Ramón Luis Valcárcel tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. El político que durante cuatro legislaturas consecutivas le dio las mayores victorias electorales al Partido Popular en la Región de Murcia, será juzgado por el ‘caso La Sal’. O dicho de otra manera, por el contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras donde se produjo un supuesto perjuicio a las arcas públicas de 74 millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral, a través de un auto contra el que no cabe recurso. De manera que Ramón Luis Valcárcel, el que fue presidente de la Región de Murcia de 1995 a 2014, será juzgado por los delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras -ubicada en Cartagena-.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita 11 años y medio de prisión para Valcárcel, así como 20 años de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte, la acusación popular eleva la petición de cárcel a 15 años, por los delitos de fraude y malversación, mientras que solicita 15 años de inhabilitación y una multa para el expresidente murciano, equivalente al séxtuple del dinero supuestamente defraudado.

Valcárcel deberá responder por la desaladora de Escombreras que se empezó a gestar en el año 2005, tras la constitución del Ente Público del Agua (EPA) por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma que presidía. A partir de ese momento, se orquestó supuestamente la construcción de una planta desaladora para no depender exclusivamente de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La planta desaladora fue construida por Hydromanagement, una mercantil que agrupa a varias empresas, y posteriormente, la Comunidad Autónoma adquirió parte del accionariado de las instalaciones. Este es el punto clave del ‘caso La Sal’ y del famoso perjudicio a las arcas públicas por importe de 74 millones de euros.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Comunidad Autónoma, personada en la causa como actor civil, consideran que el proyecto se podría haber ejecutado siguiendo otra fórmula y que el erario público resultó supuestamente dañado con la compra de las citadas acciones:

«La diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa, y los cauces por los que ha discurrido, con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada, cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros».

El auto de la magistrada donde acuerda la apertura del juicio oral, también resuelve las medidas cautelares que afectan a los bienes de las personas que eventualmente podrían ser declaradas como responsables civiles. En ese sentido, en la parte dispositiva, se requiere al expresidente de Murcia para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. En caso de que no aporte esa suma, se decretará el embargo de sus bienes en la cantidad correspondiente.

Fuente: El Español