Las asociaciones de víctimas de ETA parecían ser el mayor apoyo del nuevo PP. Casado, de hecho, se hizo valer de Dignidad y Justicia para atacar a Santamaría con el fantasma de ETA durante las primarias que elegían al sucesor de Mariano Rajoy. Unas primarias en las que el nuevo presidente del PP —entonces aspirante— puso sus esfuerzos en dejar claro que se opondría a cualquier política penitenciaria de acercamiento de presos.
Pero, no fueron simples promesas electorales, en tanto que desde que se hizo con los mandos del Partido Popular se ha reafirmado varias veces en su postura, ya sea en declaraciones a los medios o a través de su cuenta de Twitter. Ayer mismo, en un homenaje a las víctimas del atentado de 2002 de Santa Pola, declaró que «no caben ni acercamiento de presos ni beneficios a los terroristas que no se han arrepentido».
Unas palabras que no se ha cansado de repetir: «El PP no va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras», comentaba a la prensa entre los pitos y abucheos de varios ciudadanos vascos presentes. «No cabe un beneficio a asesinos que no han tenido la decencia» de ayudar a esclarecer los 300 atentados, añadía.
Sin embargo, la realidad política que Casado defiende en materia de terrorismo parece haberse vuelto en su contra. Después de que Instituciones Penitenciarias confirmase el acercamiento de dos presos de ETA a Basauri, todos los focos apuntaban a un nuevo alineamiento discursivo entre el PP y las principales asociaciones de víctimas. Pero no ha sido así.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco) ha sido la primera en posicionarse y presentar su distanciamiento respecto al PP al calificar el acercamiento de los dos reclusos como una medida «absolutamente legal» y «totalmente ajustada al derecho».
«El PP es el primero que ya tenía pactados con el PNV los acercamientos —de presos de ETA— y la transferencia de prisiones. Ahora si quiere hacer política de oposición, que la haga», añadía Ordóñez.
En declariaciones a LaSexta, Ordóñez señaló directamente al Partido Popular y a Ciudadanos que, a su juicio, se «equivocan» al decir que el traslado de los dos presos responde a un pago del gobierno de Sánchez con el nacionalismo vasco.
Las palabras de la presidenta de Covite no han sido las únicas en evidenciar la soledad del PP en su férrea oposición al acercamiento de presos. El consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera, se sumo a las palabras de Ordóñez al decir que la medida anuncia por Instituciones Penitenciarias «cumple con los requisitos establecidos por la ley».
Aunque en este caso, la AVT recalcó que se trata de un caso «muy particular» y que está en contra de «cualquier tipo de acercamiento».
Tampoco pueden pasar desapercibidas las críticas de María Jáuregui, hija del socialista asesinado por ETA Juan María Jáuregui, que ha pedido al PP que «no haga demagogia» y deje de hablar en nombre de las víctimas del terrorismo para «sacar rédito electoral.
«Creo en la reinserción y creo que hay que dar una oportunidad a las personas», zanjaba la víctima de ETA en una entrevista para la Cadena SER.
Enfermos y mayores, serán los primeros trasladados
El acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o a los lugares de residencia de sus familias se comenzará por los internos enfermos y por los mayores de 70 años, según precisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversaciones informales con los periodistas en el Congreso.
De los 228 presos de ETA que actualmente están en prisión -aunque cuatro de ellos fueron expulsados por la banda-, están enfermos entre 11 y 20 y una cifra similar es la de los mayores de 70 años, según el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
