Oriol Pujol abandonó la cárcel de Brians el pasado 29 de marzo. Había ingresado el 17 de enero tras ser condenado a dos años y medio de prisión por el caso de las ITV, pero la recién creada Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat ratificó la concesión del tercer grado penitenciario aprobado por la Junta de Tratamiento de la cárcel a mediados de marzo.
De esta manera, el tercer hijo de Jordi Pujol permanece en régimen abierto, es decir, debe pasar la noche en un módulo destinado a los presos puestos en libertad y permanecer en el mismo ocho horas al día. Los fines de semana puede pasarlos en su domicilio.
Pasados diez días, la Fiscalía recurrió la decisión “para no dar sensación de impunidad”. “Nos encontramos ante la minimización de actos delictivos muy graves cometidos por un político que, además, ostentaba el cargo de diputado del Parlament”, rezaba el escrito del fiscal.
Según ha podido saber Confidencial Digital, este asunto ha provocado el surgimiento de un ambiente de malestar en la Fiscalía, “casi de guerra civil”, según las fuentes consultadas.
ECD ha podido saber por fuentes del Ministerio Público que hubo “división de opiniones” sobre la actitud a adoptar ante el tercer grado de Oriol Pujol: la de recurrir la decisión con un escrito “contundente” o hacerlo de una manera más plana. Finalmente se optó por una solución intermedia.
En este sentido, las mismas fuentes añaden que con Oriol Pujol, se han desempolvado casos anteriores en los que “el Ministerio Fiscal pudo haber jugado un mejor papel distanciándose de la política”.
Señalan que “se está suscitando un debate sobre hasta qué punto la actualidad política debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones”, dando por hecho que “no influye, pero se tiene en cuenta para no alterar el clima social”.
A día de hoy, las posiciones de unos y otros se mantienen, “pero la cuestión sigue en pie y seguirá saliendo en los siguientes casos”, vaticinan las fuentes consultadas.
