La Cámara de Cuentas de Andalucía señala en su última auditoría del sector público local andaluz que hay 1.602 entidades activas en el último censo, de 2016, pese a las recomendaciones de la Ley de Racionalización del Sector Público, que obliga a reformas para aligerar este gigante.
Según los datos oficiales, de las ocho diputaciones, 778 ayuntamientos, 67 mancomunidades y 40 entidades locales autónomas andaluzas dependen un total de 709 entidades instrumentales. Son fundaciones, consorcios, entidades públicas y sociedades mercantiles que conforman un gigante que sigue sin reducirse conforme a las recomendaciones. El año analizado se cuenta la supresión de 22 entes instrumentales en toda Andalucía. Se dieron de alta 11 y se suprimieron 33.
De las ocho diputaciones andaluzas dependen un total de 80 entidades: 24 organismos autónomos, 18 sociedades mercantiles, 34 consorcios y cuatro fundaciones sin ánimo de lucro. No se ofrecen datos de cuánto personal suman estas entidades locales. Otro dato llamativo en este informe apunta que de las 390 sociedades mercantiles que dependen del sector local solo envían sus números de forma transparente 133, el 34%, aunque todas tienen obligación de formular y remitir sus cuentas anuales.
Las ocho diputaciones andaluzas suman un total de 80 entidades, y solo la mitad de las sociedades mercantiles muestra sus cuentas anuales
Entre las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas destaca el bajo índice de cumplimiento de la obligación de los ayuntamientos de rendir cuentas ante este órgano. Menos de la mitad, el 47%, cumplió con su obligación. Y solo el 31% lo hizo dentro del plazo estipulado.
Andalucía, a la cola de España
“Andalucía es la comunidad autónoma con el índice de rendición más bajo de toda España”, apunta este informe de fiscalización. La Cámara de Cuentas considera especialmente significativo lo que ocurre en la provincia de Cádiz, donde los ayuntamientos de mayor población (Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda) incumplen con su obligación de remitir sus cuentas. Insiste además en que los incumplimientos en este ámbito son reiterados y los señalan año tras año sin que se tomen medidas.
Ante esta situación, el organismo auditor, que vuelve a reclamar una reforma legal que le dé competencias para poder imponer multas y sanciones coercitivas, ha actuado en esta ocasión de la mano del Tribunal de Cuentas. Se han dirigido a un total de 22 ayuntamientos andaluces que tenían pendiente la rendición de cuentas desde 2013, hace cinco años.
Los señalados con alarma roja son Garrucha (Almería), Huércal-Overa (Almería), Algodonales (Cádiz), Arcos de la Frontera (Cádiz), Barbate (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Medina Sidonia (Cádiz), Prado Rey (Cádiz), Puerto Real (Cádiz), Almuñécar (Granada), Atarfe (Granada), Salobreña (Granada), Isla Cristina (Huelva), Vélez Málaga (Málaga), Carmona (Sevilla), Écija (Sevilla), El Cuervo de Sevilla (Sevilla), Isla Mayor (Sevilla), La Algaba (Sevilla), Mairena del Alcor (Sevilla) y Montellano (Sevilla).
De las entidades a las que se les hizo el requerimiento, únicamente seis han enviado todas las cuentas. Y cinco no han rendido ninguna de las cuentas requeridas: Algodonales, Barbate, Carmona, El Puerto de Santa María y Puerto Real, mientras que los 11 restantes han enviado al menos una de las cuatro cuentas requeridas.
Reformas legales
“Para todos los ayuntamientos que continúan sin atender a los requerimientos, se continuará con el procedimiento previsto para la imposición de multas coercitivas”, advierte el organismo andaluz, que ha pedido auxilio al Tribunal de Cuentas. El informe insiste en la necesidad de “llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, a la efectiva rendición de la cuenta general”.
Son 22 los alcaldes andaluces que han recibido un aviso del Tribunal de Cuentas para que remitan sus cuentas, y algunos no lo hacen desde 2013
Por último, la Cámara de Cuentas advierte de que las entidades locales “han de iniciar la liquidación de aquellas entidades instrumentales deficitarias y sin actividad, y culminar los procesos de disolución de las sociedades en liquidación”.
