El cierre traumático de las diligencias judiciales sobre la desaladora de Escombreras, provocado por la superación del plazo legal para agotar la investigación sin que la magistrada hubiera llegado a dictar un auto para prorrogar el asunto, no ha disuadido a la Fiscalía Superior de la Región en su voluntad de exigir responsabilidades penales a quien considera el último y principal artífice de ese controvertido proyecto: el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular (PP). Fuentes de toda solvencia han confirmado a ‘La Verdad’ que desde el Ministerio Público se ha presentado ya una denuncia, ante los juzgados de Murcia, que se dirige exclusivamente contra el hombre que presidió la Comunidad Autónoma durante dos décadas y que, por vez primera, podría llegar a verse imputado si un juzgado ordena la incoación de un procedimiento penal.
La Fiscalía Superior, que lidera José Luis Díaz Manzanera, parte de la base de que el hecho de que se haya puesto término al llamado ‘caso La Sal’, que investiga una presunta malversación de 600 millones de euros en la construcción y en la posterior adquisición por la Comunidad Autónoma de la planta desalobradora de Escombreras, no impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a quienes todavía no habían sido objeto de una investigación formal en esa causa. Y este es el caso de Ramón Luis Valcárcel, que nunca llegó a ser señalado formalmente como sospechoso, pese a estar sobrevolando la causa desde el primer momento como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que aprobó buena parte de las grandes decisiones sobre ese proyecto. En tal circunstancia, la de no haber sido formalmente acusado, habría influido su anterior condición de eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, pues ello le otorgaba un fuero especial que impedía que pudiera ser perseguido por un tribunal ordinario y dejaba esa potestad exclusivamente en manos del Tribunal Supremo. Perdida ahora el acta de parlamentario europeo, cualquier juzgado de Instrucción puede llamarlo a declarar en calidad de investigado si aprecia razones de peso para hacerlo.
Y eso es lo que se mantiene desde el Ministerio Público: que hay motivos sobrados para que se le encarte en unas nuevas diligencias y ofrezca explicaciones sobre las razones por las que impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde ofreció cobertura a la adquisición de la desaladora de Escombreras en condiciones de apariencia tremendamente gravosa para las arcas públicas. No en vano, la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada ‘take or pay’ que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no se generara una sola gota en esa planta.
Todas esas decisiones y otras de gran calado sobre ese mismo proyecto se adoptaron en última estancia por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que presidía Ramón Luis Valcárcel. El ex alto cargo popular ha manifestado en su descargo, en una reciente entrevista concedida a Manuel Buitrago en ‘La Verdad’, que «el ente (EPA) lo creó la Asamblea Regional, y sin votos en contra. Florentino Pérez, el dueño de la desaladora, la ofreció por 150 millones, descontando lo que ya se había pagado. ¿Dónde están los 600 millones de los que se habla?». Y añadió que «en los consejos de administración de la desaladora todo se aprobada por unanimidad. Había un consejo de administración presidido por un consejero, con presencia de casi todos los secretarios y directores generales de las consejerías. Más el interventor general y el jefe de los servicios jurídicos. ¿Estaré yo tranquilo de que se hizo bien, si nunca hubo reparos? (…) El Consejo de Gobierno no tomaba parte. Llegaban los informes aprobados por unanimidad».
Varios presuntos delitos
Aunque la denuncia contra Valcárcel ha sido redactada por la fiscal María Isabel Neira, que es quien ha venido impulsando la acusación pública en el ‘caso La Sal’, iría firmada por el fiscal superior Díaz Manzanera, como suele hacerlo con todos los asuntos de especial trascendencia. Las fuentes mencionadas explican que se apunta a la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y falsedad documental, entre otros.
Pero el trasiego de esta denuncia por los juzgados de la ciudad de Murcia está siendo ya tortuoso, cuando ni siquiera se han iniciado todavía las actuaciones. Y es que se presentó en un principio en la Juzgado de Instrucción número 5, por ser el que está llevando la causa original sobre la desaladora de Escombreras. Sin embargo, la juez María del Mar Azuar la rechazó al estimar que tenía que instruirse como una causa totalmente independiente.
La denuncia de la Fiscalía pasó así al Juzgado Decano, que por turno de reparto la envió al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. En esta ocasión, el magistrado titular de ese órgano, José Fernández Ayuso, consideró que el asunto tendría que haber entrado en el reparto como una causa de especial complejidad, y no como cualquier diligencia ordinaria, por lo que la devolvió al Decanato.
Cuestión de competencia
Un nuevo reparto, esta vez sí con los criterios que rigen para las causas complejas, envió el asunto al Juzgado de Instrucción número 1, pero su titular, Ana Isabel Navarro Prieto, acaba de aducir que los hechos están íntimamente ligados a los que viene investigando desde hace meses el Juzgado de Instrucción número 5, de manera que ha enviado de nuevo la denuncia a la juez Azuar para que asuma su competencia. Y de esta forma, de renuncia en renuncia, se ha completado el círculo vicioso sin que ningún juzgado haya asumido el asunto, por lo que todo apunta a que tendrá que ser la Audiencia Provincial la que acabe dirimiendo una más que previsible cuestión de competencia.
