Enésimo giro en esa montaña rusa de sobresaltos en la que se ha convertido el caso ERE durante sus siete años de instrucción. Un mes antes de que losexpresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentaran en el banquillo por el sistema de reparto discrecional de fondos, la Junta de Andalucía presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como acusación particular en esta macrocausa penal.
En el escrito de 56 páginas elevado al TC, los letrados de la Administración denuncian que se «están cercenando» sus derechos como parte para ejercer la acusación contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por la gestión de más de 160 ayudas irregulares para pólizas de prejubilación y subvenciones directas a empresas durante una década (2001/2010).
Los abogados Ignacio Carrasco y María Victoria Gálvez consideran el debate jurídico planteado con su recurso como «radicalmente novedoso». Pero aún más relevante es que por primera vez la Junta de Andalucía cataloga los hechos como «delitos de corrupción», hecho que no ha pasado desapercibido para el PP andaluz, que ejerce como acusación en el proceso.
Atrás quedan los eufemismos empleados por los dirigentes socialistas cuando se descubrió el fraude, que calificaron como «irregularidades» o «discordancias administrativas», en alusión a los intrusos incluidos en ERE subvencionados de empresas donde no habían trabajado.
División del caso
La Junta se rebela así contra el auto dictado el 8 de agosto pasado por la Audiencia de Sevilla que, tras admitir el recurso presentado por Fernández, concluye que éste debe ser juzgado una sola vez, por el sistema ilegal de reparto de fondos (al igual que Chaves y Griñán), y no por cada una de las ayudas en las que participó. El problema radica en la Junta de Andalucía ya no podrá acusarlo de nada porque, motu proprio, decidió retirarse como acusación cuando solicitó el sobreseimiento de la pieza por la que son juzgados los expresidentes autonómicos y otros 20 ex altos cargos más, incluido el exconsejero al que quiere acusar.
Se da la paradoja de que la principal «víctima» del proceso —como califica a la Junta sus letrados— no va a poder perseguir los delitos de quienes habrían saqueado supuestamente las arcas públicas, como consecuencia de una división del caso en piezas que todas las instancias judiciales celebraron, incluida la Junta de Andalucía, con la excepción de las defensas y la juez Mercedes Alaya.
La Administración cree que los hechos que se le imputan a Fernández por una ayuda a la empresa Calderinox no están «contemplados» en la pieza denominada procedimiento específico. La Junta pidió exculpar a los 22 acusados en esta causa al entender que no hubo un plan preconcebido de la cúpula del Gobierno para eliminar el control de la Intervención y permitir así el reparto arbitrario de ayudas.
Período vacacional
En el escrito presentado a mediados de noviembre ante el TC, los letrados reconocen incluso que algunos delitos van a quedar impunes. Entre los motivos que esgrimen para justificar que se vulneró su derecho constitucional a una tutela judicial, está que el auto se dictó«en período vacacional», a pesar de que el mes de agosto se estableció como hábil para agilizar esta macrocausa.
«Se veda así el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir tales hechos y, como consecuencia, quedan los mismos impunes a pesar de que, indiciariamente, habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta», afirma el recurso.
Haciéndose eco de este escrito, el vicesecretario de Sectores Productivos del PP andaluz, Pablo Venzal, denunció este domingo que la «estrategia» de la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para «proteger sus intereses personales y electorales» puede «derivar en impunidad de delitos, en la prescripción y en la pérdida de cientos de millones que no serán reclamados».
Venzal recordó así que esta semana se volverá a ver la imagen de dos expresidentes de la Junta sentados en el banquillo de los acusados, mientras Susana Díaz «sigue preocupada sólo por su imagen».
El juicio por la pieza política del caso de los ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se reanuda mañana con la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas.
FUENTE: ABC
