La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido este jueves un informe en el que se opone a la reapertura del sumario sobre los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid después de la declaración del comisario jubilado José Manuel Villarejo el pasado 28 de marzo ante el juez Manuel García-Castellón. El ministerio público considera que el testimonio de Villarejo, actualmente en prisión por el macrosumario Tándem, sobre sus negocios al amparo de las cloacas del Ministerio del Interior, carece de precisión y verosimilitud y se basa en juicios de valor y en una mera recopilación de informaciones periodísticas, según fuentes fiscales.
Dentro de su estrategia de defensa, Villarejo ha tratado de vincular el supuesto pinchazo y monitorización de 4.000 teléfonos por encargo del BBVA, en 2004 y 2005, en plena ofensiva de la constructora Sacyr para hacerse con el control de la entidad, con la investigación de los atentados terroristas, que causaron 192 muertos.En su informe, la Fiscalía detalla que las supuestas “revelaciones” sobre los ataques yihadistas a los trenes de Cercanías de Madrid que presentó Villarejo en un escrito de 15 páginas presentado al juzgado el pasado 27 de febrero, no son sino datos que ya figuraban en la sentencia del 11-M. El policía jubilado incorporó al escrito otros datos que fueron investigados y que acabaron siendo archivados. En aquel documento, Villarejo hablaba de la supuesta autoría intelectual de los servicios secretos franceses y marroquíes en los atentados.
Entre otras ideas, el comisario jubilado sostenía que Francia puso la inteligencia, Marruecos los terroristas y España los explosivos. Según su teoría, el material que hizo volar los trenes primero y después el piso de Leganés donde se ocultaba parte de la célula, procedía de un arsenal de la Guardia Civil al que se recurría para sorprender a terroristas con intención de atentar, justo cuando estuvieran a punto de hacerlo.
En su última declaración ante el juez García-Castellón, Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama mafiosa policial, admitió que tuvo acceso al contenido de un teléfono móvil que incluía datos personales y políticos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y sostuvo que había en marcha una «una investigación policial» en la que él se limitó a «vehiculizar» hacia sus superiores los datos sobre el dirigente de la formación de izquierdas.
