Chile: el golpe del Papa para salvar a una Iglesia en crisis

 
Francisco no evadió las dificultades. Ni negó la crisis, como sí hicieron algunos otros eclesiásticos de alto nivel. Decidió afrontar sin ambages el escándalo, y aceptó haber incurrido en «graves equivocaciones de valoración». Se refería al caso de Juan Barros, que él mismo designó como obispo de Osorno en enero de 2015. Aquel nombramiento abrió una grieta en el conjunto de la sociedad chilena que se manifestó, con especial dramatismo, en su reciente visita apostólica al país sudamericano (del 15 al 18 de enero).

Ese obispo fue el pupilo predilecto de Fernando Karadima Fariña, un sacerdote que durante años condicionó con su poder las estructuras eclesiásticas del país. Lo hizo desde su rol como párroco en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el acomodado barrio El Bosque de Santiago, y desde el vértice de la Pía Unión Sacerdotal. En 2011 la Santa Sede lo declaró culpable de abusos y lo condenó al retiro. Benedicto XVI, entonces Papa, actuó en medio de resistencias y grandes polémicas.

Luego vino Francisco. Cuando él decidió trasladar a Barros del obispado militar a la pequeña diócesis de Osorno se desató un conflicto sin precedentes, con virulentos cruces mediáticos y actos públicos de repudio. Tanto las víctimas como un aguerrido grupo de fieles osorninos le acusaron reiteradamente de complicidad con Karadima y encubrimiento de los abusos. Exigieron su cese. Y provocaron un ríspido debate nacional.

Pero el Papa no dio marcha atrás en la designación, pese a las recomendaciones de algunos clérigos chilenos. Estaba convencido de la inocencia de Barros, quien le había presentado su renuncia voluntaria en dos ocasiones. Pero los juicios del Pontífice carecían de «información veraz y equilibrada». Él mismo lo ha reconocido en la carta enviada a los obispos chilenos reunidos en Asamblea Plenaria el 8 de abril pasado. Una falta de datos objetivos que llevaron al Papa a caer en percepciones erradas de la situación global.

Un demoledor documento de 2.300 páginas

En diversas ocasiones, Francisco rechazó las acusaciones contra el pastor de Osorno. En Iquique, durante su viaje a Chile, habló del tema con rudeza, denotando cierto fastidio. Por eso, la carta en la cual reconoce su equivocación representó el más dramático golpe de timón de su pontificado. No solo por la franqueza descarnada con la que fue escrita, sino porque constata –en los hechos– que la crisis de la Iglesia chilena va más allá del caso Barros. Tan enraizado estaba el problema que, para descubrir la verdad, el Papa debió recurrir a un gran experto en materia de abusos: Charles Scicluna.

Le encomendó a él y a su ayudante, el sacerdote español Jordi Bertomeu, conducir una investigación a fondo. En febrero, ambos viajaron primero a Estados Unidos y después a Santiago, donde recopilaron 64 testimonios. Horas y horas de relatos, no solo de las víctimas, también de sacerdotes, obispos, fieles y personas informadas. Escucharon todas las voces «desde el corazón y con humildad».

A su regreso a Roma, redactaron un documento de 2.300 páginas que le entregaron directamente al Papa. «Cuando me dieron el informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro país contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia», reveló Bergoglio en su misiva a los obispos chilenos.

«Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza», añadía.

Ante los hechos, crudos e inexorables, el Papa optó por asumir su responsabilidad. No repartió culpas, ni levantó el dedo acusador contra otros. Ni siquiera contra aquellos que debieron informarle y no lo hicieron, por incapacidad o mala fe. «Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente, en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas», abundó.

Además, anticipó que será necesario tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, «con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia». Decisiones que no tomará él en soledad, sino que tocan a los obispos del lugar. Por eso los ha convocado a Roma para un diálogo. Un encuentro «fraternal», «sin prejuicios ni ideas preconcebidas».

Para ello, los exhorta a prepararse «con magnanimidad», para que ese encuentro sea fructífero y se traduzca en hechos concretos. «Quizás incluso también sería oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración. Ahora más que nunca no podemos volver a caer en la tentación de la verborrea o de quedarnos en los universales».

Una Iglesia en «emergencia espiritual»

La carta fue una sacudida de escala mundial. Con reacciones inmediatas. En una nota, la Conferencia Episcopal Chilena aseguró sumarse al «dolor» y a la «vergüenza» del Papa porque, «a pesar de las acciones realizadas estos años, no hemos logrado que las heridas de los abusos sanaran en los corazones de muchas víctimas y siguen siendo una llaga abierta en el corazón de la Iglesia en Chile».

Los obispos reconocen en la intervención de Francisco «un camino concreto» para, juntos, «ayudar a sanar y reparar las heridas». «Queremos hacernos cargo de los errores que nos correspondan y corregirlos, de tal forma que la Iglesia sea, cada vez más, un ambiente sano y seguro para niños, niñas y jóvenes», aseguran. Y solicitan a las comunidades que apoyen con su oración, porque «las víctimas han de ser el primer motivo de nuestra plegaria y reparación».

Los 32 obispos chilenos, incluido Juan Barros, viajarán al Vaticano en la tercera semana de mayo. Pero antes, el Papa tendrá la oportunidad de escuchar de viva voz los testimonios del caso. Los días 28 y 29 de abril estarán en Roma Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Víctimas de los abusos de Karadima, ellos serán recibidos en la Casa Santa Marta, la residencia papal. Primero cada uno por separado y, luego, todos juntos.

«Reconocemos el gesto del Papa», declararon, apenas conocieron la carta de Francisco. «El daño cometido por la jerarquía de la Iglesia chilena, a la que se refiere el Papa, ha afectado a muchas personas y no solo a nosotros. El sentido de todas nuestras acciones siempre ha apuntado al reconocimiento, el perdón y la reparación por lo que se ha sufrido, y así seguirá siendo, hasta que la tolerancia cero frente al abuso y el encubrimiento en la Iglesia se haga realidad», agregan.

Las víctimas han cuestionado, una y otra vez, el rol del cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, arzobispo de Santiago entre 1998 y 2008. Miembro del llamado C9, el consejo de cardenales asesores del Pontífice, tras la carta, se apresuró a defenderse de las acusaciones advirtiendo a la prensa chilena que su tarea «no consiste en informar al Papa sobre las dificultades, los posibles errores y males que afectan a la Iglesia en todos los países». Ya lo había hecho algunas semanas atrás, en un escrito enviado con motivo de la más reciente asamblea de la Pontificia Comisión para América Latina. En ambos mensajes, rechazó toda responsabilidad e indicó culpas en otros actores de la Iglesia, como la propia Conferencia Episcopal.

Por lo pronto, como refirió el portavoz de la Santa Sede Greg Burke, con su carta Francisco ha declarado en «emergencia espiritual» a la Iglesia católica en Chile. Palabras que hacen intuir la entidad de la crisis, y la urgencia de afrontar un largo camino de purificación. Doloroso pero necesario.