Beatriz García Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International, a través de la que, según la juez que instruye la Operación Erial, se canalizó un soborno de 6,4 millones de euros para Eduardo Zaplana.

 La sobrina del espía que ayudó a Luis Roldán a fugarse de España ha explicado a EL MUNDO, a través de fuentes de su entorno, que el dinero que pasó por esa sociedad era propiedad de la familia Cotino y que fue enviado al Gran Ducado con la explicación de que «procedía de un holding familiar e iba a ser invertido en negocios de cemento y promociones inmobiliarias en España». García Paesa reconoce que «Vicente Cotino acudía a las juntas de la compañía», pero niega conocer a Zaplana. «Nunca he hablado con él», asegura.

 

La sobrina del espía Francisco Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International a través de la que se canalizó la supuesta comisión de 6,4 millones de euros que ha llevado a prisión al ex presidente valenciano.
 

 Beatriz García Paesa, que fue investigada por dar cobertura con sus empresas a su tío, que ayudó a fugarse al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, fue hasta su liquidación en 2011 la gestora de esta compañía. A través de la misma, según la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, se instrumentó hace 12 años el supuesto soborno millonario pagado por la familia Cotino a Zaplana a cambio de la adjudicación de ITV’s y de parques eólicos desde la Generalitat.
 
EL MUNDO se puso este viernes en contacto con el entorno de García Paesa, que admitió su presencia en la compañía «desde finales de 2001». No en vano así figura en la documentación oficial del registro mercantil de Luxemburgo a la que ha tenido acceso este periódico. En los archivos de esta plataforma de inversión aparece como integrante del Consejo de Administración junto al domicilio de sus oficinas, ubicadas en el número 5 de Boulevard Royal.

Radicada en el Gran Ducado como gran asesora financiera las mismas fuentes subrayan que García Paesa «ni tuvo poder en las cuentas ni movió nunca los fondos». Apuntan a que simplemente accedió a ocupar el cargo de administradora ya que los propietarios del dinero eran españoles, concretamente «los miembros de la familia Cotino», que argumentaron ante la sociedad que el dinero «procedía de un holding familiar que tenía inversiones en cemento y quería llevar a cabo promociones inmobiliarias en España».
 

No obstante, la instructora del bautizado como caso Erial considera que el dinero transferido a Imison International tiene como origen realmente un soborno cuyo beneficiario último era el ex alto cargo popular.

 

Así, la magistrada señala que «existen indicios de la relación» de Zaplana «con el cobro de una serie de comisiones aparentemente desembolsadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa, propiedad de los Cotino, en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunidad valenciana, ambas licitadas en el periodo temporal en el que fue presidente de la Generalitat valenciana» y canalizadas a través de la referida entidad luxemburguesa.

 

A su vez añade la magistrada que «existen indicios de su relación en términos de posesión con determinada documentación que trata aspectos de las licitaciones y adjudicaciones, así como una serie de operaciones societarias vinculadas a las anteriores».
 
En ellas, prosigue la juez en el auto mediante el que envió a prisión al ex presidente valenciano, «aparecen reflejadas diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas a los hechos pasados y futuros descritos en ellos y apareciendo descrita con cierto grado de detalle la operativa seguida en relación a Imison International, aparentemente instrumentalizada para el pago de la comisión».
 
Estos fondos, señala la instructora, «fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006». También apunta el auto que «con respecto a los fondos retornados se ha evidenciado a lo largo de la investigación cómo, de forma contemporánea a la salida de fondos de Luxemburgo, se habrían estado produciendo una serie de movimientos solitarios (constitución de empresas, cambios de titularidad, etcétera)».»Un análisis conjunto parece indicar que tuvieran el propósito finalista de posibilitar el retorno de estos fondos y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios finales», subraya.

 

En esta operativa de retorno de fondos la juez implica también a las sociedades Medlevante, Turnis Silvatica y Gesdesarrollos Integrales, entre otras. «Siendo de especial interés», prosigue el auto judicial, «el hecho de que todas las personas intervinientes en este proceso de creación y posterior administración que alcanza hasta la actualidad se encontrarían personalmente vinculadas con Eduardo Zaplana», concluye en su última resolución la instructora de la Operación Erial.
 
 
 

 

 

FUENTE: ELMUNDO