La juez amplía la causa por las inundaciones y los vertidos agrícolas al sur del Mar Menor

Mientras la juez Miriam Marín se prepara en el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia para activar la macrocausa por la contaminación del Mar Menor, a raíz de la querella de la Fiscalía contra empresas agrícolas y administraciones públicas, otra juez ha ampliado en Cartagena la causa abierta en 2016 contra diecisiete mercantiles por el arrastre de vertidos agrícolas y las inundaciones en urbanizaciones y playas del sur de la laguna.

María Pascual, encargada del que podría llamarse ‘caso Mar Menor 1’ titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, ha acordado tomar declaración como testigos a siete personas. Cinco de ellas son excargos políticos o funcionarios de la Comunidad Autónoma, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y del ayuntamiento cartagenero.

El fiscal achaca las inundaciones ocurridas en Mar de Cristal, Playa Honda y Los Nietos de 2011 a 2015 a la transformación de terrenos para cultivos de regadío -hortalizas y frutas- sin autorización, incluida la alteración de pendientes y el desvío de ramblas. Y atribuye a los imputados cuatro presuntos delitos: contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico y de usurpación de aguas.

En un auto fechado el 28 de noviembre, y al que ha accedido ‘La Verdad’, la magistrada acepta la solicitud de dos propietarios de viviendas en el área de Mar de Cristal, que ejercen la acusación particular, para interrogar a Joaquín Griñán. Este fue director general del Agua de la Comunidad, puesto que ocupó en marzo de 2012, sustituyendo en este cargo de la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca a Miguel Ángel Ródenas, actual presidente de la CHS.

La juez entiende que su testimonio «puede arrojar luz sobre la existencia o no de autorización para las obras de canalización denunciadas, así como para la construcción de embalses y otras infraestructuras que afecten a obras que, en su día, fueron de su competencia y sus efectos medioambientales». Alude, así, a las instalaciones empleadas para el riego y para la evacuación de aguas en fincas destinadas a la agricultura intensiva en el entorno de la laguna y en el Parque Regional de Calblanque.

La magistrada, que recibió una denuncia de la Fiscalía contra mercantiles que tienen alquiladas tierras para fines agrícolas o que explotan aquellas como arrendatarias, ve justificado también que declare el excomisario de Aguas de la Confederación José Carlos Martínez. Coincide con los vecinos, a quienes representa el abogado Eduardo Salazar, en que se debe «dilucidar la disponibilidad o no de agua en los terrenos objeto de la presente investigación y la existencia de expedientes sancionadores al respecto».

También será llamado a declarar, previsiblemente en el primer trimestre de este año, el comisario adjunto de la CHS, Rogelio Bravo, por la «cuestión de la existencia de derechos de agua en los terrenos de Calblanque» en favor de la empresa Juanjor.

De igual forma, recibirán notificaciones quien fue subdirector general de Carreteras en la Administración regional, Luis García, a propósito de «las inundaciones de Mar de Cristal, la autorización de las canalizaciones y en qué consistieron los contactos con los responsables de la ejecución del canal de drenaje»; y dos técnicos de la CHS, respecto a la autoría de esos canales.

Un representante de la Comunidad de Regantes Arco Sur deberá responder a las dudas sobre «la existencia o no de suministro de agua a los terrenos»; «la solicitud de consolidación de regadíos para las respectivas parcelas»; y un expediente sancionador de la CHS en abril de 2015 por infracción de la ley de Aguas, al haberse «modificado presuntamente el perímetro de riego» para siete parcelas del paraje de Los Garridos.

También deberán acudir al Palacio de Justicia M. J. C. M., copropietaria de terrenos en regadío en el Parque de Calblanque; así como Pedro García, como técnico inspector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena.

Dieciocho meses más

García, quien no ha sido citado como director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) sino por su empleo municipal, del que está en excedencia, realizó un informe y abrió un expediente sancionador a Juanjor por movimientos de tierra en Mar de Cristal. La juez quiere que indique si ve compatibles los cultivos con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Calblanque, «a la vista del contenido de las actas y demás documental de las Juntas Rectoras del Parque Regional».

La magistrada no se queda ahí, sino que también librará un oficio para que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, remita el informe que, por petición de la Fiscalía, realizó acerca de «la evolución de las transformaciones en los terrenos desde los años 2010-2011», junto con los planos. La juez del ‘Mar Menor 1’ decretó, asimismo, el 29 de noviembre la prórroga de la investigación en otros 18 meses (ya fijó un plazo de año y medio al iniciar el procedimiento), al considerar que la causa es de especial complejidad. Así, el caso exige la práctica de numerosas diligencias, «el examen de abundante documentación» y decidir sobre «gran cantidad de investigados y de presuntas víctimas».

La instructora rechaza, sin embargo, la pretensión de la acusación particular [también actúa como tal la Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Manga y Cabo de Palos] de ampliar la denuncia contra World Fruit Company SL y ANS Inversiones Mediterráneo SL. Entiende que el supuesto delito de fraude de subvenciones a la Unión Europea y a la Comunidad, desde 2012 a 2015, debería ser en todo caso objeto de una «denuncia independiente». La acusación ha presentado ya un recurso ante la juez y, si es rechazado, acudirá a la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Los vecinos aseguran que esas firmas conocían que «hace más de diez años» los terrenos « eran cultivos de secano y no se habían transformado aún ni existían canales ni infraestructuras»; y, sin embargo, «a lo largo de estos años, esas personas «han participado de diversas formas, como propietarios y arrendadores/explotadores en los hechos investigados» en Cartagena.

Ayudas para el regadío

En septiembre, las dos empresas rechazaron ya públicamente, frente a lo sostenido por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, que ejerce la acusación popular, haber recibido 23,3 millones de euros de ayudas públicas. Aseguraron que la cantidad máxima percibida en los últimos cinco años fue de 194.472,12 euros; que todo se hizo respetando la legalidad; y que los terrenos que compraron llevaban ya más de 30 años dedicados al regadío y con infraestructuras para ello.