La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este jueves que se archive la causa que investiga a la exsenadora del PP Pilar Barreiro dentro de la trama Púnica.
Con esta petición, el Supremo reitera sus intenciones pues, en el pasado mes de marzo, ya solicitó el sobreseimiento provisional de la causa por supuesta corrupción contra esta expopular. Consideran que no existen las pruebas suficientes o que no está “debidamente justificada» la creencia de que haya cometido delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Barreiro se dio de baja del PP el pasado 23 de marzo. Según explicó, no quería “perjudicar al partido” al que siempre ha “sido leal».
«Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles», señaló la que también fuera alcaldesa de Cartagena en un comunicado.
Cuando se pasó al Grupo Mixto
El cerse de Barreiro fue solicitado por Ciudadanos como condición para apoyar los presupuestos que el Gobierno de Mariano Rajoy debía sacar adelante. Poco después, se estrenaba en el Grupo Mixto tras darse de baja en el Grupo Popular.
«Más de 80 días ha tardado el PP en echar a su senadora imputada por el caso Púnica. Rajoy siempre tarde, pero si querían empezar a negociar los presupuestos tenían que cumplir el pacto anticorrupción exigido por Ciudadanos. Nosotros sí cumplimos», escribia por aquel entonces al líder de Ciudadanos Albert Rivera.
Investigada por cinco delitos desde octubre
Barreiro prestó declaración ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer en calidad de investigada el pasado 15 de enero por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. La Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la senadora el pasado 17 de octubre y ahora le da la oportunidad de declarar de forma voluntaria, antes de que decidir de forma formal si se pide a la cámara alta su suplicatorio.
En su auto de apertura de la investigación, el Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro «son susceptibles de ser calificados como constitutivos» de cinco delitos.
Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De Pedro, considerado el conseguidor de la Púnica, para defraudar al Ayuntamiento de Cartagenay a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Uso irregular de dinero público
La senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables. Para ello, la empresa de Alejandro de Pedro, EICO, usaba redes de perfiles falsos y supuestos diarios digitales semiatomatizados. Dinero que, en principio, estaba destinado a educacion.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron «enmascarando» el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.
