El reconocimiento por parte de España de Juan Guaidó como «presidente encargado» (interino) de Venezuela, solo para que convoque elecciones «en el plazo más breve posible», llegó este lunes después de fuertes titubeos iniciales en el Gobierno y el PSOE por temor a alinear al país en un camino sin retorno, admiten fuentes del Ejecutivo y del partido.

Y llega, también, después de una soterrada batalla entre La Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores en las 72 horas que van entre la autorpoclamación de Guaidó, el 23 de enero, y el ultimátum de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro, tres días más tarde; es decir, que en la dilación tuvo más que ver esa división de opiniones que un supuesto deseo de Sánchez de no incomodar a Podemos, su socio preferente de esta legislatura.

Tanto el presidente como el ministro José Borrell comparten al conocer la autoproclamación de Guaidó el riesgo ahacer «seguidismo» de la administración estadounidense y de un personaje tan cuestionado como Donald Trump, que había comunicado en las horas previas a las cancillerías europeas que esta vez va en serio el intento de derrocar a Maduro. En ese momento, Sánchez y Borrell se ponen como principio básico no moverse hasta lograr el consenso necesario entre los 28 países de la Unión Europea.

Las dudas del ministro

No consiguen unanimidad -Italia y Grecia se niegan- y, a partir de ahí empiezan ciertas «discrepancias», admiten las fuentes consultadas. Borrell sigue dudando, pero Sánchez, muy presionado por PP y Ciudadanos, por los medios de comunicación, y hasta por Felipe González y José María Aznar desde el mismo 23 de enero, exigiéndole reconocer a Guaidó sin más dilación, empieza a virar desde Davos.

Tras improvisar una minicumbre en la ciudad suiza con los presidentes de Costa Rica, Colombia y Ecuador, que también asisten a la cumbre empresarial mundial y le instan a «liderar» la posición europea, el presidente contacta por teléfono con Juan Guaidó, en principio para felicitarle solo por su «coraje». Allí también tiene ocasión de charlar de forma más discreta con Josu Jon Imaz, consejero delegado de la petrolera Repsol, una de las empresas españolas más expuestas en Venezuela, que le recomienda prudencia.

Sólo cuando al día siguiente, viernes 25, Francia, Alemania y Reino Unidoofrecen garantías de que se embarcarían también en la aventura del desalojo de Maduro iniciado por EE.UU. y por los países asociados al Grupo de Lima, el presidente del Gobierno decide tirar para adelante. Pero La Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores todavía no actúan a una.

24 horas antes de que el presidente formulara su ultimátum de ocho días a Maduro, Borrell todavía resaltaba que «la doctrina Estrada reconoce Estados, no gobiernos»

Fuentes del Ejecutivo sostienen que Sánchez y el secretario de Relaciones Exteriores de La Moncloa, José Manuel Albares, en cuanto tuvieron claro que el artículo 233 de la Constitución bolivariana faculta a Guaidó para autoproclamarse, ya eran partidarios de emitir señales de apoyo. Pero seguían teniendo enfrente a Borrell, que el mismo viernes 25 muestra en público sus dudas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las 13.30, se descuelga con que «la doctrina Estrada reconoce Estados, no gobiernos»; faltan 24 horas antes para que Sánchez comparezca por sorpresa a anunciar el ultimátum de la UE a Maduro en pro de elecciones libres y el ministro suelta alguna pista: «estamos hablando de plazo corto» para que Maduro entre en razón. «No es fácil» un escenario electoral, insiste el ministro sobre la base de un hecho que hoy sigue siendo cierto: Si Maduro insiste en no irse, ¿quién convoca esas elecciones? ¿Guaidó sin el aparato del Estado venezolano a su disposición?

Aún así, los acontecimientos se suceden y el presidente del Gobierno decide comparecer a la mañana siguiente, 26 de enero personalmente para dar testimonio de que «lidera» el proceso en Europa -no como dicen el PP, Ciudadanos o Aznar-. Y lanza junto a Alemania, Francia, Portugal y el Reino Unido -sin esperar a Italia- los ocho días de plazo al «tirano» (sic) que concluyeron este domingo.

No obstante, parece que el ministro de Exteriores se reserva, a partir del reconocimiento de Guaidó el papel de poli bueno: apoyo a una operación política, nunca militar como les gustaría a Trump y Bolton, y con el único objetivo de elecciones inmediatas. Lo dejó claro este lunes 4 de febrero en Bruselas al reiterar, horas después de la declaración oficial del presidente:  las intervenciones armadas «están excluidas» y «en ningún caso» España o la UE apoyarían una respuesta así en la crisis venezolana.

 

 

FUENTE: VOZPOPULI