En estos momentos, los pagos mensuales de las pensiones se financian prácticamente con lo que se ingresa en el mes por cotizaciones de trabajadores. Pero estos recursos no son suficientes para costear las pagas extra. En junio y diciembre, la nómina mensual se duplica. Pasa de un desembolso que ronda los 8.800 millones de euros hasta los 17.470 millones que se gastarán este diciembre. Para esas mensualidades no basta con lo que se recauda de las cotizaciones. Así que el Gobierno tiene que buscar fondos adicionales para financiarla. Al igual que sucedió en junio, esta vez se ha optado por combinar dos fuentes de financiación: una es sustraer más dinero de la hucha de las pensiones. Y la otra es tomar parte del crédito financiado a cargo de los Presupuestos, un préstamo que no devenga intereses y que tiene que devolverse en diez años a partir de 2018.
La buena noticia consiste en que las necesidades de financiación de la Seguridad Social se reducen, interrumpiendo una racha alcista que comenzó en 2012. Solo en 2015 descendió puntualmente porque se dispuso de los remanentes que tenían las mutuas por valor de 2.777 millones. Pero desde que en 2011 empezó el desfase entre gastos e ingresos, la cifra que hay que financiar ha ido en aumento. El año pasado se necesitaron 20.136 millones. Sin embargo, este año se han empleado 17.292 millones, un 14% menos, esto es: una mejora de 2.844 millones. Si se compara con los 10.496 millones que se cogió en diciembre del año pasado, la necesidad baja un 25%. El Ministerio de Empleo sostiene que esta mejora se debe a que los ingresos están subiendo sustancialmente. Hasta el punto de que, según Empleo, este año la Seguridad Social podría cerrar con una recaudación récord.
Sin reforma del sistema, más deuda
Sin embargo, ya queda muy poco del Fondo de Reserva. Apenas lo suficiente como para afrontar otra paga extra. Aunque siga bajando el déficit, el Gobierno tendrá que continuar recurriendo a préstamos a menos que se reforme el sistema. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ingenió este préstamo para evitarse los titulares de que se acababa la hucha de las pensiones. En el fondo, no reviste tanta importancia agotar el Fondo de Reserva, ya que la deuda se contabiliza en términos netos, es decir, activos menos pasivos. Cada vez que se saca dinero de la hucha de las pensiones, el endeudamiento público sube porque se deja de tener un activo. O lo que es lo mismo, aumenta igual que si se toma prestado. La ventaja del fondo es que genera rentabilidades y permite financiarse a coste bajo cuando los mercados exigen tipos altos por sus préstamos. Pero ese no es ahora el caso en un entorno de tipos de interés ultrabajos. En la práctica, se ha estado todo el tiempo financiando el déficit de las pensiones a golpe de deuda.
Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aterrizó en la Moncloa, se han extraído 74.437 millones de euros del Fondo de Reserva. Entre 2000 y 2010, gracias al superávit de la Seguridad Social, se aportaron a la hucha 52.113 millones, a los que hay que sumar 28.932 millones por los rendimientos que esos recursos, invertidos en deuda pública, han generado. En el mejor momento se registraron 66.815 millones. Ahora solo restan 8.095 millones a precio de adquisición ó 8.084 millones valorados a precios de mercado.
Este desplome de las cantidades guardadas en la hucha es producto de un déficit entre ingresos y gastos que se inició en 2011 y que ha engordado todos los años. En 2016 alcanzó un máximo de 18.701 millones, el 1,67% del PIB. Según se desprende de la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, este año podría ser el primero en el que este déficit no aumenta en relación al PIB. Probablemente se quede a cierre del ejercicio justo en el 1,6%. Aunque en euros probablemente suba algo pese a la recaudación récord.
A finales de 2017, el agujero de las pensiones representará aproximadamente la mitad de todo el déficit del Estado y será el principal reto presupuestario que haya que abordar. Máxime cuando en los próximos años se empezará a jubilar la generación del baby boom, presionando todavía más al alza sobre los gastos. Reunidos en el Pacto de Toledo, los partidos políticos y agentes sociales tienen la misión de acordar una reforma que, entre otras cosas, busque ingresos adicionales.
