La magistrada acaba la instrucción del caso de presunta corrupción urbanística con el archivo de las imputaciones que recaían sobre un exconcejal de Cartagena y varios funcionarios regionales y municipales, así como sobre la hija y el cuñado del expresidente Valcárcel

 

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, ha dictado un auto en el que acuerda el procesamiento de los exconsejeros de la Comunidad Autónoma Antonio Cerdá (Agricultura), Francisco Marqués (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Ordenación de Territorio), por el ‘caso Novo Carthago‘ de presunta corrupción urbanística. En su resolución, comunicada este lunes a las partes, la juez da por concluida la investigación, que ha durado varios años, y da el paso previo para la apertura del juicio oral por presuntas irregularidades en el proyecto de la promotora Hansa Urbana. También ordena la continuación del procedimiento contra los citados exconsejeros de los Gobiernos regionales de Ramón Luis Valcárcel, del PP, por un presunto delito de prevaricación. En el caso de Marqués también le atribuye un presunto delito de cohecho. Asímismo, incoa procedimiento abreviado para otros funcionarios y exaltos cargos: Carlos Brugarolas, Antonio Alvarado, José María Rodenas, Luis Manuel Romera, Manuel Alfonso Guerrero y María Antonieta Fernández. En este último caso le atribuye prevaricación, cohecho y/o blanqueo de capitales. En cuanto al presidente de Hansa Urbana, la promotora de 10.000 viviendas a orillas del Mar Menor, en el paraje cartagenero de San Ginés de la Jara, considera que puede haber un delito de cohecho y que la responsabilidad civil recaería sobre Hansa.

De la misma forma, la juez archiva las diligencias respecto al exconcejal de Urbanismo de Cartagena Agustín Guillén, al Ayuntamiento de Cartagena y a los funcionarios Mónica Lavia, Pascual Lozano, José María Bernabé, y María Reyes Sánchez. También sobresee la causa con respecto a la hija del expresidente Valcárcel Rosario Valcárcel, y a su cuñado Juan Francisco Cruz, y también al exportavoz del PSOE en las Cortes Valencianas y asesor de Hansa, Ángel Luna, así como a Fulgencio Peral, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anunció este lunes la conclusión de las diligencias previas del conocido como ‘caso Novo Carthago’. En estas actuaciones se investigaban posibles irregularidades cometidas por distintos funcionarios públicos en relación al proyecto urbanístico Novo Carthago, que consistía en la construcción por parte de la entidad Hansa Urbana, de un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el (PGOU) Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena como de Especial Protección Mar Menor (NUPM) y donde una parte de los terrenos estaban calificados como LIC, ZEPA y ZEPIN y otra parte como No Urbanizable de Protección del Trasvase (NUPT).

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

El auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.

 

 

Salen a subasta once fincas del fallido proyecto de Lo Poyo por 4 millones de euros

 

 

Los emblemáticos terrenos de Lo Poyo, junto al Mar Menor, buscan nuevos dueños. La Diputación de Guipúzcoa sacará a subasta el próximo día 31 once fincas en esta zona, situada en Cartagena, algunas de ellas colindantes con la laguna, por un importe de 4.025.779 euros. Según informa el ‘Diario Vasco’, esta es una de las mayores pujas convocada por la Diputación de Guipúzcoa en los últimos años, que, sin duda, despertará el interés del empresariado agrícola por las posibilidades que ofrece el terreno.

La finca estuvo en el punto de mira cuando se proyectó una urbanización de 5.000 viviendas y varios campos de golf sobre unos terrenos que adquirió la antigua Kutxa, la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián. Un proyecto que despertó rechazo en la sociedad y generó numerosas protestas en la zona. Debido a la polémica suscitada y a la necesidad de preservar los valores naturales, el Gobierno regional tuvo que paralizar el proyecto en octubre de 2006. Al mismo tiempo, la Fiscalía archivó unas diligencias informativas por presunto tráfico de influencias. Los terrenos colindantes se recalificaron para promover la urbanización de Novo Carthago en el año 2002, ahora bajo investigación judicial, por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que sumaban 567 hectáreas. Ambos planes urbanísticos quedaron atrás, y Lo Poyo prosiguió con la actividad agrícola.

El expediente de esta subasta es con diferencia el de mayor cuantía y el que arrastra una historia más enrevesada. Se trata del último fleco de la operación inmobiliaria emprendida en 2004 por Kutxa en Cartagena, a través de los empresarios vascos Javier Arteche, Luis María Maya y Agustín Aguirre -Grupo Yeregui- para desarrollar un megaproyecto turístico junto al Mar Menor.

La puja despertará, sin duda, interés en el sector agrícola por las posibilidades de la zona Es el último fleco de la operación inmobiliaria que la antigua Kutxa realizó en Cartagena

La iniciativa no llegó a buen puerto. El proyecto naufragó porque se basaba en la premisa de que los terrenos iban a ser recalificados, pero este trámite no recibió el respaldo de la Asamblea Regional, dado que el plan no se ajustaba a los requerimientos medioambientales. La controversia, además, subió de tono porque el fiscal jefe de Murcia abrió diligencias informativas tras una denuncia presentada por el PSOE por un supuesto delito de tráfico de influencias. Los socialistas sospechaban que los compradores de Lo Poyo podían tener garantías de su recalificación al haber pagado una cantidad muy elevada por terrenos no urbanizables.

Roca hizo de intermediario

La decisión de la Asamblea Regional dejó sin efecto una inversión de 219 millones de euros para construir 5.000 viviendas y campos de golf. Kutxa invirtió 110 millones a través del Grupo Yeregui en la compra de la finca de Lo Poyo (510 hectáreas de suelo rústico). Para más inri, la operación fue investigada por el juez de la ‘Operación Malaya’, dado que el cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, admitió haber cobrado comisiones tras ejercer de intermediario. La polémica surgida al respecto llevó a Kutxa a segregar su participación en las sociedades que compartía con los tres empresarios citados.

La entidad financiera, consultada esta semana sobre si mantiene propiedades en las fincas de Lo Poyo, aseguró que los terrenos «se vendieron», sin precisar el balance de una operación que, a buen seguro, provocaría un considerable agujero en su arcas. Hay que tener en cuenta que pagó una cantidad elevada por unos terrenos con la expectativa de una recalificación que no se produjo.

Además de este plan urbanístico en Cartagena, Kutxa participó en otro, también fallido, en el municipio de Águilas, en el que invirtió 100 millones de euros. En La Zerrichera, enclavada parcialmente en una zona protegida por la UE, también se iba a levantar una megaurbanización destinada al ocio. Las instituciones murcianas no dieron el ‘placet’, alegando el nocivo impacto en el entorno natural.

También en La Zerrichera

En agosto de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Región desestimó el recurso de la caja, que reclamaba 100 millones de euros al Gobierno regional por cambiar la normativa urbanística en La Zerrichera. El cambio de la normativa dio al traste con un macroproyecto gestado en 2005 y que contemplaba la construcción de 3.000 viviendas, un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, todo ello sobre una superficie de 250 hectáreas.

Respecto a la situación de este último proyecto, Kutxabank responde que «el terreno de la operación en Águilas sigue en nuestro balance, saneado en su mayoría».

El derrumbe de la operación urbanística de Cartagena todavía provoca réplicas, aunque en este caso no afectan directamente a la entidad financiera. La Hacienda guipuzcoana ha instruido un expediente administrativo de apremio contra Lagilur -denominación anterior de Yeregui Desarrollo SL- «por deudas garantizadas ante esta Hacienda foral con garantía consistente en hipoteca inmobiliaria unilateral de fincas propiedad de terceros».

El departamento de Hacienda, consultado sobre el montante de la deuda, señaló que no podía aportar esta información por motivos de «confidencialidad». Por tanto, no es posible saber si la subasta de las once fincas de Cartagena que sirvieron como aval, y que saldrán a puja conjuntamente por 4.025.779 euros, cubrirá la deuda o no de los socios iniciales de Kutxa en el megaproyecto turístico con vistas al Mar Menor.

 

 

FUENTE: LAVERDAD