Los agentes advierten que el acuerdo de equiparación de Interior “no permite aumentar la cifra pactada”

 

El acuerdo del Ministerio del Interior “contradice toda posibilidad de aumentar la cifra de 807 millones de euros destinados a la equiparación salarial si con la misma no se satisface la diferencia entre las Fuerzas de Seguridad del Estado en comparación con las Policías Autonómicas”.

Así lo ha denunciado la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que ha advertido que el acuerdo “es meridianamente claro” al expresar que se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta.

A continuación, el texto firmado por sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones de la Guardia Civil e Interior recoge que “dicha Consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la consultora”. Esta aclaración preocupa a los agentes porque, tal y como relata IGC, “no asegura que si se acredita que la cantidad resulta insuficiente para lograr esa equiparación el Gobierno vaya a disponer una nueva partida presupuestaria adicional”.

La asociación interpreta, añade, que la consultora propuesta por la Administración “tendrá como objetivo garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta y que se harán las correcciones tras analizar puesto a puesto y una vez finalizado el trabajo de la consultora”.

“Las correcciones se harán tras el análisis puesto a puesto de guardias civiles y policías, pero ello no significa que se vaya a estudiar si la cantidad presupuestada es inferior a la necesaria, pues ya dice que lo que se pretende es garantizar que con esa cantidad de 807 millones de euros se ha logrado la equiparación salarial total y absoluta, por lo que las correcciones entre unos puestos de trabajo y otros lo serían siempre teniendo en cuenta esa cantidad, sin posibilidad de variarla”, han explicado desde IGC.

También han detectado “un error de cómputo para la asignación del año 2020”. Y es que, teniendo en cuenta que a los 247 millones de euros dispuestos ese año para la equiparación se suman 100 para personal en Reserva Activa y 110 millones más por el acuerdo de la función pública para todos los funcionarios, por lo que la cantidad resultante es 457 millones de euros. Sin embargo, en el acuerdo se cifra en 447 millones, es decir, 10 millones menos.

“Este error debe ser objeto de subsanación, entre otros motivos para evitar suspicacias sobre el uso de esa nada despreciable cantidad económica”, advierten.

Por otra parte, tanto IGC como Alternativa Sindical de Policía (ASP) tienen formulada una demanda de protección de derechos fundamentales ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo porque durante el procedimiento de negociación, y antes de darse por concluido el mismo, fueron excluidos de la continuación de las negociaciones y tuvieron que abandonar la reunión a requerimiento del secretario de Estado, José Antonio Nieto.

Sí el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo admite la demanda y, tras dar traslado al Ministerio Fiscal, se dicta sentencia reconociendo la vulneración de los derechos fundamentales de sindicación, el acuerdo de equiparación sería anulado a partir de ese momento y hasta su finalización. “Por tanto, no tendría consecuencias en su aplicación a los guardias civiles y policías, pero sí que dejaría en entredicho la actuación del Ministerio del Interior y tendría consecuencias en el prestigio de los órganos de Gobierno”, han afirmado los agentes, a la vez que añaden que, “aunque no se admita la demanda, ello no dejaría de poner en evidencia la actuación del secretario de Estado, que ya de por sí ha tenido un efecto negativo en la consideración de guardias civiles y policías”.

 

 

 

 

 

FUENTE: GACETA