Al final, hubo un plan y hubo también un gran fraude. La Audiencia provincial de Sevilla enmendó ayer la plana a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía -que limitaron el caso de los ERE fraudulentos a «cuatro golfos»- asestando un duro varapalo a la corrupción de una década de gobierno del PSOE en la comunidad.

Y todo al dar por válido que el Ejecutivo regional, con Manuel Chaves, a la cabeza impulsó un sistema inadecuado para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis; un procedimiento en el que la agilidad se logró a costa de «eliminar los mecanismos de control legalmente establecidos». Chaves es condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras que para quien fuera su consejero de Hacienda y luego sucesor, José Antonio Griñán, la condena es a seis años de prisión por un delito continuado de malversación y 15 de inhabilitación.

Abogados y altos cargos esperaban una sentencia dura, pero tal vez no tanto, por lo que anuncian que habrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que retrasará su ingreso en prisión hasta que la sentencia sea firme.

Núcleo duro

La justicia ha sido implacable y condena a 19 de los 21 encausados, 10 de ellos con penas de prisión por delitos de malversación continuada. Es el caso del núcleo duro de la Consejería de Empleo, con los exconsejeros Antonio Fernández o José Antonio Viera, y los exdirectores de Trabajo como Javier Guerrero y sus sucesores, que afrontan condenas de entre ocho y seis años de prisión y hasta 19 de inhabilitación, y de quienes fueron responsables de las áreas de Hacienda o Innovación, como los exconsejeros Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo.

Los nueve imputados que se libran de la cárcel son el propio Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y los cargos intermedios como exsecretarios generales técnicos de Empleo o el director general de Presupuestos, a los que se impone una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. Tanto el exinterventor como el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta han sido absueltos.

 

Fuente: El Correo