La lista de la vergüenza

No es preciso subrayar que en la Región de Murcia estamos soportando el mayor escándalo de su historia autonómica. No por el montante de cualquier otro de los saqueos tan habituales que suelen quedar impunes (caso desaladora de Escombreras, por citar el ejemplo más reciente), sino por la desvergüenza con que las autoridades políticas se comportan en un momento tan delicado para la salud pública del conjunto de la población, con una media de veinte muertes diarias en la tercera ola. El hecho de que los miembros de la estructura administrativa del sistema sanitario murciano se hayan apresurado a inyectarse las vacunas antes y durante el proceso de atención a los sectores prioritarios determinados en los razonables protocolos legales carece de calificación en los anales de la vida política, por muy inmunizados que estemos ya ante el desenvolvimiento de esta aristocracia cutre que nos gobierna.

que todo ciudadano esté sometido a imposiciones extraordinarias con pena de graves sanciones mientras los administradores de la cosa pública se saltan las descripciones precisas de los decretos gubernamentales para aprovechar a su favor personal la disposición de un bien escaso con los pretextos más peregrinos. Las excusas caen en saco roto, pues no toda la estructura autonómica del frente anticovid ha sido vacunada (Política Social, Imas, etc) ni ha ocurrido lo mismo en ninguna otra Comunidad de España, de modo que el protocolo nacional de vacunación ha tenido en la Región una lectura particularísima no convalidable con la interpretación general. Nada hay, en Murcia ni en el resto del país, que avale el apresuramiento de los políticos y sus entornos para asistirse antes que a nadie.

Hemos disfrutado de episodios tan chuscos como que desde el SMS se desautorizara la vacunación impropia de la alcaldesa de Molina, Esther Clavero, cuando quienes lo hacían ya se habían vacunado también indebidamente. ¿Qué autoridad puede tener quien pierde la autoridad? Un amigo mío al que multó la Guardia Civil de carretera en los tiempos en que su entonces director general, Luis Roldán, andaba huido replicó al inocente agente con la siguiente frase: «Que venga tu jefe a explicarme que hay que cumplir la ley». En la Región de Murcia estamos exactamente en ese escenario.

No obstante, lo más grave de lo que ocurre es que está en marcha un proceso de autoexculpación que pretende reinterpretar el decreto de administración ordenada de las vacunas, exponiendo frente a su letra y a su espíritu razones que en él no se contemplan. Desde el Gobierno murciano y sus voceros se aportan razonamientos que intentan justificar la lógica de que los políticos y sus equipos se debieran vacunar en primera instancia. No quieren darse cuenta de que sus elucubraciones coinciden con las del ciudadano corriente que a su vez observa contradicciones en las propias normas que dicta la Administración regional. Que nos parezca mejor o peor la última decisión gubernamental, central o autonómica, acerca de la crisis sanitaria no autoriza a alguien a burlarla. Si esto es así para los ciudadanos, que distinguen muy bien en general entre su opinión particular y la normativa oficial, más debería ser entendido por un Gobierno autonómico que representa en Murcia al Estado.

No se trata de decidir lo que sería lógico desde un punto de vista particular sino de lo que es legal en la obligación de los poderes públicos para hacerlo acatar. Claro que de un Gobierno regional que ha presumido de que esquivará con subterfugios paralegales la Ley Celaá no cabe suponer que sea más disciplinado en la lealtad al Estado de lo que han sido Puigdemont o Torra, pues para las personalidades extremadamente ideologizadas el Estado no es el Estado sino lo que ellas piensan que es el Estado. Y a partir de ahí, barra libre. O sea, el protocolo de vacunación es interpretable. Pero solo lo es en la Región de Murcia más por unos cuantos alcaldes con mucha jeta a lo largo del territorio nacional. Con la grave diferencia de que el caso de los alcaldes aprovechateguis es una sucesión de casos personales mientras en la Región de Murcia el asunto adquiere la condición de rebelión institucional.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, más o menos desaparecido en estos últimos días, anda algo perdido también en el capítulo de la exposición argumental. Por un lado, debiéramos aplaudirle que destituyera a su consejero de Salud, el vacunado Villegas, pero por otro parece que lamenta haberlo hecho, lo cual nos sume en la perplejidad. De un lado, esa decisión es expuesta como una muestra de ejemplaridad, pero por otro pareciera que fuera una injusticia ejercida por el propio que lo ha destituido, o sea, él mismo. Pobrecito López Miras que ha destituido a alguien que se lo merecía, pero que a la vez no se lo merecía. A ver cómo conjugamos ejemplaridad con injusticia y le damos validez. Un concepto filosófico nuevo que haría resucitar a Aristoteles.

Pero hay asuntos más elementales a los que López Miras tendría alcance. Por ejemplo, publicar la lista de los altos cargos que se han vacunado por la cara. Nadie se explica que el presidente se escude en la Ley de Protección de Datos para evitar ofrecer una información de interés público que en nada compromete la intimidad de las personas, pues la vacunación contra el covid es un proceso general, que afecta al millón y medio de murcianos. Al revés, lo relevante es conocer si alguien ha abusado, desde posición prevalente, de lo que constituye un derecho general. Si todos hemos de ser vacunados ¿que inconveniente habría en publicar la cadencia en que el proceso se va produciendo?

Los allegados a López Miras intentan justificar que la vacunación de altos cargos, contra la explícita normativa, es cosa que pertenece a la lógica, lo cual hace abundar en la sospecha que deriva de la ocultación, incluso respecto al propio presidente. Bien sabemos, según los expertos, que hay un capítulo denominado ´vacunados no registrados’, en el que se inscribirían aquellos que hubieran aprovechado los ´culitos’ de las dosis de Pfizer (iniciales cálculos restrictivos de la dosis de cada una de los frascos), que habrían servido para administrar las vacunas a algunas de las autoridades políticas, lo que permitiría a éstas negar que ha sido vacunadas al no estar registradas.

Un Gobierno en que entre sus consejeros hay una titular de Transparencia (paradójicamente la consejera más oculta de todo el entramado político) no debiera permitir, por su propio interés, la legítima especulación que se deduce de su opacidad. De hecho, los escritos que desde el Gobierno se emiten de manera reservada como consignas para los altos cargos contienen párrafos como este: «Ahora le toca al Gobierno central mandarnos más vacunas y así permitirnos que vacunemos a los mayores de 80 años. En cada intervención pública que tengamos debemos decir esto». La típica cortina para establecer una ´idea-fuerza’, siempre contra el Gobierno central, que contrarreste el escándalo público de que antes de que se vacunen los mayores de 80 años lo han hecho los altos cargos de Salud y los oficinistas con quienes éstos tienen contacto a diario.

Es todavía más expresivo el mensaje que desde el Gobierno del PP envían a los suyos acerca de las casas de juego, algunas de cuyas más importantes empresas pasan en el imaginario público por ser financiadoras del PP a la vista de ciertos vínculos muy visibles entre exaltos cargos de la Administración derivados al staff de alguna de ellas. En un contexto en que incluso el socio Ciudadanos ha mostrado su estupefacción por el hecho de que el cierre de la hostelería haya dejado abiertos los casinos y salones de juegos, quienes elaboran las consignas del PP han remitido un documento en el que indican que estos locales han de cumplir estrictas medidas para impedir los contagios, «como son la limitación de aforos, asegurar la distancia de seguridad y la higiene de las manos», precauciones elementales que parecen dictadas, no por el PP, sino por el servicio de seguridad de estos salones.

Lo grave, en este contexto, es que en el SMS se está produciendo un efecto reflejo de defensa ante lo que sus dirigentes y empleados consideran un ataque a su gestión, que valoran como excelente por el hecho de que la fuerte incidencia de la tercera ola no haya colapsado las UCIS, y derivan la decisión de la vacunación de los altos cargos de Sanidad a la dirección general de Salud Pública, lo que supone un signo más acerca de la escasa armonía interna del equipo de la consejería, con el agravante de que ya no está aquí Villegas para armonizarlo. De hecho, esta misma semana, algún representante de los sectores de las residencias de ancianos excusó su asistencia a las reuniones de coordinación con el pretexto de que la provisionalidad en el equipo de Sanidad impedía tomar decisiones a medio plazo, lo que cabe interpretar como un gesto crítico a la ´culpabilización’ del SMS en el ´caso vacunas’.

Aparte de la evidente sinvergonzonería del Gobierno al ocultar la lista de vacunados, la Administración sanitaria asoma problemas de fondo que podrían ponernos los pelos de punta. Y de eso no nos va a proteger ni la Guardia Civil.