacimiento del partido como una mezcla ideológica entre marxismo y nacionalismo, y en el que cabía percibir un cierto menosprecio por el PSOE nacional. El nacionalismo pesaba en el partido y su objetivo era modernizar la ideología pujolista predominante, pero no sustituirla. Francesc de Carreras dijo que la izquierda había aceptado desde el principio al nacionalismo como una fuerza progresista por la oposición que había ofrecido al franquismo, pasando por alto su carácter supremacista y retrógrado.. El PSC tenía dos almas: la nacionalista, que prevalecía en los dirigentes –de Pasqual Maragall a Miquel Iceta- y la socialista, que predominaba en sus bases, constituida fundamentalmente por charnegos que aspiraban a ser considerados catalanes de primera división. La línea nacionalista, partidaria del derecho a decidir, se impuso no sólo en el seno del partido, sino también a nivel del PSOE nacional, que aceptó sus planteamientos en la Declaración de Barcelona de 2017.
Maragall quiso demostrar que era más nacionalista que nadie y llegó a extremos a los que Pujol no se había atrevido a llegar, como la implantación de la inmersión escolar y la elaboración de un nuevo Estatuto, que suponía un primer paso en el desmantelamiento de la Constitución y un conato de ruptura con España. Tras la moderada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, el Presidente de la Gneralitat, Jose Montilla, lo desautorizó -con su “brillante argumento” de que ningún Tribunal podía juzgar los sentimientos de los catalanes-, lo deslegitimó e inició el pre-proceso de insumisión institucional contra el Estado. La situación se fue degradando poco a poco: adopción de las leyes de desconexión, celebración del referéndum ilegal del 1-O, Declaración unilateral de independencia, aplicación del artículo 155 de la Constitución y disolución del Govern y del Parlament, nuevas elecciones y Gobierno del xenófobo supremacista Joaquim Torra, encarcelamiento de los responsables y huida de Carles Puigdemont, y sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
Y hemos llegado a una situación alarmante tras la constitución del II Gobierno de Pedro Sánchez y la formación de la “Mesa de Diálogo” entre el Gobierno Central y la Generalitat”. Como señaló Álvarez de Toledo, el PSOE ha aceptado plenamente los postulados nacionalistas del PSC y las exigencias de ERC, y se ha situado al margen de la Constitución en Cataluña. El PSC ha dejado de ser un partido constitucionalista y se ha pasado con armas y bagaje al nacionalismo. A juicio de Cardenal, el PSC ha cometido una doble traición: a los socialistas catalanes que se sienten españoles y a una izquierda que no se identifica con el supremacismo y el status privilegiado de la burguesía nacionalista.
La mesa del chantaje
Para lograr que prosperara la moción de censura contra Rajoy y para obtener su investidura, Sánchez, necesitó del concurso de los separatistas catalanes y ahora, para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del Estado que le permitan seguir en el poder, requiere los votos de ERC y de los nacionalistas vascos. Para ello, Sánchez se ha mostrado dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias y, en consecuencia, ha tenido que aceptar la “Mesa Intergubernamental del Diálogo”, calificada de “Mesa del Chantaje” por la dirigente de Ciudadanos, Lorena Roldan, y de “fraude político, embuste legal y desfalco de soberanía”, por el Presidente del PP, Pablo Casado.
Según David Mejía, están incurriendo en responsabilidad por omisión los barones y los dirigentes del PSOE, incapaces de abrir la boca contra el plan de Sánchez de apaciguar al independentismo con nuevas concesiones, traicionando la letra y el espíritu de la Constitución. Sin embargo, el silencio de los pro-hombres socialistas es ominoso. Hasta la Gran Reserva Espiritual del partido, Felipe González, le ha quitado importancia al decir que se trata de una mera “performance” para las elecciones catalanas, y que Sánchez no ha entregado la llave de la gobernabilidad de España a un preso condenado por sedición, y que –si así fuera-, seria culpa de “las fuerzas de la centralidad”(¿?).
En el comunicado final de la sesión de en la Moncloa –con todo el protocolo de una reunión entre los Gobiernos de dos Estados soberanos- se ha dejado constancia de los acuerdos de una “Mesa de diálogo, negociación y acuerdo”, que, curiosamente, no es ninguna de estas tres cosas. Hay que saber con quién se dialoga, cómo se dialoga –negociación- y para qué se dialoga –acuerdo-.
Respecto al quién, el recientemente defenestrado como presidente de Red Eléctrica y ex–Ministro socialista, Jordi Sevilla, ha manifestado con pertinencia que “representantes de la mitad de Cataluña se sientan a hablar con la mitad del resto de España”– En consecuencia, no puede resultar creíble una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña en la que estén ausentes la mitad de representantes de los catalanes constitucionalistas y los de la mitad de los españoles que están en la Oposición. Se dice que se trata de una reunión entre Gobiernos, pero la mitad de los componentes de la delegación catalana no forman parte del Govern y entre ellos se encuentran un condenado por desobediencia e inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un procesado por este Tribunal y tres estrechos colaboradores del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Torra y su Vicepresidente, Pere Aragonés, ya han exigido que formen parte de la mesa el encarcelado Oriol Junqueras y el fugado Puigdemont “¡Jó que tropa!”, que diría el conde de Romanones. Y en la delegación del Gobierno se encuentran tres partidarios del derecho a decidir y un soberanista.
En cuanto al cómo, se dialoga en una mesa que carece de legitimidad alguna por no encontrarse entre las instituciones adecuadas –las Cortes y el Parlament-, y está al margen –cuando no en oposición- de la Constitución. Por imposición de los separatistas, se ha omitido en la convocatoria cualquier referencia a la Constitución, y se ha sustituido por una inocua referencia al “marco de la seguridad jurídica”. Para que al Gobierno no le quepa la menor duda, Elsa Artadi –ninfa Egeria de Puigdemont y antigua portavoz de la Generalitat– ha afirmado que la referencia a la seguridad jurídica no suponía una referencia a la actual Constitución y que los nacionalistas no compartían el criterio del Gobierno de que no se haría nada fuera de la legalidad. Como ha observado Teresa Freixes, se trata de una forma de hacer política que no tiene parangón con el constitucionalismo democrático. No hay seguridad jurídica ni legitimidad democrática en la Mesa. Se consideran inservibles las instituciones existentes y se utilizan otras nuevas carentes de representatividad, que reemplazan a las elegidas democráticamente por el pueblo.
Respecto al para que, resulta obvio que el objeto de la mesa es llegar a un acuerdo que favorezca a los independentistas, aunque no está del todo claro qué es lo que se va a negociar. En toda negociación bilateral se contraponen las demandas de ambas partes. En el lado separatista, sus demandas están bien claras: amnistía o indulto para los político condenados, celebración de un referéndum de autodeterminación y eventual independencia de Cataluña. ¿Qué pide el Gobierno en contrapartida? No parece que vaya a presentar demandas tales como la igualdad de trato a todos los catalanes, el respeto a las leyes y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, el derecho de los estudiantes a ser escolarizados en la lengua oficial de su elección, o el fin del adoctrinamiento escolar y de la bunkerización nacionalista de las universidades. La única pretensión del Gobierno es mantener a Sánchez en la Moncloa al precio que sea. Por otra parte, los acuerdos que se pudieran alcanzar no serían vinculantes para nadie, porque derivarían de una institución que carece del marco competencial para obligar.
Conclusiones del libro
Cardenal llega a unas conclusiones más bien pesimistas al término de su interesante obra. Ha señalado que, si bien podemos culpar al nacionalismo que derivó en separatismo de todo lo que queramos, porque no deja de ser un movimiento de tintes totalitarios que quiere homogeneizar a una sociedad plural, los principales responsables del lío en que estamos “hay que buscarlo sobre todo en el constitucionalismo”. Fueron las distintas instituciones del Estado que tenían la obligación de haber enfrentado el problema y de haber puesto pie en pared. ”Los principales responsables fueron todos los Gobiernos centrales, desde Felipe González a Pedro Sánchez, sin distinción ideológica”.
No comparto del todo estos radicales asertos. Es cierto que todos los Gobiernos de la democracia, desde Adolfo Suárez, requirieron al apoyo de los partidos nacionalistas cuando no tenía mayoría suficiente para gobernar y éstos pasaron la correspondiente factura, pero, incluso cuando el PSOE o el PP gobernaron con mayoría absoluta, siguieron haciendo concesiones a los nacionalistas aun cuando ya no necesitaran su voto para gobernar. El PSOE se entregó al PSC y éste al nacionalismo, cometiendo una “traición estratégica”. Como ha señalado Federico Jiménez Losantos, la izquierda dobló la rodilla ante el nacionalismo, al que no combatió para mantener los equilibrios internos. El Tribunal Constitucional tumbó la LOAPA y marcó a la Generalitat la pauta sobre la autonomía con su interpretación del artículo 149 de la Constitución de forma tal que permitió la existencia de competencias compartidas y concurrentes y, al fallar en favor de no limitar el desarrollo competencias de las Autonomías, provocó un debilitamiento del Estado.
A su vez el PP, tras el Pacto del Majestic en 1996, se rindió a la avidez competencial de Jordi Pujol. José María Aznar le entregó la cabeza de Alejo Vidal-Quadras en bandeja de plata, le transfirió las competencias en materia penitenciaria, desactivó la Alta Inspección Educativa del Estado e impidió que el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez Miranda, presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Política Lingüística. Las concesiones a los nacionalistas nunca les satisficieron, antes al contrario. Como su objetivo final era lograr la independencia, la reforma del Estatuto de 2005 suponía a voladura del Estado de las Autonomías, y el rechazo parcial del Tribunal Constitucional le sirvió de coartada para impulsar abiertamente la independencia.
El cordón sanitario que el PSC y el PSOE establecieron contra el PP en el Pacto del Tinell en 2003 y las críticas al Tribunal Constitucional por su sentencia de 2010 sobre el Estatuto supusieron la adscripción definitiva del socialismo al régimen nacionalista- Causa estupor –afirma Cardenal- que, después de dos referéndums ilegales, de la aprobación de las leyes de desconexión, de una declaración unilateral de independencia, del incendio de las calles de Barcelona y de la absoluta rebelión de la Generalitat, parece que el Estado no ha aprendido la lección, y sigue sin querer utilizar en Cataluña las herramientas que aún tiene para hacer frente a la secesión y para construir un relato internacional. Pedro Sánchez ha cerrado desesperadamente su investidura con los partidos que tienen como fin último la voladura de España.
Es cierto que los Gobiernos centrales han sido co-responsables de la situación que se ha impuesto en Cataluña, pero de ahí a decir que son los principales responsables de ello hay un largo paso que no me parece correcto dar. Los principales responsables del proceso de insumisión institucional de laGeneralitat y del Partlament son, sin duda alguna, los partidos políticos separatistas catalanes y las fuerzas económica y sociales que los apoyan.
Actualmente, en la trinchera independentista el rumbo está claramente marcado. El “procés” les ha salido relativamente gratis a la Generalitat y a sus miembros golpistas, pues siguen en el poder hasta nueva orden gracias al voto bonificado de la Cataluña rural, y una minoría sigue atropellando a una mayoría sin que el Estado haga nada por impedir que la telaraña siga extendiéndose. A corto-medio plazo, se avecina un nuevo “round” europeo de la mano de Puigdemont y Cia en Bruselas. A medio-largo plazo, sólo tienen que esperar el tic-tac demográfico para limpiar el censo y conseguir la ansiada mayoría social que precipite la independencia “de iure” o “de facto”. Y, si todo va mal para ellos, está garantizada la consolidación de las posiciones de privilegio de los independentistas y de desigualdad para los que no lo son.
Cardenal concluye su libro afirmando que resultan manifiestas las conexiones existentes entre las diversas unidades de laGeneralitat y de Diplocat con las instituciones e individuos que en España y en el extranjero forman parte de la “telaraña del`procés”,una maquinaria sofisticada cuyo fin ha sido promocionar la secesión ilegal, gracias a una generosa financiación pública, con un dinero que se detrae de cobertura de las auténticas necesidades ciudadanas, particularmente reprochables en unos años de recortes en educación, sanidad y otros gastos sociales. Una auditoría de todo lo gastado por laGeneralitat para promover la secesión de Cataluña elevaría la cifra a varios miles de millones de euros en los últimos años. El independentismo sigue tejiendo su telaraña a la espera de que se presente otra oportunidad, pues sus líderes ya han dicho sin el menor recato que “lo volverán a hacer”. El Gobierno no debería bajar la guardia porque la telaraña del secesionismo sigue intacta y el golpe continúa.
