TONO CALLEJA
La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el agujero de 600 millones de euros de la planta desalinizadora de ACS en Escombreras(Cartagena), se ha hartado de la gestión que ha hecho de esta empresa de capital mayoritariamente público el Gobierno de Murcia. Y por eso ha reclamado a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Región de Murcia, María del Mar Azuar, que nombre «a un interventor judicial» para que controle los pagos que el Ejecutivo murciano abona a la firma de Florentino Pérez con créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
«En opinión del Ministerio Fiscal ha mediado un largo periodo de años para acometer lo necesario para reducir, neutralizar o eliminar las graves repercusiones que la desaladora de Escombreras tiene para el erario públicoy/o para que las partes implicadas hubiesen adoptado medidas correctivas», destaca la fiscal en un escrito de 13 de diciembre dirigido a la magistrada Azuar, en el que censura la gestión realizada hasta el momento por el Ejecutivo murciano.
La titular del ministerio público hace esta reclamación a la juez con la intención de que el interventor, «sin sustituir al órgano de administración societaria de Desaladora de Escombreras SAU», controle las cuentas «e informe al Juzgado sobre los pagos realizados» a la empresa de Florentino Pérez. Pero también para que aporte datos sobre «la deuda acumulada y la previsión de pagos a efectuar en el ejercicio 2019», y que explique «con cargo a qué fondos se van a ejecutar».
Ramón Luis Valcárcel
La Fiscalía y la juez Azuar investigan la construcción de la planta de Escombreras durante el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado del PP, y que ha generado un agujero a las cuentas públicas murcianas.
La Fiscalía de Murcia investiga diferentes delitos, entre ellos el de fraude, al considerar que pudo haber «un concierto entre las partes del proceso y una actuación defraudatoria por la forma en que gestaron, dataron y dotaron de contenido a los contratos; por la carga que supuso para el erario público o por el hecho de que solo contienen cláusulas leoninas para la parte pública», algo necesario para que ACS ejecutase el proyecto, asegura la fiscal, «porque hay que recordar que era sin cargo a los accionistas y que es una empresa mercantil guiada por el ánimo de lucro».
Además, el ministerio público alude a la «ingeniería jurídica» utilizada por el Ejecutivo de Valcárcel para adjudicar la obra a una filial de ACS. Esta «ingeniería jurídica» consistió en que la constructora creó, inicialmente la empresa de la planta desalinizadora, e incluyó una serie de obligaciones contractuales que implicaban unos pagos millonarios.
Y después el Gobierno de Murcia se hizo con el 51% de las acciones de la firma creada por ACS, que estableció mediante una cláusula que decía que en caso de incumplimiento de los pagos durante los 25 años firmados, la propietaria podría reclamar por adelantado el dinero de todo el periodo de vigencia, tal y como ocurrió en 2012, cuando ACS llevó a la Comunidad murciana a los tribunales para exigirle el pago de casi 600 millones.
López Miras
La Fiscalía pide que se nombre a un interventor judicial después de apuntar un gran número de circunstancias anómalas detectadas en la actuación del Gobierno de la Región de Murcia, cuyo presidente es Fernando López Miras, que lidera el Ejecutivo murciano tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, procesado en los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’: «Sigue sin saberse en qué situación está la empresa Desaladora de Escombreras SAU y si las deudas de ésta acaparan el presupuesto de gasto de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur)», explica la fiscal, que alude a Esamur, la sociedad pública que ahora controla la planta.
El ministerio público recuerda, además, que el Gobierno murciano ha pagado las facturas por el mantenimiento de la planta entre 2012 a marzo del 2018, incluyendo ahí el denominado «canon de Enagás».
Y lo ha hecho como pagos a cuenta: «Cuando lo que tendría que haber hecho es haber ejercido las acciones procedentes, extrajudiciales o judiciales, para solventar la cuestión porque esas cantidades que se han pagado han salido esencialmente de medidas extraordinarias de financiación (ICO y FLA) que no son gratuitas; generan intereses y nada despreciables», se lamenta Neira Campos.
La fiscal reprende también al Gobierno de la Región de Murcia por no hacer caso a la juez, ya que López Miras recibió la «petición expresa del Juzgado de que cuantificase qué intereses han generado los pagos asumidos por arrendamiento y mantenimiento, con cargo a esos modelos extraordinarios». Una gestión que el ministerio público asegura que el Ejecutivo murciano «no ha hecho».
«Resolver la cuestión»
Neira Campos no comparte otras decisiones de López Miras en la gestión de la planta desalinizadora, que tiene comprometidos pagos de 600 millones a ACS, y asegura, de forma textual: «La solución tampoco parece que sea no pagar, como se hace, sino más bien resolver la cuestión».
Otros desajustes en la actuación del Gobierno de Murcia de la planta desaladora se refieren, según explica la fiscal, al denominado «canon de Enagás«, por el que el Ejecutivo de Murcia se habría comprometido a abonar a las empresa de Florentino Pérez 10 millones de euros.
Y pese a discutir la legalidad de este canon, el Gobierno de Murcia paga 1.610.430 euros al año. Una decisión que tampoco entiende la fiscal: «Si algo que se dice que no se tiene que pagar no se hubiese abonado, el coste de endeudamiento sería obviamente menor y también la necesidad de acudir a medidas extraordinarias y con ello pagar menos intereses derivados de aquellas».
Otra de las justificaciones que da la fiscal para que la juez nombre a un interventor es que la planta es deficitaria. El total de ingresos anuales es de 10.120.328 euros, y el Gobierno murciano los estima por debajo en el 2018, en concreto en 8.500.000 euros. Mientras tanto, solo el arrendamiento de los terrenos de la desalinizadora cuesta 21 millones al año, cantidad a la que hay que sumar otros 3 millones anuales por el mantenimiento.
«Los pagos pendientes en su conjunto ascienden a 24,7 millones por mantenimiento y a 10,2 millones de la planta e infraestructuras asociadas. La suma de lo pagado y lo debido es realmente abultada«, completa la fiscal, que vuelve a reiterar que la Comunidad de Murcia no aporta información sobre «cómo o cuando o con cargo a qué fondos tiene previsto asumir esa deuda o reducirla con más ingresos».
No envía agua
El Ministerio Fiscal apunta, en el mismo sentido, que el precio del agua para uso agrícola es superior al coste de desalinización de la misma. Y todo ello cuando la planta ha dejado de enviar agua a Cartagena, Torre Pacheco y Murcia: «Se ignoran los motivos por los cuales estas ciudades ya no reciben agua procedente de la desaladora, pero sus canalizaciones y conducciones (infraestructuras) tuvieron un coste elevado y no se sabe si se han depreciado, se han repercutido, a quien y en qué cuantía», completa la fiscal.
Hasta el momento, las deudas compensadas alcanzan la cifra de 34.329.013 euros, mientras que están pendientes de abonarse otros 33.325.530 euros. Y todo mientras la mercantil sigue sin tener un gerente, ya que en junio pasado José Manuel Ferrer Cánovas abandonó el cargo, «y hoy sigue sin existir otra persona nombrada en su lugar».
El ministerio público concluye que pese a que un acuerdo del consejo de administración extinguía la empresa de la desaladora, hasta el momento no se tiene constancia «de que se hayan iniciado al menos los trámites para la ejecución de este acuerdo. Salvo error, se mantiene la misma posición pese al número de años transcurrido y en todo caso revelan una gestión tardía y poco resolutiva«.
