El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado que el Gobierno de Susana Díaz se saltó la ley para favorecer a Matsa, empresa de Aguas Teñidas SA donde trabaja, como directora del área Legal y de Relaciones Institucionales, Paula Chaves Iborra, hija de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta imputado por el multimillonario fraude de los ERE.
El Gobierno de Susana Díaz concedió los derechos de investigación, previos a la explotación, a Matsa en Paymogo y Puebla de Guzmán (Huelva) en abril de 2014.
De esta forma Matsa fue beneficiada en una zona donde se lleva la gran mayoría de contratos en detrimento de otras compañías mineras.
Una de estas empresas llevó a la Junta ante un tribunal por favorecer a la empresa donde trabaja la hija del ex presidente y ahora el TSJA le da la razón.
Según la sentencia, que desvela EL MUNDO, la Junta valoró de forma ‘arbitraria’ las ofertas presentadas por las compañías ‘favoreciendo’ a Matsa.
De hecho el tribunal establece que la Junta añadió criterios de valoración a posteriori no incluidos en las bases de la adjudicación del concurso dando puntos extra a Matsa.La Junta valoró un porcentaje que Matsa gastaría en material medioambiental y un mayor conocimiento geológico, electromagnético y minero de la zona por tener otras minas concedidas en la zona, parámetros que estaban en la base del concurso de forma general y sin detallar.
Esta no es la primera vez que Matsa sale beneficiada por la Junta. Ya en 2009, Manuel Chaves otorgó, justo antes de dimitir, un incentivo de 12 millones de euros declarados ilegales por la Intervención y que la Junta tuvo que reclamar posteriormente.
Chaves no se inhibió en esta concesión siendo su hija la que aceptó la subvención en representación de Matsa. Posteriormente, Jose Antonio Griñán no quiso expedientar a Chaves aunque recibiera la orden del TSJA que posteriormente fue revocada por el Supremo negando al Partido Popular andaluz la posibilidad para exigir al Gobierno autonómico que se sancionara a los miembros de la Junta que se saltaran la legislación anticorrupción.
Este revés al Gobierno de Susana Díaz se suma a los ocho ex altos cargos y funcionarios de la Junta imputados por la adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar, donde ocurrió el mayor desastre mediambiental de España, al grupo de empresas que causó el mayor desastre medioambiental de México.
FUENTE: DIGITALSEVILLA