LUIS PORTILLO PASQUAL

 

En el transcurso del tiempo que nos ha llevado elaborar este extenso y dolido artículo -preocupados por el silencio y la ignorancia ante las catastróficas consecuencias de la arrolladora invasión de las plantas solares fotovoltaicas-, han ido apareciendo numerosas noticias alertando y denunciando esta misma situación en muchos lugares de la geografía española. Tantas, que casi han dejado obsoleto el presente trabajo, que al principio pensábamos que iba a ser un grito solitario en el desierto.

Nos ha llevado mucho más tiempo seleccionar algunas de entre esas numerosas noticias, y digerirlas, que redactar el propio texto, cuyo contenido se ha ido viendo cada vez más corroborado y afianzado por aquéllas. Por esa razón, lo relatado en estas líneas puede considerarse un resumen general -aunque en absoluto exhaustivo- y una recopilación de información sobre el tema. Hay mucho aún que decir e investigar sobre el mismo, que, en última instancia, debería llevar a estudiar los movimientos del capital y la gestión de sus intereses por el Estado bajo el eslogan de la lucha contra el cambio climático, las energías ‘verdes’ o ‘limpias’ y la ‘sostenibilidad’.

Especialmente en el apartado “Otras muchas batallas, oposiciones, rechazos y moratorias”, ponemos a disposición del lector dicha selección como una modesta contribución a la documentación bibliográfica, incluyendo los correspondientes enlaces a las fuentes citadas, lo cual facilita la tarea al lector y le ahorra mucho tiempo de búsqueda. También recogemos la posición de las principales organizaciones sindicales ante la invasión de las grandes plantas solares fotovoltaicas (PSFV). Y concluimos el presente trabajo con una “Reflexión final” que sintetiza lo expuesto a lo largo de este artículo y recoge las sugerencias y peticiones de amplios colectivos sociales. Esperamos que nuestro trabajo sirva para que otras personas puedan continuar esta tarea de, podría decirse, Economía Política en sentido amplio.

Ni que decir tiene que, a la vista del creciente rechazo popular, hasta ahora ocultado y sigilosamente contenido, y en previsión del aumento de las protestas ciudadanas, empresas y Administraciones han acelerado significativamente la publicidad, la propaganda política y la concesión de autorizaciones, permisos y demás trámites administrativos para hacer efectiva cuanto antes la conquista y expropiación forzosa de tierras ajenas, la nueva ‘desamortización’ agraria. Frente a un Estado que se limita a gestionar burocráticamente a su favor los intereses del capital, no hay más remedio que recurrir a la concienciación, la movilización y la presión social. Como señalaba un experto en la materia, “solo la presión social puede parar esta locura”.

Nuevos conflictos en el campo

Tal como se nos venía advirtiendo, están surgiendo nuevos conflictos en el campo, conflictos cada vez más frecuentes y que apenas llegan al conocimiento (¿y al interés?) de los políticos. Las empresas energéticas, los fondos de inversión o cualquier otro tipo de inversores se están lanzando a la conquista de tierras por toda España -y en otros países- para generar energía eufemísticamente llamada ‘verde’ o ‘limpia’ Pero esta especie de colonización energética no está exenta de problemas Se ha convertido, por el contrario, en ‘el nuevo ladrillo’, en una espiral sin sentido desde el punto de vista de las necesidades energéticas del país, señalan los expertos. Hasta el punto de que el propio Gobierno hubo de instaurar, en julio de 2020, una moratoria -prorrogada en enero de 2021- para la concesión de permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas a nuevos proyectos de energías renovables, dada la avalancha de peticiones de conexión, ante el peligro de saturación y congestión de las redes, arriesgando así la viabilidad de los proyectos futuros. Y más recientemente, la propia vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que hay ya planteadas inversiones en grandes instalaciones de energías renovables en España que ¡multiplican por diez! los objetivos planteados para estas fuentes en la próxima década. “En este momento probablemente se está manejando un volumen de inversión en grandes plantas que multiplica por diez nuestro objetivo de implantación de energías renovables de aquí a 2030”. Un dato “sorprendente” que indica “que hay mucho interés” pero que también ha generado una “señal de alarma” y una “preocupación ambiental” allí donde se han anunciado esas inversiones. Preocupación y alarma que comparte la plataforma de organizaciones sociales de ámbito estatal Alianza por el Clima, que ha propuesto al Gobierno la adopción de una serie de medidas para reducir el impacto ambiental y territorial

No son pocos los ayuntamientos que sucumben a los cantos de sirena de los grandes inversores y se someten a las propuestas de las empresas promotoras fotovoltaicas sin pensárselo dos veces, salvo contadas excepciones (véase, más abajo, el apartado ‘Otras muchas batallas…’) Hay tierras de uso comunal que no debieran ponerse al servicio de los intereses de una empresa energética, y menos sin conocimiento o autorización de los vecinos de la zona (por aquello de ‘democracia plena’, tan de moda últimamente). En otros lugares, se entorpece, dificulta o anula por completo la actividad agrícola y el pastoreo del ganado. Todo ello ha puesto en pie de guerra a agricultores, ganaderos, ecologistas y vecinos. “Una vez más, el campesino ve cómo alguien llega a su tierra, la exprime y se lleva el dinero muy lejos de la zona, sin que ello contribuya a mejorar el pueblo y su entorno”, sino todo lo contrario, sostienen los afectados

“El campo se rebela contra la ‘invasión’ de huertos solares, agricultores y ganaderos crean plataformas ante la proliferación de proyectos”, publicaba recientemente El Economista: “El crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas está generando alarma en el campo, que se moviliza para detener los intentos de los ayuntamientos de ‘expulsar’ a agricultores y ganaderos de las tierras y pastos que han estado aprovechando durante decenios o la creación de inmensos parques eólicos en zonas de alto potencial enoturístico. La expectativa de un “pelotazo” recorre como una tentación los ayuntamientos de las zonas rurales de nuestro país. El impulso a las renovables para acelerar la descarbonización de la economía ha desatado una auténtica ofensiva para obtener terrenos donde instalar parques fotovoltaicos, en particular de fondos de inversión o de simples intermediarios para luego vendérselos a las compañías eléctricas. En juego hay una inmensa cantidad de dinero, principal cebo para que los alcaldes de pequeñas localidades no duden en expulsar a agricultores y ganaderos para cambiar el paisaje de vacas y tractores por el de auténticos ‘mares’ de espejos. Fiebre por la tierra agrícola para montar huertos solares” Lo señalaba también la propia RTVE: “La energía verde amenaza con expulsar a ganaderos y agricultores de la España vaciada”

Para ser breves, y porque el tema medioambiental y de transición energética ha sido ya ampliamente tratado por expertos y va a toda velocidad (una nueva marcha ‘verde’ a la marroquí –ahora en la Península, Baleares y Canarias- para apropiarse después a sangre y fuego del Sáhara Occidental ), vamos a partir aquí, sin más preámbulos, del hecho aceptado de que la instalaciones de plantas solares fotovoltaicas son necesarias -pero siempre, como veremos, en determinadas condiciones- como consecuencia de las decisiones adoptadas, por los Gobiernos y a nivel europeo y global, en materia de cambio climático.

Sin embargo, la primera objeción es que la ‘siembra’ de lo que idílicamente denominan con el bello eufemismo de ‘parques solares’ debería hacerse con la máxima planificación integral del territorio, la población y la naturaleza (padre y madre de nuestra existencia); de manera que, por una parte, no se fomente más -sino menos- consumo energético, conforme a la experiencia vivida durante la pandemia (no necesitamos tantas cosas para vivir bien) y, por otra, no se destruya el campo ni se contribuya al abandono rural y a la desaparición silenciosa de los pequeños agricultores, arrendatarios, trabajadores y jornaleros de los campos y huertos en nombre de una pretendida ‘sostenibilidad’, mal e interesadamente entendida. En caso contrario, continuaremos avanzando irresponsablemente hacia el suicidio colectivo, como avisa la mismísima ONU

Alerta de la ONU

Efectivamente, la propia ONU, en un amplio informe, ha alertado de la situación y de la urgencia de actuar Con motivo de las consecuencias de la actual pandemia de coronavirus, el secretario general de la ONU, António Guterres, sostiene que la sociedad está recogiendo ahora las consecuencias de “haber declarado la guerra” a la Naturaleza, todo un impulso suicida que ha acelerado la destrucción del planeta y, por ende, ha puesto en riesgo la propia existencia humana.

El reciente estudio de Naciones Unidas señala que hacer frente a la emergencia climática no debe contribuir a la pérdida sangrante de biodiversidad ni elevar aún más los niveles de contaminación que minan la salud, tanto del medioambiente como de los humanos. Cada vez se abarca más espacio en el planeta con la intención de explotarlo y atender la creciente demanda de bienes y servicios. Esto incluye tierras de pastoreo para el ganado, bosques dedicados a la obtención de madera o la extracción y desvío de los sistemas de agua dulce para el consumo humano. La degradación y contaminación del suelo y la disminución de la capacidad de la naturaleza de absorber dióxido de carbono [fotovoltaicas versus fotosíntesis], lo que a su vez puede aumentar aún más el cambio climático”, señala el informe.

Considerando el conglomerado de emergencias derivadas del maltrato al planeta, la ONU insiste en que la Humanidad tiene mucho que perder, por lo que es esencial que transforme su relación con la naturaleza como único camino para alcanzar un futuro sostenible. De hecho, añade, deberá ser una transformación integral, que “abarque todo el sistema”, desde los hábitos de consumo de la población hasta los propios sistemas económicos imperantes.

“Deben aplicarse políticas, tecnologías y prácticas de gestión sostenibles en el marco de los sistemas interconectados de agricultura, pesca, silvicultura, agua y energía, dadas sus repercusiones en el clima, la biodiversidad y la degradación de las tierras”.

Así mismo, para combatir tanto el cambio climático como la degradación de la tierra debe procederse a la reforestación a gran escala con vegetación autóctona [en lugar de arrasar los campos para instalar paneles solares]. Además, la ONU apuesta por ampliar la red mundial de zonas y espacios protegidos, de manera que se incluyan “puntos claves en materia de biodiversidad que actualmente no están protegidos”.

Y el valor de la naturaleza debe poder contabilizarse. Hasta ahora, indicadores como el PIB, empleados para medir la prosperidad de un país, no tiene en cuenta las ganancias o pérdidas del capital natural ni los costos ambientales de la actividad económica. Por ello, el informe aboga por una “integración de los objetivos de neutralidad en emisiones de carbono y conservación de la biodiversidad en todas las políticas y decisiones económicas y fiscales”.

Se trata de “tomar conciencia de que salvaguardar la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras significa salvaguardar la salud de nuestro planeta”

Por tanto, en lo que aquí nos concierne, si no paramos la arrolladora carrera actual por instalar por doquier macroparques fotovoltaicos confiscadores de tierras, cultivos y paisaje, vastas extensiones de tierra cultivada y cultivable -y no sólo- se convertirán en terrenos yermos y en campos despoblados, con importantes perjuicios para el entorno físico y humano y para la biodiversidad

Por eso, un representativo grupo de treinta y seis científicos españoles pedía recientemente, de forma pública, una planificación energética estratégica a escala nacional para reducir el impacto de los nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos. Al respecto, también convendría tomar en consideración la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”

Científicos españoles dan la voz de alarma

Señalan esos científicos que “el espíritu voraz con el que los humanos hemos explotado los recursos, de manera especialmente efectiva en los últimos dos siglos, es el principal motor de la pérdida de hábitats y del cambio climático global. La disminución crítica de biodiversidad causada por ambos procesos ya está produciendo desajustes de largo recorrido en todo el planeta, entre ellos los que aumentan el riesgo de aparición de pandemias como la que estamos sufriendo en estos tiempos”, señalaban en su escrito.

“La consecuente necesidad de cambiar de modelo de generación de energía, debe ser entendida como una oportunidad. La sociedad ha comprendido la urgencia de este cambio, y la predisposición hacia las energías renovables es patente y extendida en las sociedades modernas. El desarrollo de energías renovables debería ser la máxima prioridad del Pacto Verde Europeo. Y es que ¿quién podría estar en contra de las energías renovables?”

“La implantación y extensión de las energías renovables es una oportunidad única para que España alcance un futuro más respetuoso con el medio ambiente.” Pero al amparo del ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno, “en los últimos meses se ha desencadenado una carrera desaforada por proponer nuevas instalaciones de energías renovables”, con la consiguiente aparición de un proceso especulativo en la venta de derechos de conexión a la red. Además, se están disparando las alarmas sobre las consecuencias de repetir un sistema de concentración de la generación de la energía en oligopolios. El número de solicitudes de conexión a la red se ha disparado  y se acumulan cientos de proyectos en las mesas de las Administraciones responsables. (…) En resumen, los permisos de acceso sólo para fotovoltaicas superan ampliamente los objetivos del PNIEC.”

“Las Administraciones Públicas están en riesgo de colapso por la acumulación de expedientes, y se ven con enormes dificultades para dar respuesta a los inconvenientes técnicos y alegaciones ambientales que suponen tantas y tan dispares solicitudes. La fragmentación en pequeños proyectos es una constante, incumpliendo la Ley del Sector Eléctrico (que regula las competencias -Administración Central o Comunidades Autónomas- en función de la potencia a instalar) y soslayando procesos de evaluación ambiental más exigentes que permitan evaluar impactos acumulativos y sinérgicos. Asistimos a un secuestro de la administración ambiental… Pero, más allá del proceloso trámite administrativo, está la profunda transformación del territorio. Por ejemplo, cada megavatio (MW) fotovoltaico instalado supone la ocupación de un mínimo de dos hectáreas de suelo, por lo que el cumplimiento de lo previsto en el PNIEC implicará la transformación radical de decenas de miles de hectáreas, sin contar con los impactos asociados a la distribución de la energía.”

“Muchas de las que se consideran ‘zonas marginales’ albergan valores naturales únicos que han convertido a España en el baluarte de la conservación en Europa y contribuyen al atractivo de España como destino del pujante turismo de naturaleza. Ahora, la nueva amenaza de la implantación indiscriminada de centros de generación de energía podría afectar de modo irreversible algunos de los últimos enclaves de aves y especies esteparias, emblema de la calidad ambiental de nuestro país.

“No podemos olvidar que el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta que marca la Unión Europea para alcanzar una economía sostenible— tiene entre sus pilares fundamentales la protección y restauración de la biodiversidad. Ni que España está obligada por las directivas europeas y sus propias leyes a proteger y favorecer la recuperación de las especies amenazadas. Pero no es sólo una obligación legal y moral: cualquiera puede entender que nuestro bienestar depende de ecosistemas sanos y de los servicios que nos brindan, algo que ninguna tecnología puede sustituir. Por eso debemos oponernos al dilema falaz entre combatir la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, porque ambos problemas tienen la misma causa, nuestro consumo voraz de recursos naturales, y son responsabilidades ineludibles que debemos afrontar. En definitiva, la energía limpia no puede justificar la destrucción de nuestros valores ambientales, porque sin biodiversidad tampoco hay futuro.”

Dinero fresco en tiempos de crisis y ausencia de información

Alentados por jugosas ayudas, subvenciones y buenas expectativas de rentabilidad y beneficios a cargo de los prometidos fondos europeos de reconstrucción (los fondos Next Generation), las empresas promotoras de parques solares fotovoltaicos se han lanzado a la adquisición de terrenos por todas partes

La información, pública o privada, a los afectados ha sido nula. Hay connivencia entre ayuntamientos, autoridades autonómicas y empresas promotoras, por mor de unos ansiados ingresos para promover -dicen- mejoras en el pueblo o las localidades concernidas vía concesión de licencias, recalificación de terrenos, impuestos y tasas locales a las empresas instaladoras (si es que no también alguna que otra comisión o ‘mordida’), frecuentemente sin tomar en consideración la gran variedad de intereses, personas y bienes potencial o finalmente afectados por la construcción de una desmesurada, abusiva y desinformada instalación de grandes plantas fotovoltaicas

En nuestra modesta opinión, no se trata solo de una ‘mera’ opacidad informativa, previa y post, por parte de las empresas promotoras y las autoridades públicas, sino lisa y llanamente de una absoluta ocultación de la realidad (“a ver si cuela sin hacer ruido, que no se enteren”)

Pan para hoy y hambre para mañana, porque a los propietarios de terrenos agrícolas o de pastos o de turismo rural -que serán convertidos en estepas de ‘huertos solares’, en un ‘mar de espejos’, dicen- se les ofrece un dinero –“una oferta difícil de rechazar”- que, en época de crisis y pandemia como la que actualmente padecemos, se necesita y mucho, razón por lo que las tierras se ‘reservan’ (mediante un contrato privado que inmoviliza al propietario), se venden o alquilan por 25-50 años a las empresas promotoras o instaladoras que, en última instancia, fomentan una nueva e incontrolada burbuja especulativa o el traspaso de tierras e instalaciones a capitales extranjeros (‘colonización fotovoltaica’), mientras se lanza a la marginación y exclusión social a los pequeños agricultores, ganaderos y jornaleros.

Si esas instalaciones se llevaran a cabo con información plena a los potenciales afectados y a los habitantes del entorno, y en terrenos baldíos, yermos o de poco valor agrícola, paisajístico, cinegético o medioambiental y de moderada dimensión, en principio no habría mayor motivo de preocupación. Pero cuando no es así y esas instalaciones conllevan, por el contrario, el abandono de la actividad agrícola o ganadera en favor de grandes extensiones ‘plantadas’ (desoladas) con paneles solares fotovoltaicos, entramos en el terreno de problemas serios, daños graves, el rechazo y las protestas de los lugareños y de otros ciudadanos conscientes de lo que hay en juego y de las consecuencias.

Porque ello implica el abandono de la producción agrícola y la desaparición de plantaciones de viñedos, olivos centenarios, encinas, naranjos, almendros…, árboles y arbustos, agricultores, cultivos y especies animales, protegidas o no. Desaparecen aves, caza y biodiversidad. Y puede que, al final, haya que importar de otros países, vecinos o más alejados, lo que se deja de producir en los ‘huertos’ fotovoltaicos, con las consecuencias y contradicciones que ello puede suponer en diversos ámbitos del consumo, la economía y la sociedad en su conjunto.

Porque, además, la cubierta vegetal, los cultivos y el arbolado protegen los suelos del deterioro y la desertización, y son un sumidero de CO2 y un surtidor de oxígeno para el Planeta; mientras que, por el contrario, los paneles fotovoltaicos y los campos arrasados contribuyen al calentamiento global y a la desertización que se dice querer combatir. Toda una contradicción manifiesta en la lucha contra el cambio climático, porque al eliminar vegetación para instalar por doquier plantas solares fotovoltaicas, se elimina un elemento fundamental para absorber emisiones de C02, presente en el propio campo. Las plantas, al hacer la fotosíntesis, absorben C02 y emiten O2, independientemente de que sean silvestres o cultivos. Por eso, se perjudica localmente a los territorios afectados para que otros tengan energías “más limpias”.

Los estudios científicos proporcionan información fehaciente sobre cómo la agricultura también combate el cambio climático. Concretamente, estudios referidos al viñedo, al olivo, a multitud de otros cultivos y a toda una serie de árboles, y que sirven de aval a lo aquí expuesto.

Desmontando mitos: la creación de puestos de trabajo

La publicidad empresarial y la propaganda política contraatacan con abundantes medios a su disposición e intentan justificar la instalación de esos idílicos ‘huertos solares’ con la consabida cantinela de “se crearán puestos de trabajo”. Pero se oculta que estos serán mínimos, temporales y efímeros, una vez hayan sido limpiados y/o allanados los terrenos donde preciso fuere, arrancados los árboles y cultivos existentes e instalados los millones, ¡millones!, de placas fotovoltaicas, que, probablemente muy pronto, devendrán obsoletas, superadas por una tecnología más avanzada y eficiente, y abandonadas -junto a masas de cemento u hormigón incrustado en el terreno para fijar las placas- como chatarra en los campos arrasados, a expensas de los (nuevos, en su caso) propietarios.

Una vez finalizadas las tareas previas de instalación del parque solar, se acabaron los puestos de trabajo y el recurso al ‘empleo local’ en esos pueblos y entornos rurales, al tiempo que habrán desaparecido el empleo agrícola y las tierras cultivables, traspasadas ahora a las empresas energéticas

Los propagandistas de las fotovoltaicas ocultan que se pierde empleo local al arrasar terrenos cultivables y que los puestos de trabajo locales “a crear” consisten en algún vigilante o guarda -con alta cualificación y amplia experiencia curricular, por supuesto- y varios limpiadores de placas (como los limpiadores de parabrisas de automóviles), con similar cualificación y expertise en el manejo de la bayeta: barrenderos de fotovoltaicas, con todo mi respeto y estimación por esas personas y su trabajo. Eso, si es que no son rápidamente sustituidos por robots limpiadores, más eficaces y baratos, y sin costes de Seguridad Social y otros derechos sociales. Los técnicos y especialistas serán ‘aportados’ por la empresa promotora o subcontratas. Se dará algún cursillo ‘local’ de formación para electricistas o similares, pero no habrá mucho más; simplemente, no hacen falta. De hecho, ya se están monitorizando las plantas a distancia y se fabrican robots para la limpieza…

Al respecto, varios estudios realizados por la Universidad de Zaragoza desmienten que las plantas de renovables tengan un impacto significativo sobre el empleo local. Habla de plantas de renovables, tanto eólicas como solares. El proyecto ‘Infoenergía’, financiado con fondos europeos y en el que han participado distintos Grupos de Acción Local (GAL) de las provincias de Teruel y Zaragoza, ha realizado distintos estudios relacionados con las energías renovables: sobre bombeos de energía solar, autoconsumo compartido y un tercero que evalúa los impactos sociales, económicos y demográficos de la energía solar y eólica en el medio rural aragonés. Este último, centrado en los proyectos de energías renovables surgidos en la comarca del Campo de Belchite en la década del año 2000, señala en sus conclusiones que, en general, el empleo generado en esa comarca ha sido poco significativo, que no se ha revertido el proceso de despoblación y que las empresas no han abordado la instalación de los parques eólicos o solares a base de participación ciudadana, sino que solamente han contado con los propietarios de los terrenos que tenían que ocupar y con los ayuntamientos.

El caso de estudio del Campo de Belchite constata que la energía renovable, y particularmente la relacionada con la energía eólica, al igual que ocurre con las convencionales, es una actividad intensiva en capital, en la que la ratio de inversión por trabajo es muy alta, con innovaciones constantes que automatizan los procesos manuales y de gestión, además de plantear unos modelos de negocio recurrentes en externalizaciones y subcontratas que buscan una optimización de unos recursos humanos muy móviles y deslocalizables. “Nuestros resultados están en línea con lo que concluye el Informe de la OCDE (2012), en el que se manifiesta que la generación de energía es una actividad altamente intensiva en capital, por lo que el empleo directo y el multiplicador asociado son muy bajos”, concluyen los expertos.

He aquí algunas citas relevantes de dicho estudio:

  • “Todo se fabrica fuera. Igualmente, no se detectan tampoco cambios significativos en las actividades ligadas a las manufacturas asociadas a las renovables”.
  • “Ha habido poca contratación de personas para la instalación de los parques, y muchas menos para el mantenimiento.  Calcula que en toda la comarca [Belchite] puede haber “como mucho 20 personas trabajando vinculadas al mantenimiento de esas instalaciones”, que siguen, además, implantándose en toda la comarca”.
  • “Muchas de las instalaciones se han levantado con mano de obra que ha venido de otras provincias. No se contrató en la zona, porque las empresas subcontratadas que han construido los parques han traído a su propio personal”.
  • “Uno de los déficits detectados es la falta de participación ciudadana en los procesos de implantación de los parques. “De forma mayoritaria, el 76,5% de los encuestados”, según el estudio, “consideró que la información recibida sobre los proyectos fue parcial y que solo se contactó con unos pocos vecinos”.

Esas mismas conclusiones se han visto corroboradas también en fechas más recientes por un nuevo estudio Un grupo de expertos de Extremadura, la región que va a acoger las plantas de generación fotovoltaica más grandes de la UE, han denunciado la desproporción entre el despliegue energético que realizan las grandes compañías en esa Comunidad Autónoma (especialmente Iberdrola y Endesa), y la creación de puestos de trabajo. El informe elaborado por catedráticos, ejecutivos e ingenieros, detalla que el auge del negocio energético en la zona sólo ha supuesto la creación de 1.690 empleos estables. Extremadura es la primera comunidad autónoma en energía fotovoltaica, (…). De los 21.030 GW que produce, sólo consume 4.959 GW. El resto se destina a otras regiones. La región “bulle” de proyectos, con 12 parques fotovoltaicos en construcción y 61 más en tramitación.

Iberdrola es titular de los dos proyectos fotovoltaicos más grandes de Europa: la planta Francisco Pizarro (590 MW) en Torrecilla de la Tiesa (Cáceres) y la Núñez de Balboa (500 MW) en Usagre (Badajoz), finalizada en 2019. Tal capacidad productiva supone el 30% de todos los recursos industriales extremeños. El problema, señalan los autores del informe, es que la contribución directa de la gran compañía es “desequilibrada”: tan solo 1.200 empleos. El coordinador del informe, resume el problema de la desproporción entre macroplantas y creación de puestos de trabajo: “Los grandes proyectos generan empleo mientras se instalan.  Luego llega la desolación en las localidades y la despoblación”.

España cuenta ya con el macroparque fotovoltaico más grande de Europa, con 495 MW, 200 MW más grande que su inmediato seguidor -en Francia- y cuenta con los tres parques en construcción con mayor potencia de cuantos se están instalando en el viejo continente, con 500 MW, 300 MW y 300 MW respectivamente. En breve, España tendrá cuatro de los cinco parques más grandes de Europa.

De hecho, la consultora británica Wiki-Solar, en la clasificación mundial de los países con más proyectos solares a gran escala en 2020, sitúa a España en cuarto lugar (con 52 proyectos y 3,9 GW de capacidad adicional), por detrás de China, Estados Unidos y la India.

Miles de hectáreas de superficie, millones de placas y poco empleo. Así pues, no nos digan cuántos puestos de trabajo van a crear, sino cuántos han creado en los ‘parques’ ya ‘plantados’. Y enséñennos los contratos: qué tipo de empleo, fijo, indefinido, calidad, número, sueldo… Se trata de barrenderos de huertos lunares (“Perito en lunas”, Miguel Hernández), limpiadores de placas solares, rascadores de fotovoltaicas. Trabajo de calidad y abundante, muy cualificado, con experiencia, cita previa, se requieren informes, se valorarán idiomas, …

En lugar de engatusar con futuribles no verificables, la ‘prueba del algodón’ para las promotoras es bien sencilla: poner sobre la mesa los puestos de trabajo ‘local’ creados en las plantas que ya están en funcionamiento, mostrando los contratos de trabajo de tales empleados, su número, procedencia, tareas encomendadas, cualificación, retribución y demás requisitos laborales. Es bien sencillo.

En las fotos de las plantaciones fotovoltaicas no se ve ningún trabajador arando la tierra, sembrando, recolectando, vareando los olivos, recogiendo la aceituna, podando las vides, vendimiando. No hemos visto a nadie pasear por los ‘parques’ fotovoltaicos, ni catas de productos de la tierra, ni masas de jornaleros trabajando entre las inmensidades de espejos lunares, ni agricultores cosechando tomates, melones, almendra, naranja…, o cazando conejos, perdices o liebres En cualquier lugar o anuncio de las firmas promotoras, las fotografías de esos inmensos ‘huertos’ lunares lindan con la soledad del horizonte, vacíos, nadie… Todo un brindis al sol, nunca mejor dicho. Algún pajarillo abrasado o achicharrado en los paneles, no precisamente de miel, y alguna lagartija tomando el sol a sus anchas. Que le pregunten, si no, a Julio Llamazares, a Eduardo Martínez de Pisón o a Josefina Gómez Mendoza, por ejemplo

Es muy posible que, tras el presente artículo -que es una denuncia pública y un alegato alertando sobre el estropicio de la Naturaleza que se está promoviendo a marchas forzadas- y de otras muchas denuncias similares en curso, Las Eléctricas sacarán toda su artillería -ya lo están haciendo- para defenderse del ‘enemigo’ y difundir ampliamente en la prensa publicitaria las excelencias de la opción por la nueva burbuja y el ‘nuevo ladrillo’

Consecuencias negativas

El pequeño agricultor, con frecuencia mero arrendatario de esas parcelas de cultivo ahora enajenadas a las promotoras fotovoltaicas -que más tarde pasarán a Las Eléctricas-, se queda sin tierras que arrendar y sin trabajo; y, en ocasiones, tendrá que abandonar el campo, buscar otro empleo o emigrar a otras latitudes, si es que puede, posibilidad harto remota, tal como están hoy las cosas. Los hijos, unos, ya no heredarán esas tierras -en manos ahora de las compañías eléctricas- y, otros, ya no serán nuevos agricultores. O sea, más despoblación de la España rural y/o vaciada.

Los trabajadores agrícolas serán ‘simplemente’ despedidos, “por razones de fuerza mayor” … Aumentará el desempleo y el paro rural, los prescindibles y siempre ‘inservibles’. Habrá que crear nuevas subvenciones, algún tipo de ‘colchón de seguridad’… Los campos de antaño verán desaparecer la vegetación. También, la caza: conejos, perdices, jabalíes, palomas torcaces, … y tal vez algunas especies protegidas. Quedará un ‘paisaje’ árido, lunar, fotovoltaico. Eso sí, podrá hacerse un turismo fotovoltaico, muy ameno, con vistas al mar de espejos… La oferta agrícola, e incluso la avícola y ganadera, se verán reducidas o desplazadas a otros territorios o países. Desnudar a un santo para vestir a otro.

“El futuro de la agricultura son los jóvenes”, manifestaba hace unos días el ministro de Agricultura, Luis Planas, ante los micrófonos de Radio Nacional de España. Una gran contradicción, parece, a la vista de la actual ‘fiebre’ de las fotovoltaicas, como ya sucediera antaño con ‘la fiebre de los tulipanes’ o con el boom de los pisos turísticos, que provocó una considerable elevación del alquiler de las viviendas, con más problemas para jóvenes y familias.

Desconocemos si se ha hecho, a estas alturas de la película, un estudio (y una planificación) integral de los problemas que el arrollador boom de instalación de paneles solares fotovoltaicos (mega-, macro- o micro proyectos) va a generar en muchos pueblos y sus entornos, y de cómo solventarlos, en su caso.

¿Cómo quedará después la tierra, al cabo de 25-50 años? Nadie sabe hoy cómo quedarán después esas tierras (y en manos de quién) que las promotoras compran o alquilan por ese periodo de tiempo. Una parte de ellas habrá pasado a manos de las compañías eléctricas. Otra parte volverá, teóricamente, a sus antiguos propietarios o a sus herederos. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Y para qué usos? Algunas empresas habrán ‘desaparecido’… y otras simplemente abandonarán el territorio dejando la tierra llena de placas solares abandonadas e inservibles, pura chatarra, como residuos tóxicos (como en Palomares o en Aznalcóllar). Después de tanto tiempo degradándose el suelo, ¿quién, y a que coste, podrá devolver el uso agrícola a esas tierras contaminadas de silicio y desechos químicos provenientes de la limpieza de los paneles? ¿Quién y cómo va a devolver el paisaje natural a esos parajes inmensos llenos de cachivaches fotovoltaicos inservibles? ¿Quién se va a ocupar de llevárselos de allí y volver a poner en funcionamiento las tierras agrícolas como si nada hubiera pasado en el entorno? Además de degradada, la tierra habrá quedado bastante inservible para el cultivo, a causa del hormigón utilizado hasta ahora para fijar al suelo las estructuras metálicas de las placas. Adicionalmente, parte de los terrenos habrán quedado inutilizados por las servidumbres de paso y el soterramiento de las líneas de evacuación de energía eléctrica.

Tampoco se sabe el estado en que habrán quedado los acuíferos de la zona -dependientes de las Confederaciones Hidrográficas, competencia a su vez del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- como consecuencia de su utilización para el lavado de las placas y de su posible contaminación por silicio y compuestos químicos. Demasiadas dudas y demasiada incertidumbre…

La producción de energía solar exige una cantidad muy amplia de suelo, y esto genera una “preocupación cada vez mayor sobre la sostenibilidad de este tipo de energía”, según un estudio, que pone de relieve que la ocupación de tierras para la creación de parques fotovoltaicos “supondrá inevitablemente cambios en el uso del suelo, pérdida de la biodiversidad debido a la mortalidad directa de fauna y flora y, consecuentemente, un aumento en las emisiones de carbono”. Dicho estudio, publicado recientemente en la revista Scientific Reports, analiza las necesidades futuras de terreno para la instalación de plantas solares y cuantifica el impacto que tendrían estas instalaciones en tres zonas geográficas: Europa, India y Japón/Corea del Sur. El cambio del uso de la tierra, cuando la creación de parques fotovoltaicos haga que la producción de alimentos o la ganadería extensiva se desplace a tierras que previamente eran, por ejemplo, superficies forestales, generará las emisiones de gases de efecto invernadero que se pretenden eliminar. Por ello, señalan los autores, “es muy importante tener en cuenta la cantidad de superficie ocupada en cada territorio por placas solares”. Según los resultados obtenidos en este estudio, los parques solares ocuparán mayoritariamente suelo dedicado actualmente a actividades comerciales como la agricultura o la silvicultura. Esta ocupación significará un cambio en el uso del suelo en los países afectados, pero también en muchos otros que nada tienen que ver con la implementación de estos parques solares, ya que la necesidad de productos agrícolas o derivados del campo seguirá existiendo, por lo que habrá que buscar otras localizaciones con terrenos disponibles para la agricultura y silvicultura. Ante esta situación, existen diferentes modelos de gestión del suelo que permitirían desde el uso exclusivo para la producción energética hasta un modelo mixto en el que se usasen como parques fotovoltaicos y, al mismo tiempo, existiese algún tipo de actividad agrícola. Sin embargo, todo apunta a que este segundo modelo será el menos implementado

Modus operandi: ‘aseguramiento’ de tierras, conseguidores, intermediarios, comisionistas y contratos dudosos

Las empresas promotoras o instaladoras suelen ser filiales o subsidiarias de una empresa matriz (con frecuencia, extranjera). También pueden haber sido creadas específicamente para la instalación o construcción de la(s) planta(s). Al término de la instalación, pondrán ésta en manos de una operadora eléctrica.

En sus despachos (a veces, muy lejos de España) se toman las decisiones concernientes al lugar en el que se desea instalar la planta. Se ubica sobre un mapa la(s) zona(s) elegida(s), en función de los criterios de rentabilidad de la empresa -en muchos casos, filial de su matriz extranjera- y el marco legal vigente. En muchas localidades, un marco legal derivado del anterior boom del ladrillo, pero carente de previsiones para la actual fiebre de instalación de plantas fotovoltaicas; o sea, con un gran margen de discrecionalidad y desprovisto de la protección requerida para la actividad agrícola y la Naturaleza. Seguramente, las promotoras proceden a algún tipo de acuerdo previo entre ellas sobre el reparto de zonas, polígonos o parcelas (como en el ‘reparto de África’).

Una vez decidida la ubicación, entran en escena los ‘comerciales’, ‘conseguidores’, agentes de relaciones públicas, intermediarios, comisionistas o ‘corredores locales’, que son uno de los elementos menos visibles y más importante de la ‘cadena de valor’ de la operación, similar a la arruinó muchos pueblos de España con la explosión de la burbuja del ladrillo.

Estos personajes -los ‘comerciales’- se desplazan a los pueblos ‘objetivo’ (si es que no han sido captados en el pueblo mismo) sigilosamente, sin hacer ruido. Visitan al alcalde de la(s) localidad(es) respectivas(s) y solicitan al Ayuntamiento informe previo de ‘compatibilidad urbanística’ o medioambiental relativo a los polígonos y parcelas en los que se prevé instalar el ‘parque’ fotovoltaico. Con ese fin, persuaden, presionan, engatusan y convencen (o no, raramente) a los alcaldes de los pueblos concernidos, haciéndoles ver las ‘bondades’ del proyecto: por lo general, creación de empleo local, generación de actividad económica e ingresos por impuestos (IBI industrial), tasas, recalificación del terreno y, tal vez, alguna que otra comisión o ‘mordida’, a las que tan acostumbrados estamos por estos pagos, nunca mejor dicho. Muchos alcaldes ya cuentan, en ese momento, con ‘instrucciones’ de sus jefes políticos y/o superiores de la Administración. Con esos elementos, el Ayuntamiento concernido procede a hacer un informe favorable o desfavorable a la promotora peticionaria, alegando las razones y normativa que estime pertinentes.

En realidad, las promotoras fotovoltaicas llegan a los pueblos objetivo teledirigidas por los gobiernos autonómicos, que son los que después les van a aprobar sus proyectos, a cambio de hacerles quedar bien con Bruselas y La Moncloa. Pero los ‘comerciales’ de las empresas no tienen contactos en los pueblos ni conocen sus dinámicas. Ahí entran en funcionamiento, en ese engranaje, los ‘conseguidores’ o caciquillos locales, que ponen en contacto a los comerciales con los propietarios más proclives, apadrinan a las empresas y, si es necesario, les proporcionan infraestructura para negociar con los lugareños. En general, los ‘conseguidores’ locales son personas del pueblo en cuestión, que ayudan a los ‘comerciales’ de las fotovoltaicas a cambio de comisiones, pero no son necesariamente empleados de esas empresas.

Para le empresa promotora empieza, a partir de aquí (si es que no lo hace simultáneamente, en paralelo), la tramitación administrativa relativa a la planta en cuestión, comenzando por el ‘aseguramiento de las tierras’ a ocupar, la ‘reserva’ de alquiler o compra, tarea encomendada a los ‘conseguidores’ o intermediarios antes citados.

A continuación (o en paralelo), obtienen del Catastro y del Registro de la Propiedad la documentación correspondiente a esas tierras. (El Catastro no proporciona datos personales, sería ilegal, por eso necesitan al cacique local). Seguidamente, se empieza a contactar con algún propietario, vecino o conocido del lugar que se supone favorable a la operación empresarial o a la venta o alquiler de sus tierras, o que pueda facilitar esa información relativa a otros vecinos (nombres, familiares, parcelas, predisposición, domicilio, teléfono y demás).

Obtenida esa información, el ‘conseguidor’ de turno procede a contactar individualmente, por separado, a los propietarios agrícolas de la zona objetivo, describirles un panorama idílico ad hoc (‘comerles el coco’), persuadirles y convencerles para que vendan o arrienden su tierra ¡durante 25- 50 años!

A los perjudicados (de diversas maneras) y a los habitantes del pueblo en cuestión no se les informa de nada, de un asunto que, de una u otra manera y en mayor o menor medida, va afectar al pueblo, sus habitantes y su entorno (la despoblación, la caza, la biodiversidad, el paisaje, los acuíferos de la zona, …). Y no solo a ellos, sino a la sociedad en general. “Con mi tierra hago lo que quiero”, dicen algunos propietarios bravucones, olvidando que la madre Naturaleza es de toda la Humanidad. Una cosa es transferir la propiedad de la tierra y otra muy diferente colisionar con el entorno instalando una planta fotovoltaica.

Hay alcaldes (es el caso constatado y documentado de Méntrida, al que nos referimos más adelante) que afirman no poder hacer nada al respecto porque la tierra es de propiedad privada y “en ese terreno la Autoridad local no puede entrar”.

¡Vaya si puede! Y además la Constitución Española dice algo al respecto: Nada menos que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1), y que la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1.2 CE), no en Las Eléctricas. La CE también habla del derecho de los ciudadanos a una información veraz y a una participación efectiva (no solo a ser consumidores y paganos). Y hay toda una normativa específica sobre la obligación de las respectivas Administraciones a facilitar información pública. Y que toda la riqueza del país, independientemente de su forma y titularidad, está subordinada al interés general (art. 128).

Como también puede disponer que el Ayuntamiento asesore a los vecinos sobre los contratos y cláusulas de reserva de venta o alquiler con los que los ‘conseguidores’ acosan, literalmente y en privado, a los inexpertos propietarios de tierras para que vendan o alquilen. En ocasiones, cuando un vecino ha acudido al Ayuntamiento en demanda de ayuda al respecto, allí se han puesto de perfil: “es un asunto privado en el que nosotros no podemos entrar”.

¡Vaya! ¿Y no es privada también la empresa promotora a la que el Ayuntamiento le facilita un informe favorable -a espaldas de los vecinos del pueblo- para que instale allí una planta fotovoltaica? Algo falla en esta discriminación de ‘lo privado’ según quién sea el poderoso caballero… don dinero.

O sea, que si el Alcalde es el representante del pueblo-pueblo, que lo ha elegido democráticamente, en su condición de máxima Autoridad pública del pueblo algo tendrá que decir y algo podrá hacer por sus representados y electores, en lugar de ponerse silenciosamente en manos de la promotora fotovoltaica. ¿O es que hay que esperar órdenes de la Autoridad superior o de la Jefatura de Castilla-La Mancha? ¿Para qué han puesto los electores al Alcalde en ese cargo político público? ¿Para que les defienda y represente, o para que se amilane ante los embates del poderoso caballero Don Dinero? Lo que cabría esperar de él es que fuera capaz de enfrentarse a los ‘conseguidores’ fotovoltaicos y de movilizar a su pueblo para preservar su patrimonio natural y no consentir la destrucción del campo.

Los ‘conseguidores’ y los alcaldes constituyen así un papel fundamental en la estrategia de la promotora (o su matriz), ocupando un papel relevante en la denominada ‘cadena de valor’ del proyecto; los primeros, por su decisivo papel en el ‘aseguramiento’ de las tierras; y los segundos, por su capacidad o predisposición para emitir informes favorables a las pretensiones de la promotora.

Debe quedar claro que los altos precios pagados a los propietarios de las tierras forman parte del presupuesto de la empresa cuando se dan cifras de su aportación como inversión ‘local’, y que esos altos importes pagados por la compra o alquiler de tierras no son algo altruista, sino que serán después ‘recuperados’ a través de la factura de la luz u otros mecanismos, una repercusión social que no se menciona al publicitar el proyecto.

Cercamientos, ‘rodeos’ y expropiaciones

Como hay que vallar obligatoriamente las zonas instaladas o ‘huertos’ fotovoltaicos, la situación recuerda, en cierto sentido y salvando las distancias, a los peores efectos de las enclosures o cercamientos que se llevaron a cabo en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX (Leyes de cercamiento o Enclosure Acts), con la consiguiente ruina del campesinado, el abandono del campo y la huida de los campesinos y sus familias a las grandes ciudades, convirtiéndose en mano de obra barata y abundante para las fábricas de la Revolución Industrial, como nos recordarían Charles Dickens o Víctor Hugo, entre otros.

Nada de esto se ha dicho a los interesados, afectados o perjudicados, incluidos los posibles problemas de abastecimiento de agua, utilización y/o contaminación por silicio y detergentes químicos de tierras y acuíferos, ocasionada por la limpieza de las miles y miles, ¡millones! de placas fotovoltaicas. Les encandilan con un relato muy bonito y quedan persuadidos y embaucados por las artes relatorías del ‘conseguidor’ de tierras y contratos. Y dentro de unos años estarán desprovistos de sus tierras, el paisaje natural habrá desaparecido -convertido ahora en un ‘paisaje lunar’ fotovoltaico-, como también el trabajo de los pequeños agricultores y arrendatarios, que suelen ser los grandes perdedores de la operación. Quedarán menos jóvenes agricultores, de los que tanta propaganda se hace y tanto se quiere presumir. La cantidad de dinero -difícil de rechazar- que se ofrece por hectárea de tierra a sus propietarios, puede dar una idea de la rentabilidad que espera la empresa promotora de la operación, rentabilidad que más tarde veremos los consumidores ‘incorporada’ en nuestro recibo de la luz. No se trata de una inversión altruista o generosa por parte de las eléctricas, que se cuidan muy bien de publicitar esos importes pagados por el alquiler o compra de las tierras en el presupuesto del proyecto como ‘inversión local’ (que después recuperarán mediante la factura de la luz que pagaremos religiosamente los consumidores).

Puede suceder, con bastante frecuencia, que las tierras de algún agricultor propietario (tachado de ‘recalcitrante’, porque se niega a vender o arrendar) queden rodeadas por tierras ‘plantadas’ de paneles fotovoltaicos, lo que complicará sus labores agrícolas y le convertirá poco menos que en un marciano indeseable en medio de ese ‘paisaje lunar’ de silicio.

En tal caso, es muy posible que, a pesar de su negativa, su rechazo y sus protestas, ese propietario ‘recalcitrante’ o ‘insumiso’ se convierta en candidato involuntario a la expropiación forzosa, cuando la empresa promotora pida al Estado la declaración de utilidad pública de esa tierra que ha quedado ‘rodeada’. Utilidad pública no solo para incrementar la extensión y eficiencia del parque fotovoltaico instalado en las tierras cedidas ‘voluntariamente’ por sus vecinos, sino también, y además, para la construcción de la infraestructura necesaria y aneja al ‘parque’: tendidos soterrados de las conducciones de energía, subestación eléctrica, convertidor de corriente y demás parafernalia de los parque solares fotovoltaicos.

Y ahora sí, ahí se acaba lo de la sacrosanta propiedad privada que el Estado de todos, a petición de una empresa privada, se ocupará de convertirla en ‘utilidad pública’ y, de nuevo, traspasarla a las manos de la empresa privada, todo un ejercicio de prestidigitación. No se trata aquí de ‘transgénero’, sino de ‘transpropiedad’. Una especie de milagro que hace cambiar la tierra de propietario como por arte de magia; una especie de ‘desamortización’ a favor de las compañías eléctricas. Creíamos ser los primeros en haber encontrado esa analogía con nuestros ilustrados ancestros de la desamortización -principalmente, Madoz y Mendizábal-, pero hemos constatado que otros se nos han adelantado en esa caracterización, lo cual pone de manifiesto que compartimos el miedo y la gravedad de lo que representa esta invasión fotovoltaica

Esto de la expropiación forzosa no es ninguna broma Conviene que lo sepa todo el mundo. Los ‘agraciados’ por la expropiación son muy, muy numerosos, como en la lotería de Navidad. Cuando llegue el momento, a los ‘agraciados’ -que se enterarán de casualidad y con gran enfado cuando ya el pantanoso procedimiento legal y sus plazos estén llegando o hayan llegado a su fin- les pagarán un ‘justiprecio’ y a correr. Las Eléctricas se quedarán con esas tierras expropiadas en virtud de su ‘utilidad pública… Tal es su inmenso poder.

A este respecto, es altamente significativo que ya hayan surgido voces -incluso en el Senado de España, por parte del Portavoz de Teruel Existe– pidiendo la prohibición de la expropiación forzosa como mecanismo de apropiación de tierras en favor de los intereses empresariales. Esta es una novedad muy importante a tomar en consideración seriamente, frente a la aceptación sumisa y resignada, hasta ahora, del statu quo y la correspondiente normativa legal favorable a las compañías eléctricas. No se entiende por qué sí se expropian tierras para entregárselas a las compañías eléctricas y, en cambio, no se expropian determinadas viviendas vacías -propiedad de fondos ‘buitre’ o de grandes tenedores de fincas urbanas- para constituir en España un gran parque de viviendas sociales para los jóvenes y las familias más necesitadas, como derecho establecido por la Constitución Española; o residencias para nuestros mayores más vulnerables y precarios. Otra cuestión más a plantearse en este contexto o a propósito del mismo.

Además, para sortear y eludir obstáculos legales (permisos, licencias, exigencias de impacto ambiental, impuestos), con frecuencia, los megaproyectos fotovoltaicos se trocean en varios proyectos menores, inferiores a 50 MW (competencia de cada Comunidad Autónoma, no de la Administración central, normalmente más exigente y menos resiliente a las…’influencias locales’ o de terceros), más o menos dispersos, con los mismos efectos nocivos ya comentados y creando un impacto medioambiental acumulado y nefasto.

Para colmo, quien concede los permisos y licencias de instalación y actividad y, al mismo tiempo, quien realiza la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) son, en el caso de España actualmente, organismos que han sido colocados, a conciencia, bajo el control de un mismo Departamento ministerial (MITECO) o una misma Consejería autonómica; lo cual puede prestarse, presuntamente, a diversos tipos de artimañas (presiones empresariales, favoritismos, ‘hacer la vista gorda’ y otras corruptelas) y posibles conflictos de intereses. Y ya se sabe, con la concesión de la DIA, la plantación devendrá ‘sostenible’, sostenibilidad que será más fácilmente concedida a nivel autonómico que a nivel estatal… Es interesante aquí preguntarse por las razones y los objetivos de determinadas reestructuraciones ministeriales o administrativas en el ámbito institucional y legal

Y entonces, a partir de ahí, una vez otorgada la DIA y efectuadas las expropiaciones forzosas ‘pertinentes’, vuelta a empezar con aquello de la factura de la luz y las maniobras y el poder de Las Eléctricas (que ya empiezan a ser, también empresas 5G) … Porque esa es, en definitiva, la base de lo que podría denominarse Economía Política de las Fotovoltaicas.

Imaginen ustedes a Miguel de Cervantes (“El Ingenioso Hidalgo”), Antonio Machado (“Campos de Castilla”), Federico García Lorca, Miguel Hernández (“Andaluces de Jaén”), Miguel Delibes (“Los santos inocentes”), Paco Labordeta, Julio Llamazares, Paco Ibáñez o incluso John Steinbeck (“Las uvas de la ira”) o Gerald Brenan (“Al Sur de Granada”) caminando por esos pastizales donde ya no son gigantes (preciosos molinos de viento) contra los que hay que luchar, sino millones de placas fotovoltaicas a las que dedicar poemas, paseos, meriendas y viajes. La ‘nueva normalidad’ fotovoltaica, que diría nuestro Ingenioso Hidalgo.

Claro, enseguida dirán los señores de Las Eléctricas que del paisaje no se come, acostumbrados como están a deglutir constantemente kilovatios y a llevarse sus beneficios -ahora también, de utilidad privada- a sus paraísos off shore, como algún que otro emérito. Que les pregunten a los autores arriba citados si los campesinos comen o no de su trabajo, ellos y el resto de la población. ¿De dónde sale si no el vino, la carne, el aceite, las naranjas, el turrón, las conservas, la mermelada… ¿De los macroparques fotovoltaicos? Eso es precisamente el paisaje, el campo, la agricultura, la ganadería, la vendimia, el olivar y la vida. Y el oxígeno que nos proporcionan las plantas, que nos permiten vivir, además de eliminar el CO2 que generamos los humanos. ¿Qué dirán de todo esto los andaluces de Jaén, aceituneros altivos…?

Además, quienes venden o arriendan sus tierras durante 35 años o más, engatusados por el alto precio que les pagan, pueden llevarse una sorpresa (o un susto) cuando verifiquen que la cuantía de dinero que se les ha prometido se ve significativamente disminuida por ‘el palo’ del Impuesto sobre la Plusvalía y el IRPF en su declaración de Renta al año siguiente, algo que no les cuenta ni el Alcalde ni el ‘conseguidor’ fotovoltaico, ni la letra pequeña de los respectivos contratos de reserva, cesión, alquiler o compraventa.

“Las energías renovables son una parte importante de la transición ecológica. ¿Existe la amenaza de llenar el campo de macroplantas solares o eólicas?”, pregunta el periodista a Francesc Boya, ex diputado en el Parlamento catalán y ex senador socialista, quien ejerce ahora de secretario general para el Reto Demográfico. A lo que éste responde: “Hay que procurar que eso no suceda. Los planes de ordenación del territorio, que es una competencia de las comunidades autónomas, deben ser razonables. Primero, hay que tener en cuenta la eficiencia de esta clase de energías, instalándolas allí donde el rendimiento agrícola sea bajo. Y después, entender que la tierra es la que nos alimenta y que la superficie de cultivo no puede desaparecer por el valor de mercado que han adquirido, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas”

La batalla de Méntrida: un caso paradigmático

A título de ejemplo bien concreto, y como mero botón de muestra de cuanto se denuncia en estas líneas, puede servirnos el caso paradigmático de Méntrida, pequeña y sosegada localidad castellanomanchega de apenas cinco mil habitantes, situada al noroeste de Toledo (Castilla-La Mancha) y fronteriza con la provincia de Madrid.

En ese pueblo, y como en otros muchos casos, vecinos de varias localidades toledanas cercanas a Madrid (La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte, Santa Cruz de Retamar -aquí también se opone el propio Ayuntamiento-, Valmojado, Camarena, Fuensalida, … ¡fíjense qué nombres tan bellos!) han mostrado su oposición y rechazo a la invasión fotovoltaica, se han dirigido a promotoras y autoridades y han alertado a los medios de comunicación

La instalación de paneles solares en las tierras cultivables de Méntrida y alrededores servirá, si sus habitantes no lo remedian, para suministrar energía eléctrica, no al propio pueblo, como sería lógico y de justicia, sino ¡a la capital!, Madrid, gran consumidora y deficitaria neta en producción de energía eléctrica. Para lo cual, será necesario desbrozar los cultivos, arrasar cuanto haya por medio y abrir zanjas (si preciso fuere, expropiando aún más terreno, en su caso, estén o no de acuerdo sus propietarios) para el tendido y soterramiento de las conducciones eléctricas que llevará la energía producida hasta el lugar de conexión, distribución y/o consumo (Villaviciosa de Odón, ya en Madrid). También pretenden construir una nueva línea de alta tensión que transporte la energía eléctrica producida en otras plantas fotovoltaicas de pueblos de alrededor, centralizarla en una estación colectora, y llevarla también a Villaviciosa de Odón (Madrid).

De la mitad de lo que nos consta que se pretende llevar a cabo en esas tierras, parece (por aquello de la información nula) que tres grandes grupos empresariales (dos de ellos, extranjeros), con seis promotoras en acción, quieren poner en marcha siete proyectos de entre 74 a 203 MW cada uno, con un total de más de 1.000 MW, repartidos entre 150 y 406 hectáreas (Ha.), alcanzando un total de ¡más de 2.000 Ha! (la cuarta parte de Méntrida) de la tierra agrícola del pueblo, el equivalente a unos 2.600 campos de fútbol juntos. Que venga Sancho y lo vea. A saber cómo quedarán después (y en manos de quién) esas tierras, dentro de 40 años, con todo el hormigón de las fijaciones fotovoltaicas incrustado en el suelo, la tierra erosionada, degradada y empobrecida de nutrientes, e infestada de silicio, detergentes, compuestos químicos y demás. Si es que no dejan abandonadas, también, cuando toque, los centenares de miles de placas solares obsoletas, convertidas en toneladas de chatarra inservible, residuos peligrosos

Esto, de lo que se sabe…, porque no sabemos mucho más: información cero, democracia plena. En otros lugares de la geografía española -se afirma- los parques fotovoltaicos engullirían hasta ¡el 60% del territorio! Ahí es nada. Parece que el obligado legalmente a retirar, en su momento, las placas será el propietario de la tierra, que puede ser entonces una empresa que ha ‘desaparecido’…; o el anterior propietario arrendador (que deberá hacerse cargo del ‘muerto’); o, en su caso, el nuevo propietario, tal vez una Eléctrica o Tecnológica del IBEX, a la que la promotora o instaladora habrá vendido ‘el huerto’ una vez conectado a la red y puesto en servicio (venta de la planta ‘llave en mano’). Al final, todo queda en casa, la tierra ajena ‘desamortizada’ y la factura eléctrica. Buena jugada, la cuadratura del círculo. Y sigue así la acumulación de K, Kilovatio y Kapital.

Aquí, en este pueblo toledano, Méntrida, es donde el Sr. Alcalde dice no poder hacer nada -a pesar de ser la máxima autoridad- por tratarse de ‘negocios privados’. Al parecer, no se ha enterado de que la Naturaleza, el paisaje, el aire son bienes públicos, intangibles, un bien colectivo, de todos, y que su maltrato y destrucción acarrean consecuencias graves, como la pandemia que actualmente padecemos -de la que tanto nos quejamos- y las futuras que vendrán si nos obstinamos en seguir por este camino, agrediendo a la Naturaleza, que se vengará de ello. ¿Servirán de algo la dolorosa experiencia vivida y las advertencias de los científicos sobre el futuro que nos espera?

Parece que los anteriores regidores de ese pueblo toledano no se han ocupado mucho de la normativa medioambiental. Algo se hizo años ha (se establecieron unas ‘normas subsidiarias’), después de que atizase, en las pasadas décadas, la ‘fiebre del ladrillo’, con la inversión descontrolada y la construcción de urbanizaciones ilegales por doquier (no precisamente vivienda social, de la que tan deficitarios seguimos, porque no es ‘rentable’). Pero, en cambio, nada se había previsto ante la nueva avalancha, la fiebre del ‘nuevo ladrillo’, los parques fotovoltaicos. Parece (información cero, democracia plena) que el Ayuntamiento de Méntrida ha dado su placet -informe favorable- a los proyectos de las promotoras fotovoltaicas, sin contar con los habitantes del pueblo, los que trabajan sus campos y los que habitan en las urbanizaciones. Dentro de poco, si no se para esta maniobra ecocida, también esas urbanizaciones se convertirán en urbanizaciones ‘con vistas al mar’… de placas fotovoltaicas, que perderán su valor y su encanto para sus habitantes, forzándoles a buscarse otro sitio más romántico -si pueden permitírselo- que no esté rodeado de paneles fotovoltaicos…

Y lo que es más grave aún, los informes favorables del Ayuntamiento de Méntrida -favorables para los proyectos de las promotoras fotovoltaicas- han sido realizados por un arquitecto indebidamente contratado en sustitución del titular, al que se apartó del cargo mediante un despido improcedente, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, confirmada por el Tribunal Supremo El arquitecto indebidamente despedido hubo de ser repuesto en el cargo tras esa sentencia. Pero es demasiada ‘casualidad’ que los informes del Ayuntamiento favorables a las promotoras fotovoltaicas se emitieran precisamente justo antes de dicha reincorporación… Con lo cual, los mencionados informes favorables a la instalación de PSFV en Méntrida pudieran ser ilegales y/o nulos de pleno derecho. Seguimos, pues, en el país de los ‘pelotazos’, las comisiones y la desinformación. Es interesante conocer estas ‘pequeñas’ cuestiones del funcionamiento de los Ayuntamientos…, que pueden llevar, en este caso, a invadir y expropiar las tierras agrícolas conforme a los intereses de las empresas energéticas ‘verdes’.

Si sus habitantes no lo logran frenar, pueden destruirse allí olivares centenarios, viñedos, huertas, tierras de cereal y de pasto. Con ello, se lo pondrán muy difícil a las reputadas bodegas y cooperativas mentridanas, que sudaron mucho para conseguir la denominación de origen (DO) “Méntrida”, todo un valor hoy para la región y el país, con primerísimas calificaciones internacionales y exportación de sus reputados vinos a todo el mundo. Puede que esas bodegas, construidas y mantenidas con tanto esfuerzo, tengan que terminar cerrando y eliminando los actuales puestos de trabajo. Adiós también a la caza y el paisaje. Adiós a los puestos de trabajo y los ingresos consiguientes. Adiós, familias, adiós.

¡Vecinos de Méntrida, movilizaos! ¡Defended vuestras tierras! ¡Tomad vuestro destino en vuestras manos!, como dice Susan George(“Cómo muere la otra mitad del Mundo”). Nadie lo va a hacer en vuestro lugar. Depende de vosotros mismos.

Hemos dicho que este pueblo, Méntrida, es un caso paradigmático porque, a diferencia de otros muchos, aún hay tiempo, aún no se ha perpetrado el atentado, el ecocidio o naturacidio. Se puede parar. Otra solución es posible. Son nada menos que 2.000 hectáreas, el equivalente a unos 2.600 campos de fútbol juntos, o más. A las puertas de la capital, Madrid, y para dar servicio a la capital (“España nos roba”), no al propio pueblo toledano y a sus habitantes. “De llevarse a cabo estos proyectos implicarían un desastre ecológico y social sin precedentes para la localidad al convertirla en un mar de placas solares, pasando a formar parte de esa burbuja especulativa en la que parecen haberse transformado las energías renovables en tiempos de pandemia”, afirman los afectados

Si Madrid quiere consumir más energía de la que ya consume -que no debiera ser el objetivo-, muy bien puede instalar paneles fotovoltaicos en las terrazas y tejados de sus edificios, para el autoconsumo de su población y más beneficioso para sus habitantes (reducción de la factura eléctrica), empezando por todos los edificios oficiales y los polígonos industriales, por ejemplo, en lugar de expropiar tierras ajenas y destrozar el patrimonio natural y cultural de los mentridanos. ¿Qué dirían los madrileños -y los turistas- si les invadieran el parque de El Retiro, el Parque del Oeste o la Casa de Campo con plantas fotovoltaicas?

Como señala el portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, “las empresas de energías renovables se están comportando como los buscadores de oro del siglo XIX, los gambusinos en la llamada fiebre del oro en California. Copar el pastel, que previsiblemente dejará el petróleo, es su meta. Para lograrlo son capaces de arrasar con todo. Las empresas de energías renovables se benefician de un mal llamado interés general o interés autonómico y de ayudas europeas. Y, sin embargo, no se ha preparado una nueva normativa que organice, regule, armonice y priorice su instalación, con respeto sobre lo existente, es decir, nuestro patrimonio natural, ambiental, cultural y paisajístico, y sobre nuestras actividades tradicionales: turismo rural, ganadería extensiva, apicultura, micología o agricultura, de forma que, con la excusa de implantar una energía verde, nos podemos cargar todo lo verde, natural y tradicional que existe ahora en el territorio. Mientras se persigue la eliminación del CO2, contaminamos lo puro, lo virgen, lo que hoy apreciamos, y convertimos los pueblos más bonitos de España en fuentes de generación eléctrica para limpiar de polución las grandes ciudades. Y lo que es más grave: sin retribuir como se merece al territorio que contribuye a la generación eléctrica y sufre sus perjuicios. ¿Qué dirían los ciudadanos de Madrid si en el Retiro se instalaran varios aerogeneradores de 200 metros de altura, que son más altos que la Torre Picasso y casi alcanzan a la Torre PWC? Para un pueblo, su monte es su parque; y su entorno, un valor. Y tiene todo el derecho a cuidarlo y mimarlo como se hace en las ciudades. (…)”

“Lo peor de toda esta situación, de esta auténtica invasión colonial del medio rural, es que está minando la convivencia de los vecinos de los pueblos: entre los que esperan un beneficio y los que ven los perjuicios sobre su forma de vida, trabajo o su entorno. La España vaciada parece que ni pintada para llenarla de molinos y placas, con ayuntamientos pequeños y pobres, infrafinanciados y faltos de asesoramiento económico-legal, con una población envejecida, con escasa actividad económica, a lo que se unen fondos europeos para la transición ecológica, fondos buitre, leyes regulatorias en tramitación y una pandemia que agudiza la búsqueda de un negocio muy lucrativo. Todos los astros del universo parece que confluyen para que siga creciendo el centro y la periferia de España a costa de la España despoblada (…). Renovables, sí, pero así, no.”

En el Pleno del Consistorio de Méntrida, celebrado el 25 de febrero de 2021 mientras redactábamos estas líneas, tres concejalas de la oposición (el PSOE tiene mayoría en ese Ayuntamiento), tres mujeres-tres, se enfrentaron a su Alcalde por haber dado el visto bueno a las fotovoltaicas y le pusieron en evidencia, recriminándole su silencio, su actuación antidemocrática y su falta de información a los vecinos y a sus representantes; más bien, su ocultación del asunto. Mientras tanto, los concejales del PSOE permanecieron mudos, ajenos al asunto, sin soltar palabra. ¿Sorprendidos por el ‘descubrimiento’ de las concejalas subversivas, atrevidas, valientes, en su papel de defender los intereses de los habitantes del pueblo, sin siquiera haber sido informadas del asunto por su Alcalde? ¿Esperando ‘instrucciones’ de su jefe político en Castilla-La Mancha?

Las tres concejalas sacaron a relucir que su Regidor, presuntamente, pretende hipotecar nada menos que ¡2.000 hectáreas de terreno agrícola! a las promotoras fotovoltaicas, lo que implicaría todos los daños y perjuicios arriba señalados. En el mapa de zonificación ambiental de energías renovables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) -que es solo orientativo y no vinculante-, las tierras de Méntrida no figuran precisamente entre las más favorables para llevar a cabo una operación de agresión fotovoltaica como la que se pretende. Pero eso, parece que le daba igual al Regidor, si es que conocía la existencia de ese mapa. Los concejales del PSOE seguían mudos (como se puede apreciar en el vídeo de la sesión). El Secretario del Ayuntamiento le echó varios capotes al Regidor, que balbuceaba vagos buenos deseos y bastante desconocimiento, o eso decía. Asunto dudoso. El tema se trató sólo en el punto final de “Ruegos y Preguntas” de la sesión, porque ¡ni siquiera estaba en el Orden del Día!, no era relevante para los vecinos…

El lector interesado puede dedicar unos minutos a visionar ese corte del vídeo de la sesión de dicho Pleno Municipal (hay un enlace al vídeo en las Notas de este artículo), porque es muy ilustrativo, resume en vivo todo lo dicho hasta aquí y da una idea de cómo funcionan algunos Ayuntamientos -un importante tema a estudiar-… Es un valioso documento. Uno se lleva las manos a la cabeza. ¡Qué pasará en otros tantos Ayuntamientos! Por orden de intervención en dicho Pleno Municipal, la primera concejala es la representante de Vox; la segunda, de Izquierda Unida (IU); y la tercera, del Partido Popular (PP)

Otros municipios han tenido (ya) mucha peor suerte que los habitantes de Méntrida y pueblos colindantes. Pero si traemos a colación precisamente el caso de Méntrida es porque, a diferencia de muchos otros casos, sus vecinos todavía están a tiempo de informarse de verdad, de tomar conciencia, de tomar su destino en sus propias manos, de exigir sus derechos constitucionales de información y participación, y de impedir que se perpetre esa barbaridad, ese atentado que su Alcalde parece dispuesto a consentir, haciendo caso omiso de las protestas de las concejalas de la oposición ante el drama que se cierne sobre su propio pueblo y sobre el cual afirmaba no poder hacer nada, ¿esperando instrucciones de la superioridad?

Pues bien, en lugar de facilitarle las cosas a las promotoras fotovoltaicas para que arrasen el paisaje y el patrimonio de Méntrida, su Alcalde muy bien podría, por ejemplo, promover ante el Gobierno de Castilla-La Mancha que el paisaje cultural del vino y el viñedo de Méntrida sea declarado Bien de Interés Cultural, como ya hizo hace años el Gobierno de La Rioja, y así proteger los viñedos y las tierras de Méntrida de la insaciable voracidad de las promotoras fotovoltaicas. También Andalucía se ha ocupado de que sus olivos se conviertan en Patrimonio Mundial. No es una idea ‘original’ nuestra: también la Unesco recomienda proteger el paisaje.

“Los paisajes vitícolas más fascinantes del mundo (y en España tenemos muchos de ellos) no impresionan por la belleza de una naturaleza intacta, sino por la manera en que el hombre ha conseguido modelarla a través de los siglos. (…) El antropólogo Luis Vicente Elías Pastor escribe en su obra ‘El paisaje del viñedo’: “El paisaje garantiza de alguna manera la calidad del producto y paisajes bellos atraen a los visitantes que consumen los productos cuya garantía está en el territorio que visitan. De ahí que preservar la esencia de esos escenarios articulados en torno al vino sea una de las vías obvias para generar riqueza en áreas rurales y también para luchar contra la España vaciada.” “Pero la protección de algo que aún se considera ‘subjetivo e intangible’, no resulta fácil. Aunque España se sumó al Convenio Europeo del Paisaje en 2008, muy pocas comunidades (Galicia, Valencia, Cataluña o Cantabria) han desarrollado leyes específicas y en la práctica muchas cuestiones dependen de los planes urbanísticos de los municipios, un terreno gris y una legislación tibia”. “En España, tres regiones volcadas en la viña trabajan por conseguir el reconocimiento de la Unesco como patrimonio mundial. Que una región vitícola española obtenga este sello, como ya lo tienen los terroirs y climats de Borgoña francesa, las laderas, maisons y bodegas de Champagne o el paisaje vitícola de Langhe-Roero y Monferrato en el Piamonte italiano, podría alumbrar una nueva visión sobre el valor del paisaje vitícola y agrario en España. Porque el vino español ha sido uno de los grandes embajadores en las últimas décadas. “En función de cómo se cuide y de la calidad de sus vinos, una región vinícola puede convertirse en el máximo exponente de un país”

Según el Ministerio de Cultura y Deporte, los olivares andaluces -tome nota el Alcalde para los olivares de Méntrida- conforman “un sólido tejido social, convirtiéndose en un paisaje excepcional; esto es, paisaje, patrimonio, vida y cultura. Se trata de paisajes históricos superpuestos, ya que muestran todo el relieve y diversidad de la región que envuelven al territorio y representan un gran acervo patrimonial del pasado, del presente y del futuro”

Afortunadamente, otros alcaldes y municipios -como los de Cáceres , Chiva, Moixent, La Font de la Figuera, Terres dels Alforins, los Valles Pasiegos, Jaca, Sabiñánigo, Santa Cruz de Retamar, Yecla, Mula,…- parecen más ‘atrevidos’ que el de Méntrida en la defensa de los intereses del municipio y sus habitantes. Lo mismo cabe decir de un senador de ‘¡Teruel Existe!’, como se expone más adelante.

Petición de ‘Salvemos los Campos’

En vista de cómo estaban las cosas, tras la anteriormente citada sesión del Pleno del Consistorio, la Asociación ‘Salvemos los Campos’ registró un escrito en el Ayuntamiento de Méntrida, en el cual, en virtud del derecho de petición, solicitaba la adopción de una serie de medidas en relación con los actuales planes de plantas solares fotovoltaicas (PSFV) en esa localidad

Y no es que esta cuestión se esté “utilizando políticamente”, como se la ha pretendido desprestigiar. El interés de la Asociación Salvemos los Campos no es criticar al Alcalde, en absoluto, sino que ésta ha surgido como respuesta a un asunto de la máxima importancia para la vida en el pueblo, al que los políticos no pueden ser ajenos. Y le tendrán que dar solución antes o después. El cargo de Alcalde es en sí mismo político, como lo es también la instalación de parques solares fotovoltaicos, las posibles expropiaciones forzosas, la factura eléctrica, los puestos de trabajo o la vida misma. Como se ve, nos queda aún mucho recorrido para llegar a la ‘democracia plena’.

Tras los hechos aquí relatados, la Asociación ‘Salvemos los Campos’ ha iniciado una campaña pública de recogida de firmas que, con el título “Moratoria de parques solares en Méntrida: Plan de Ordenación Municipal y respeto al campo”, manifiesta: “Expresamos nuestro rechazo a las plantas solares de grandes dimensiones en Méntrida (Toledo) por su elevado impacto medioambiental, social, y sobre la calidad de vida de los vecinos, y pedimos una moratoria de licencias municipales de PSFV hasta que el municipio se dote de las herramientas adecuadas, en línea con la petición presentada por la asociación Salvemos los Campos ante el Ayuntamiento de Méntrida, el 3 de marzo de 2021”

Al respecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que se jactaba de dar más ‘facilidades’ que otros a las promotoras fotovoltaicas para que invadieran su territorio, tendrá que recular: El Tribunal Constitucional tendrá que decidir sobre algunos aspectos de la evaluación ambiental de los llamados “proyectos prioritarios”. Castilla-La Mancha tendrá que modificar su Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en la región. Y es que dicha Ley de Proyectos Prioritarios, uno de los textos normativos ‘estrella’ del Gobierno castellanomanchego de la presente legislatura, entre otras ‘facilidades’, establecía la simplificación y agilización de los trámites urbanísticos y ambientales, y menores plazos de información pública (‘tramitación preferente’, ‘más laxa y ágil’…) para aquellos proyectos de inversión empresarial que fueran calificado de ‘prioritarios’ para Castilla-La Mancha, como los fotovoltaicos. No se habían hecho bien las cosas, demasiadas ‘facilidades’…

En el mismo sentido que en Méntrida, y bajo el título “Aviso a navegantes fotovoltaicos”, el diario La Opinión de Zamora comentaba: “Es lo que tiene cuando se abre una grieta en el muro de un embalse, que cuando brota agua se convierte en torrente que arrasa lo que pilla. Ojo con la fiebre de las fotovoltaicas, que el prometido maná si cae del cielo sin control puede cubrir todo lo que se mueve y tras la helada asesina convertir el horizonte en farfolla. (…) Esta provincia tiene lo más importante –y lo menos valorado por una sociedad virtual y fatua-: terreno contante y sonante, y explotarlo es su obligación, pero no a cualquier precio. Instalaciones fotovoltaicas sí, pero no a costa de terrenos agrarios, de labor, que quedarán décadas inundados de silicio que ya veremos a ver quién retira. No a metalizar los cascos urbanos ni a encadenar ríos y arroyos, no a arrancar árboles ni a robotizar la naturaleza salvaje y la biodiversidad.”

“La Administración tiene la obligación de controlar un movimiento especulativo que va a más y al que, seguro, se engancharán grandes compañías, pero también inversores de distinta solvencia y condición que pueden dejar un rebufo pringante si el negocio no es tan rentable como cantan las 3.000 horas de sol al año que, ojo, solo generarán energía cuando abra el grifo la compañía compradora que toque. Que nadie atropelle intereses agroalimentarios o medioambientales que son la columna vertebral de esta tierra, que nadie intente engañar a los propietarios de terreno prometiendo el paraíso sin explicar que el IBI rústico no tiene nada que ver con el industrial y la correspondiente cotización a Hacienda. Estamos hartos de que los listillos de turno nos pasen a firmar contratos que no entendemos. Claridad, aplicación sin saltar una coma de la normativa, utilización de espacios baldíos y eriales y una tarifa favorable (o discriminación positiva) para que puedan instalarse empresas en el ámbito rural. Entonces, con estas condiciones, sí a los huertos solares y “huertillos”.

Otras muchas batallas, oposiciones, rechazos y moratorias

El caso de Méntrida es solo uno de los muchos casos, un botón de muestra de lo que está sucediendo en muchos otros lugares de España, y puede servir de aviso a navegantes. La realidad es que, como señalábamos al principio, están surgiendo por doquier numerosas protestas de las personas y los municipios afectados; protestas que, por lo general, solo la prensa provincial o local – más cercana a la preocupación de los afectados- proporciona una cierta visibilidad, quizá cuando ya se está en la fase de ejecución del proyecto y ya es demasiado tarde para frenar o revertir la situación y las consecuencias más nocivas. A veces, los afectados se enteran o toman conciencia cuando el proyecto ya ha sido aprobado con los parabienes de las autoridades y sin que los perjudicados hayan sido informados previamente ni, por consiguiente, haya habido participación ciudadana en una decisión que les afecta directamente.

De entre esos otros muchos casos solo mencionamos en este apartado algunos de los recogidos por la prensa, porque hay tantos que no se puede ser exhaustivo. Y, además, es agotador y repetitivo, también para los lectores.

* Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, los titulares de prensa son bien explícitos: “El boom de los parques solares en Castilla-La Mancha en nombre de la transición energética”, “Castilla-La Mancha sigue su ‘carrera’ fotovoltaica” (…). “El Diario Oficial de Castilla-La Mancha sigue con la abrumadora publicación de solicitudes para la instalación de placas solares fotovoltaicas a lo largo y ancho de toda la región. Este lunes la Consejería de Desarrollo Sostenible publica seis anuncios que supondrían la colocación de más de 600.000 paneles solares en Recas (Toledo). Tres empresas fotovoltaicas han presentado proyectos para instalar hasta seis parques fotovoltaicos en ese municipio toledano. Los seis proyectos son idénticos en potencia instalada (46 Mwp) que en conjunto conformaría un megaparque. También ha salido a información pública otro parque solar fotovoltaico en Caspueñas (Guadalajara), un pequeño municipio de La Alcarria.” La prensa local se hace eco de que, precisamente en los últimos días, tanto en Toledo, desde Méntrida, como en la provincia de Guadalajara se han levantado distintas voces que están pidiendo al Gobierno regional y a los alcaldes una “regulación” de lo que califican de “avalancha” y “fiebre” de este tipo de instalaciones por toda la región.”

En marzo de 2021, Guadalajara Diario se hacía eco del boom de parques fotovoltaicos que van a instalar en la provincia. Antes había dado la voz de alarma el sector agrícola señalando que las empresas estaban intentando quedarse con los mejores terrenos para cultivos. Ahora ha sido el grupo Ecologistas en Acción quien ha alertado de esta situación que está desbordando -dicen- a la Administración y a la propia organización ecologista. De momento han presentado alegaciones a los proyectos de fotovoltaica y eólica que afectan a municipios como Jadraque, Almadrones, Yebra, Algora, Torremocha del Campo, Galápagos, El Casar, Valdegrudas, Yunquera, Alovera, Villanueva y Quer, entre otros. Y están preparando alegaciones a otros 13 proyectos que afectan a Budia, San Andrés del Rey, Peralveche, Alcolea del Pinar y Caspueñas. Afirman que estos proyectos de plantas fotovoltaicas supondrán, de aprobarse, miles de hectáreas ocupadas y valladas, lo que generaría un importante impacto en forma de barreras y fragmentación del territorio humano y a los ecosistemas; un importante impacto socioeconómico y, sobre todo, ambiental.

Ecologistas en Acción valora negativamente el apoyo expreso manifestado por parte de la Administración regional al despliegue de estas megaplantas solares y se muestran sorprendidos por lo que califican de falta planificación y de control. Proponen que se aprovechen, en cambio, los miles de hectáreas de tejados y azoteas disponibles en los núcleos urbanos e industriales. Según la organización ecologista, las grandes empresas eléctricas que han aterrizado en esta provincia “anuncian la construcción de megaplantas con bastante antelación para subir en Bolsa y recibir fondos europeos, y utilizan técnicas para conseguir terrenos, e incluso modificar futuros espacios protegidos, dignas de un manual de burladores de los resquicios legales”

El 6 de mayo de 2021, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara -APAG- emitía el siguiente Comunicado de Prensa: “APAG se une a la petición de moratoria para los megaparques solares y anima a los ayuntamientos afectados a aprobarla en sus plenos”: APAG se suma a la iniciativa ciudadana -ya desarrollada en otras comunidades autónomas- promovida desde la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) solicitando una moratoria inmediata a la instalación de nuevas macroplantas de energía solar”. Y simultáneamente, la movilización ciudadana obligaba a paralizar la puesta de la primera piedra de lo que iba a ser “el mayor parque fotovoltaico de Europa”, prevista para el 7 de mayo (tal y como se comunicó a la CNMV desde la empresa Solaria). Una marcha atrás que coincide en el tiempo con la presentación de tres denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica por estos proyectos por parte de Ecologistas Guadalajara. La Organización había presentado esas denuncias porque considera que la empresa ha fragmentado los proyectos para minimizar su impacto medioambiental.

También, al mismo tiempo, Salvemos los Campos emitía otro Comunicado de Prensa con el título “Por una Moratoria Inmediata a la instalación de nuevas plantas de energías renovables de grandes dimensiones. Manifiesto en defensa del paisaje rural, la biodiversidad y el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha”. La noticia la daba elDiario.es con el titular – “Hasta 17 colectivos de Castilla-La Mancha, en pie de guerra contra la “avalancha” de megaparques solares.”

* La experiencia de la exitosa lucha llevada a cabo en los pueblos del Valle de Alcudia es un ejemplo para otros muchos pueblos de España. El Valle de Alcudia es uno de los grandes espacios naturales de Castilla-La Mancha, declarado en parte Parque Natural por su enorme patrimonio natural, configurando un área geográfica de excepcional importancia desde el punto de vista de la conservación por el elevado número de especies emblemáticas amenazadas que alberga. A principios de 2020 se conoció “la aberrante noticia” de que las administraciones locales pretendían convertir la zona central del Valle en un enorme polígono industrial: en total, 18 proyectos fotovoltaicos, que ocuparían una superficie de más de 2.828 Ha. (sin contar los tendidos eléctricos aéreos y soterrados), con una potencia total de 945 Mw., lo que tendría un enorme impacto medioambiental y constituiría una agresión paisajística sin precedentes.

Ecologistas en Acción del Valle de Alcudia y de Ciudad Real organizaron una campaña de información a la población de la comarca: “No queremos convertir nuestro querido Valle de Alcudia en un mar de placas solares, aunque estas inversiones supongan un beneficio a corto plazo para las administraciones locales. El Valle de Alcudia ha sobrevivido al tiempo manteniendo su tradición ganadera, desde los tiempos de La Mesta, pues ha sido y sigue siendo destino de la Trashumancia. No permitamos que se pierda la belleza natural de nuestro Valle de Alcudia“. Y presentaron alegaciones pidiendo el archivo definitivo de los proyectos, por considerar que esos 18 proyectos debían considerarse como uno solo, “puesto que, tratándose básicamente del mismo tipo de instalaciones, la mayoría de sus efectos actúan en sinergia y son sumatorios”. Entre los efectos sinérgicos consideraban la alteración paisajística, pérdida de suelo, ocupación de territorio de especies protegidas, ‘efecto barrera’, cierre de caminos históricos, degradación del espacio colindante con las vías pecuarias, etc.: “La fragmentación en 18 diferentes proyectos, de las mismas características y con la misma situación geográfica y estratégica, obedece a una argucia inicial de los promotores, para evitar así el sometimiento a una evaluación extraordinaria, o lo que es lo mismo a Evaluación Especial Estratégica de Planes y Programas, que requiere un procedimiento más exigente que la evaluación ordinaria. Esta urdimbre en fraude de Ley es de tal magnitud, que solo por ese motivo deben de ser rechazados los proyectos”.

Además, esas instalaciones industriales suponían una recalificación del suelo, que alteraba radicalmente su valor y afectaría significativamente al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. “Nos parece un disparate decir que una instalación industrial como ésta no afecta a un parque natural… Los promotores evidencian una ignorancia supina hacia el Valle de Alcudia, que ha pasado a la historia por ser una de las comarcas ganaderas más importantes de Europa y que, actualmente, mantiene unos recursos naturales, culturales e históricos, que merecen su protección bajo la figura de parque natural; un parque en el que, entre otros valores, destacan las numerosas aves y otras especies de fauna protegida… El proyecto se encuentra dentro y rodeado por varias Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000, que sufriría una grave afección en esa comarca. En caso de llevarse a cabo los proyectos, se producirían múltiples afecciones a la fauna protegida, a causa de la ocupación del territorio, de los vallados, la reflexión de luz de los paneles, el tendido eléctrico y sus efectos asociados: destrucción y fragmentación de hábitats faunísticos, ‘efecto barrera’, choques y electrocuciones, …”

También se verían dañados numerosos bienes de interés cultural, como las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos Históricos. El paisaje sufriría una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y los Planes de Ordenación del Territorio.

También el desarrollo sostenible de la comarca se vería perjudicado de forma notable, al afectar a las actividades económicas sostenibles actuales, causando una pérdida en valor de su imagen y atractivo turístico, y un impacto en las actividades ecoturísticas actuales, en cuya promoción se han invertido cuantiosos fondos europeos.

Respecto a las supuestas ventajas socioeconómicas de los parques fotovoltaicos, concretamente la creación de puestos de trabajo, señalaban: “Esto puede ser correcto en la fase de ejecución del proyecto, pero no en la fase de funcionamiento. Una vez finalizado el montaje de la instalación, un mínimo de trabajadores se encarga de las centrales y, aunque en algunos proyectos hablan de 20 puestos de trabajo, finalmente admiten que únicamente habrá 3 contratos fijos. Sin embargo, reconocen que «la planta no contará con presencia permanente de trabajadores». Tampoco hablan de los puestos de trabajo que se perderían por efecto directo de la ocupación del suelo, y la eliminación de otras formas tradicionales de uso del mismo, como es la ganadería. Se perderían o disminuirían empleos de pastores, vaqueros, guardas, veterinarios, venta de material ganadero y de piensos… También se perdería la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo en reforestación, turismo rural, turismo activo, etc. En un valle con este macro polígono industrial fotovoltaico es previsible que haya muy pocos turistas, así que también sobran los hoteles, los restaurantes y las personas que trabajan en la limpieza, en la cocina, los guías turísticos…”

Las alegaciones concluían solicitando a las administraciones públicas, tanto la regional como la estatal, que rechazaran esos proyectos y se archivaran definitivamente. “Su negativo y elevado impacto social y ambiental, hace que lo más razonable para esta comarca sea evitar que se lleguen a construir”. Y pedían a los alcaldes de la comarca “que reflexionen, que piensen, no sólo en las cuentas a corto plazo, sino en la enorme responsabilidad que contraen, si continúan apoyando estos proyectos para transformar el Valle de Alcudia en un enorme polígono industrial fotovoltaico. No solo este valle, sino esta comarca no se lo merece. El futuro de esta comarca debe pasar por la conservación de su importante patrimonio cultural y ambiental, y en el aprovechamiento ecoturístico de sus recursos. Nunca se debe permitir la degradación de este valioso entorno hasta convertirlo en un vulgar polígono industrial. Reflexionen; reflexionen y cambien el rumbo en busca de un futuro mejor para todos, y no sólo para unos pocos.”

Finalmente, se consiguió: las autoridades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, rechazaron la instalación de ese macroparque fotovoltaico en el Valle de Alcudia y ofrecieron a las empresas promotoras otra ubicación alternativa. Un valioso ejemplo a seguir

* Les Terres dels Alforins (Comunidad Valenciana)

Los grandes parques solares fotovoltaicos también amenazan a Les Terres dels Alforins, una subcomarca que abarca las poblaciones de Fontanars dels Alforins, la Font de la Figuera y Moixent, donde promotoras y fondos de inversión pretenden instalar diez parques fotovoltaicos, en lugares en los que hoy hay amplias extensiones de tierra fértil. El Consistorio de Moixent ya ha rechazado los dos proyectos que le conciernen y se espera la misma decisión para los otros ocho proyectos por parte del Ayuntamiento de la Font de la Figuera.

Los Alforins son unas tierras de enorme valor paisajístico, dominado por vides y campos de olivos, y con bodegas denominación de origen. Las grandes instalaciones fotovoltaicas previstas amenazan la agricultura, el paisaje y el ecologismo de dichos terrenos. La Societat de Viticultors i Productors de Terres dels Alforins (una asociación de diez bodegas y viñedos de las tres localizadas citadas) “se ha alzado en armas contra la habilitación de estos proyectos de energía fotovoltaica, a los que ha dado luz verde la Generalitat Valenciana con un decreto ley para agilizar su puesta en marcha”.

La postura de la Societat de Viticultors i Productors es clara: «Hay que paralizar el decreto, modificarlo y garantizar cierta protección. Están banalizando toda una cultura y un modo de vida». Los afectados han trasladado esta demanda al organismo autonómico competente, pidiendo la suspensión, al menos cautelarmente, del decreto 14/2020, que regula la construcción de instalaciones de energías renovables en la Comunidad. Dicha normativa, afirman, aprovecha vacíos en los planes urbanísticos locales -que están anticuados- para abrir la puerta a la instalación de plantas fotoeléctricas. En su opinión, el decreto que autoriza las plantas fotovoltaicas “banaliza” el paisaje de viñedos y daña la cultura, la industria y un modo de vida.

Ese problema se pone especialmente de manifiesto en el territorio de las Alcusses, el paraje en el que se ubica el poblado ibero de La Bastida, en donde se pretende construir un parque fotovoltaico de 400 Ha., “un auténtico expolio” en un terreno protegido, afirman.

Además de dirigirse a los responsables autonómicos, la Societat de Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins también se propone hacer un frente común con los ayuntamientos de las tres localidades afectadas, con colectivos vecinales, asociaciones ecologistas y empresarios de la comarca, para unificar las reivindicaciones y las medidas de presión. “No estamos en contra de las renovables, para nada, pero se trata de que cuenten con nosotros para seleccionar las tierras”, como se ha hecho en Cataluña, donde el departamento de Agricultura ha definido los criterios para la implantación de plantas solares fotovoltaicas de acuerdo con el valor del suelo agrario.

Denuncian la posible especulación de las renovables en la zona y anuncian una campaña de información a los agricultores y propietarios rurales para que no firmen los contratos de arrendamiento con las empresas eléctricas sin asesoramiento jurídico. “La mayoría de casos esconden cláusulas abusivas, que dejan desprotegidos a los arrendatarios”.

Las empresas promotoras han presentado una decena de solicitudes para tramitar el Certificado de Compatibilidad Urbanística de sus proyectos (un documento necesario para acreditar que la ubicación y la actividad es compatible con el planteamiento urbanístico municipal y la disponibilidad y suficiencia de los servicios públicos que exige). Para hacer frente a este boom de peticiones y proteger su territorio, ambos consistorios han agilizado los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Desde el Ayuntamiento hemos dicho un no rotundo a ambos proyectos, y más teniendo en cuenta que uno de ellos está muy próximo al poblado íbero de La Bastida, que está protegido por su valor patrimonial y cultural”, explica el Alcalde de Moixent (una de las localidades de la llamada ‘Toscana Valenciana’ y de tradicional cultivo de viñedos). Por ello, el Consejo Agrario Municipal ha decretado por unanimidad rechazar los certificados y comenzar los trámites para modificar el PGOU de ese municipio, con el objetivo de blindar el territorio ante proyectos que puedan desvirtuar el paisaje y su riqueza medioambiental y patrimonial. El Alcalde confía en que esos proyectos tengan el mismo final que el macrovertedero que en 2009 se quería ubicar en esta misma zona: “Hace diez años logramos paralizar este proyecto por el bien de esta tierra que todos estamos trabajando y lo mismo pasará ahora”. 

El Ayuntamiento de Moixent ha frenado una línea eléctrica de alta tensión (que afectaría también a los términos de Montesa, la Font de la Figuera y Vallada) para evacuar la energía de varios parques solares de Almansa, y también dos de estos parques solares proyectados en su término municipal. Desde el Consistorio se ha querido aclarar que este rechazo “no nace, ni mucho menos, de un posicionamiento en contra de las energías renovables”, sino que “el camino hacia la transición energética se tiene que fundamentar desde la conservación de la biodiversidad y los principios de sostenibilidad”.

En el caso de La Font de la Figuera, el Ayuntamiento ya ha aprobado la modificación del PGOU. En el nuevo Plan queda reflejado que no se podrá utilizar más del 3 por ciento de la parcela al uso de energía fotovoltaica y que ésta estará relacionada con una edificación. El Alcalde no oculta su malestar ante la posibilidad que el paisaje de campos y vides quede interrumpido por un mar de placas solares: “Llevamos años luchando por el enoturismo, ahora realizando una ruta ciclopeatonal y trabajando una tierra que da sus frutos para que ahora vengan empresas que quieren instalar placas solares”. Una situación de “desamparo” que en su opinión se debe a una normativa mal hecha: “No se ha elaborado bien ese decreto y nos está perjudicando gravemente; el Consell nos deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos”.  Para el Alcalde, los ayuntamientos se encuentran actualmente en una situación de debilidad porque el decreto ley “da pie a la proliferación incontrolada de parques solares”. “Tenemos claro que la transición ecológica de la energía va con retraso, pero no puede hacerse a expensas de otros valores como la agricultura o el paisaje”. “Requerimos una mayor ordenación en la implantación, teniendo en cuenta otras cuestiones como el valor agronómico de la tierra, la compensación territorial de los municipios que más suelo aportan y la racionalización en el uso de la energía, fomentando alternativas como el autoconsumo o las comunidades energéticas”.

* En Chiva (15.000 habitantes, a 30 kilómetros de Valencia), su Alcalde, el Consistorio en pleno, numerosas asociaciones y todos los grupos políticos de la localidad están en contra de la macroplanta fotovoltaica (420 Mw) que la multinacional italiana Falck Renewables Power pretende instalar a los pies de la Sierra de Chiva. Plataformas ecologistas, asociaciones y ciudadanos a título particular han presentado alegaciones al megaproyecto. Manifiestan que no están en contra de las energías renovables, pero sí del enclave elegido y de su tamaño (hay otras seis peticiones de plantas más pequeñas), en la antesala de un paraje municipal protegido (‘Los Bosques’, uno de los parajes naturales más grandes de la Comunidad), a pie de monte, en un espacio que genera biodiversidad, con suelo agrícola tradicional y un importante patrimonio arbóreo. No quieren que se convierta en ‘un mar de espejos’, con el impacto visual, paisajístico, medioambiental y económico que provocaría. El Alcalde también manifiesta estar a favor de las energías renovables, como es lógico, pero en sitios adecuados y no con plantas tan grandes. “Estamos obligados al cambio energético, pero no se puede hacer un cambio así sin contar con la participación ciudadana”. Además, la planta precisaría de las correspondientes infraestructuras para la evacuación de la energía, que implicaría el tendido eléctrico a lo largo de más de ocho kilómetros. “Es el mayor ataque medioambiental que se ha producido nunca en la historia de Chiva”, alegan las asociaciones vecinales.

El Ayuntamiento ya ha denegado la preceptiva autorización urbanística para su instalación, en el municipio hay una gran movilización contra la megaplanta y se suceden las manifestaciones y marchas ciudadanas contra un proyecto que cambiaría para siempre el paisaje de su entorno. Pero la decisión final es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por tratarse de una instalación con una potencia superior a los 50 Mw (las inferiores a 50 Mw son competencia de las comunidades autónomas)

Las plataformas ciudadanas reclaman aprovechar la ruptura con el modelo de energías fósiles para promover “un empoderamiento ciudadano frente a los oligopolios energéticos”. Y sostienen que hay otra manera de entender la transición energética que no pasa por la instalación de megaproyectos, sino por un modelo energético basado en el cooperativismo y la autogestión, lejos de las grandes corporaciones (señalan como ejemplo el modelo de Crevillente, Alicante). Por su extensión y potencia, la planta de Chiva se situaría entre las más grandes de España. A mediados de abril de 2021, había más de 400 proyectos en tramitación en la Comunidad Valenciana

* Por lo que respecta a Aragón, y más concretamente a la provincia de a la provincia de Huesca, el pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo aprobó por unanimidad, el 8 de marzo, una moratoria a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en el municipio. La propuesta fue promovida por la plataforma ‘Cambiar Sabiñánigo’, y está en relación con la posible instalación de un gran parque fotovoltaico en el entorno de Espuéndolas, en los municipios de Jaca y Sabiñánigo, que motivó la creación de una plataforma y el rechazo de los vecinos de Espuéndolas, uno de los núcleos rurales afectados.

‘Cambiar Sabiñánigo’, en su solicitud de moratoria a la implantación, pedía al Ayuntamiento la adopción de “medidas en el ámbito de sus competencias legales para posibilitar un desarrollo ordenado de las energías renovables en el municipio e impedir sus negativos impactos paisajísticos, medioambientales, turísticos, económicos y sociales”, recordando, además, “que el Alto Aragón ya ha pagado un alto coste social y medioambiental al contribuir a la generación de energía renovable, como así lo atestiguan las infraestructuras hidráulicas que inundan sus valles”. La Alcaldesa de Sabiñánigo explicó que el municipio no tiene regulado este tipo de instalaciones, “por lo que durante un periodo de tiempo no se van a conceder licencias, con el fin de estudiar cuáles son las regulaciones que queremos introducir en el Plan General de Ordenación Urbana”. Con ese fin, y ante la amenaza de este tipo de instalaciones, se ha creado una plataforma en defensa del Alto Gállego y Jacetania.

* El pleno del Ayuntamiento de Jaca también aprobó por unanimidad (marzo de 2021), con el apoyo de todos los grupos municipales, una moratoria de un año contra los grandes parques solares. Con la moratoria, se acordó “la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias urbanísticas y licencias ambientales de actividad clasificada exigibles para la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables de una extensión superior a 5 hectáreas, ó 10 hectáreas en agrupación, o localizada a menos de 700 metros del suelo urbano de cualquier núcleo por el plazo de un año en todo el término municipal”. La finalidad de la moratoria es disponer de tiempo suficiente para estudiar adecuadamente el tema y poder “adaptar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca -compatibilidad de usos, extensión y distancias– al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, al Plan de Redes de Transporte 2021-2026 y al Plan Energético de Aragón 2021-2030”, dado que “el PGOU de Jaca no contempla de forma expresa este tipo de grandes instalaciones”, que pueden “provocar oposición ciudadana” y “generar impactos negativos”, señaló el Alcalde. La suspensión cautelar del otorgamiento de las licencias, mientras el planeamiento urbanístico se adapta a la planificación energética, “es el mecanismo idóneo para evitar situaciones administrativas consumadas”, según la propuesta del Consistorio, que fija unos límites “por debajo de los que no hay un impacto ambiental significativo”

* La Asociación de Vecinos de Espuéndolas, por su parte, había transmitido su “rechazo” al parque solar que se prevé instalar en los alrededores de esta pedanía de Jaca por “el impacto paisajístico y social” de un proyecto que “no garantiza la continuidad de explotaciones y negocios”, abocando a las familias a “replantearse seguir viviendo en el pueblo” y temiendo que futuras generaciones “se plantearán emigrar lejos del mar de placas”. Pedían que el Ayuntamiento de Jaca regule este tipo de proyectos “para proteger el municipio”, establezca un perímetro de protección de las poblaciones de varios kilómetros y que no se permitan parques solares que superen las 3 hectáreas, buscando minimizar el impacto” y “mantener la vida en el pueblo”. El temor de los vecinos es consecuencia del interés de varias empresas y fondos de inversión que buscan amplias extensiones de terreno donde instalar sus campos de placas, siguiendo un modelo que concentra los huertos solares en unas pocas y pequeñas poblaciones, próximas entre sí, para aumentar los beneficios, sin valorar el impacto paisajístico. “Los huertos solares que se proyectan en la zona ocuparían casi 600 hectáreas de cultivo a lo largo de la Val Ancha, una superficie similar a 840 campos de fútbol, lo que la convertiría en la segunda más grande de Aragón y entre las cinco mayores de España” y “se ubicarían en una circunferencia de menos de 10 kilómetros, entre los términos municipales de Jaca y Sabiñánigo”. “A eso -agregan- hay que sumar el impacto de las líneas de alta tensión para evacuar la electricidad a Biescas y Sabiñánigo”.

Los vecinos se sienten “amenazados por un proyecto que pretende dejar sin futuro a las familias que viven en Espuéndolas desde hace generaciones o que han llegado atraídas por los valores de la zona, continuando con actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería o el turismo”. Afirman “entender y apoyar el impacto positivo de las energías renovables, dentro del compromiso con el cambio climático, de una forma ordenada y sin generar afecciones irreversibles y enormemente negativas”. Pero en cambio, el proyecto que se pretende “carece de valor añadido, ni como generador de riqueza, ni como creación de puestos de trabajo que asienten población en un territorio tan frágil y necesitado”. Los huertos solares que se están proyectando en la zona, explican, ocuparían una superficie de casi 600 hectáreas de cultivo a lo largo de la Val Ancha, superficie similar a 840 campos de futbol, lo que la convertiría en la segunda superficie más grande de Aragón, y entre las cinco más grandes de España

* Para la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, “estos proyectos, junto con otros en tramitación, “dibujan un futuro inquietante para estas comarcas de la provincia de Teruel, que cuentan con una incalculable riqueza de espacios protegidos (cultura, historia, naturaleza, paisaje…) y muchos de cuyos pueblos están entre los más hermosos de España. De seguir adelante, esa riqueza quedaría irremediablemente dañada y el territorio se convertiría en una gigantesca planta de producción de energía eléctrica que, lógicamente, multiplica por muchísimo las necesidades de sus habitantes y, por lo tanto, sería transportada a otros grandes centros de consumo. De manera que lo que aparece como un elemento dinamizador y ecológicamente deseable para la zona podría resultar, a la hora de la verdad, un factor de empobrecimiento, en la medida en que afectaría al turismo. La Plataforma pide al Gobierno de Aragón una moratoria temporal para la puesta en marcha de los proyectos, el tiempo necesario para elaborar un Plan de Ordenación Territorial. La Plataforma subraya que en Aragón hay ya casi doscientas centrales eólicas y fotovoltaicas en servicio o autorizadas, y varias decenas más en tramitación. Bastantes afectan a zonas protegidas, a entornos que apuestan por el turismo desde hace décadas y a la avifauna de la zona. Argumenta que estas grandes plantas fotovoltaicas -que apenas generarían actividad económica en el territorio- se instalarían en zonas de valor paisajístico y medioambiental, ocuparían amplias extensiones de cultivo y pastizales, e impedirían el desarrollo de actividades económicas fundamentales para el mantenimiento de la población como lo son la actividad turística y agroganadera. “La moratoria solicitada no deja de parecer razonable porque permitiría tramitar todos estos proyectos (que, evidentemente, están relacionados entre sí) con una visión global y ordenada del desarrollo de energías renovables en la región. Y permitiría también evaluar los impactos acumulativos que causarían todas estas instalaciones funcionando al mismo tiempo, algo imposible si la tramitación se hace de forma individualizada para cada una.”

* En Zaragoza, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra Aragón, Ecologistas en Acción de Zaragoza, ANSAR, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y Fondo Natural critican la pretensión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) de autorizar de forma definitiva una planta solar fotovoltaica de 58 hectáreas de superficie en Acampo Estrén. Consideran que esas instalaciones “en el medio natural y agrícola suponen la ocupación de suelo y una profunda transformación del hábitat natural debido a los desmontes, caminos, zanjas, pistas, tendidos eléctricos y a los vallados o subestaciones eléctricas que se construyen, además de los propios paneles solares”. Y advierten de que están dispuestos a llevar a Bruselas la afección a Red Natura 2000, dado el precedente que supondría una instalación industrial en un espacio protegido. Ya ha habido expedientes judiciales penales en España por causas medioambientales. De hecho, la Fiscalía ha obligado a ENDESA a adaptar instalaciones y al Gobierno catalán a imponer sanciones

En Zaragoza capital ya se han producido manifestaciones reivindicando una transición energética “justa”. Bajo el lema de ‘Aragón no se vende’, diferentes plataformas, formando una cadena humana, han reclamado una transición ecológica y social justa para decir que “otro Aragón es posible, otro Aragón sin contaminación, ni especulación” (Alianza por la Emergencia Climática Aragón). Según los convocantes, la grave crisis climática requiere la puesta en marcha de medidas que disminuyan las emisiones de efecto invernadero, como las energías renovables. “Pero ello debe llevarse a cabo con una planificación y de acuerdo con los territorios, y no con el modelo actual que fomenta las divisiones y enfrentamientos entre vecinos de un pueblo, entre pueblos e incluso entre comunidades autónomas limítrofes, un modelo que no deja los beneficios en el territorio sino en manos de los grandes monopolios”. “Esta ausencia total de planificación” origina la destrucción del paisaje en espacios naturales y de la Red Natura, “atentando contra la biodiversidad de la que depende nuestra salud y la economía local”. Las organizaciones convocantes señalan que no están contra las energías renovables, pero que no comparten que estos proyectos se lleven a cabo “sin planificación ni diálogo con los habitantes, sino con una connivencia explícita del poder con grandes empresas y grupos financieros y mediáticos”. Por eso, han pedido un modelo energético distribuido, que prime la eficiencia y que apueste por el autoconsumo y las comunidades locales de renovables. Además, reclaman un modelo de agricultura y ganadería ecológica y extensiva; y un turismo de montaña sostenible que no genere impactos en el territorio y que contemple la crisis climática.

* En Yecla (Murcia), el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado (6 de abril de 2021) una moratoria de un año para regular la instalación de parques fotovoltaicos y macrogranjas porcinas en el término municipal. El Pleno dio el visto bueno a la paralización de los expedientes ya existentes en el Consistorio. Durante los próximos doce meses se modificará el Plan General de Ordenación Urbana para que haya una norma del territorio que estipule dónde se pueden levantar los proyectos. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los cuatro grupos municipales

* En Mula (también en la provincia de Murcia), el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión correspondiente al mes de abril (2021), aprobó una ‘Declaración Institucional sobre la Implantación de Plantas Solares Fotovoltaicas’, la primera de este tipo que se hace en un Ayuntamiento español. La Declaración fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos políticos con representación municipal y de las Juntas Vecinales de las pedanías.

Según explicó el Alcalde, esa Declaraciónmuestra el apoyo del municipio de Mula a las energías renovables, “pero rechaza el modelo especulativo basado en la masificación de enormes macroproyectos que ocupan grandes superficies y tienen un gran impacto paisajístico.  Por eso, pedimos una regulación de estos grandes proyectos para evitar una burbuja sobre la energía solar en nuestro municipio que afectaría enormemente a nuestro entorno, nuestra agricultura y nuestros vecinos”. “La implantación de plantas e infraestructuras asociadas para la producción de energía solar debe realizarse de modo ordenado y coherente con el conjunto del sistema urbanístico, paisajístico y ser plenamente respetuoso con el medio ambiente conforme a un adecuado modelo de desarrollo sostenible de ordenación territorial y urbanística”. “Se está produciendo en el municipio de Mula y alrededores una proliferación de macro proyectos de parques solares fotovoltaicos de grandes dimensiones con sus respectivas líneas eléctricas de evacuación asociadas. Esta verdadera burbuja energética del sector fotovoltaico se está desarrollando en la Comarca del Río Mula y en la Región de Murcia de forma desordenada, insostenible y con un marcado carácter especulativo por falta de una adecuada planificación territorial del sector energético”. Estos macro proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras asociadas ocupan grandes extensiones de suelo en entornos rurales afectando especialmente a pedanías y a núcleos de agregado rural, pudiendo llegar a comprometer los valores ambientales, histórico-culturales, sociales, económicos y, en definitiva, al modo de vida de los vecinos de estas zonas rurales.

Por ello, el Pleno municipal adoptó los siguientes acuerdos:

  • Manifestar el rechazo ante este modelo de desarrollo del sector fotovoltaico, desordenado, masificado, insostenible y con un marcado carácter especulativo.
  • Instar al conjunto de la Administraciones Públicas, cada una en el ámbito de su marco competencial, a legislar y tomar las medidas que sean necesarias para limitar las dimensiones de los proyectos fotovoltaicos y planificar y ordenar adecuadamente su implantación en el territorio.
  • Solicitar a la Asamblea Regional que apruebe las modificaciones legislativas necesarias para establecer un régimen urbanístico específico para las instalaciones fotovoltaicas no domésticas, con los objetivos de establecer límites a la implantación de plantas de producción de energías renovables; dotar de protección especial a zonas de alto valor agrícola; protección de zonas con yacimientos arqueológicos y espacios naturales; conservar las vías pecuarias como corredores ecológicos y conservación de caminos rurales; establecer distancias mínimas a los núcleos urbanos; diseñar estrategias de integración con el entorno y potenciar la naturalización de este tipo de instalaciones; así como establecer límites al tamaño y producción de cada planta

* “El gran aumento de solicitudes para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos que aprovechan las últimas subvenciones europeas a las energías renovables está generando alarma en numerosas regiones vinícolas. Si el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante alertó hace unos días de la posible instalación de enormes campos de placas solares en la comarca del Vinalopó, en el corazón del valle del Ebro están en tramitación seis nuevos parques eólicos solo en el entorno de los valles de Ocón-donde se encuentran algunos de los viñedos de mayor altitud de la DO La Rioja-, y del Jubera, en Rioja Oriental; y un único municipio de la Ribera navarra, Corella, podría concentrar cuatro instalaciones más. “Una docena de productores de esta última provincia han creado la Asociación de Paisajes y Viñedos de Navarra siguiendo el modelo de la veterana entidad homónima de Rioja Oriental. Se está creando una federación para aglutinar a otras entidades de este tipo existentes en España. Se critica la visión cortoplacista y la ausencia de una planificación global que ubique estas centrales eléctricas eólicas —”parque suena demasiado bien para la brutalidad de sus volúmenes”— en lugares que aseguren un impacto inferior. También se alerta de la amenaza para la biodiversidad animal y ambiental, y de la pérdida de valor de la tierra.”

* Desde Extremadura, Ecologistas en Acción ha lanzado una Petición de moratoria del 5G en los ayuntamientos por su impacto ecosocial. La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G presenta su petición de moratoria de esta tecnología en centenares de ayuntamientos por no atender al principio de precaución y profundizar la crisis ecosocial actual. La Coordinadora Estatal, con una petición apoyada por casi 1.000 organizaciones, considera urgente abrir un debate social plural y que los planes de estímulo europeos Next Generation EU dejen de introducir la extensión del 5G como condición de acceso. La red 5G podría aumentar el consumo energético total de la red entre un 150 y un 170 por ciento en 2026

* El caso de Villena, en la Comunidad Valenciana (“La fiebre de las fotovoltaicas: todo vale en nombre de la sostenibilidad”) tampoco es tranquilizador. A principios de abril de 2021 se tenía conocimiento de 12 proyectos. Y se esperaban más. “Me posiciono absolutamente en contra de este ‘boom’ de instalaciones desde el punto de vista de la conservación del paisaje y de la biodiversidad”, escribía un lector al director del periódico local (que son los más sensibles a los problemas de sus habitantes). “En las últimas semanas, día sí día no, nos despertamos con el anuncio por parte de la prensa de un nuevo proyecto de central fotovoltaica en el término de Villena o en el de nuestros municipios vecinos. En un terreno allanado por la Generalitat, que facilitó a mediados del año pasado los trámites necesarios para la instalación de este tipo de plantas de producción de energía. Los proyectos surgen como setas, sobrepasando la capacidad de gestión de los técnicos locales y autonómicos; y, casi más importante, la posibilidad de respuesta por parte de la sociedad civil.” (…) “Los pelotazos, las burbujas y otros sinsentidos especulativos solo han traído destrucción para nuestro territorio y para buena parte de las personas que lo habitamos.” (…). “Se trata de una superficie de alrededor de 1.350 hectáreas situadas sobre unos terrenos tremendamente valiosos en términos ambientales y muy particulares en lo que se refiere a la identidad del paisaje local.” (…) “Por nombrar sólo algunos de los espacios de alto valor ecológico y paisajístico que, de llevarse a cabo la instalación de todas estas plantas, quedarían absolutamente devastados…” “Las condiciones en que se está produciendo este boom en Villena, como ocurre en buena parte del territorio español, han sido denunciadas recientemente por un nutrido grupo de investigadores del campo de la ecología. Estas nuevas instalaciones tratan de ubicarse en zonas agrícolas percibidas por la población como marginales, en las que el precio del suelo es relativamente bajo; pero lo cierto es que muchas de ellas conforman ecosistemas únicos y necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad.” “No existe, además, una proporción en términos de tamaño o potencia con el municipio en que se ubican.  Es decir, no se establece una relación con la demanda de la población o la comarca sobre la que se instalan, sino que las únicas variables que operan son, una vez más, las de obtener la mayor rentabilidad privada, independientemente de las repercusiones que estas actividades puedan tener sobre el paisaje local. No se aplica ningún principio de soberanía energética, por el que el municipio o la comarca asume los costes sobre su paisaje que implica satisfacer su propia demanda. Al contrario, se impone una visión residual del paisaje de unos pocos, del nuestro en este caso, para satisfacer una demanda que ni conocemos ni controlamos.”

“En el caso de Villena, esta relación, en lo que se refiere a superficie, es realmente escalofriante: sólo la instalación planteada en las inmediaciones de la sierra de Salinas de la que tenemos conocimiento es tres veces y media más grande que el propio núcleo urbano.” “Es desalentador… Nada funciona contra el rodillo del desarrollismo: en nombre de la sostenibilidad se están volviendo a cometer las mismas barbaridades contra el territorio que hace poco más de una década, cuando se destrozaba el litoral mediterráneo, o que en el siglo pasado, cuando se anegaban territorios enteros bajo el agua; y todo orquestado por las mismas familias y empresas de entonces. La lucha contra la emergencia climática no debería de basarse en replicar los modelos que nos han llevado hasta aquí, de destrucción de la biodiversidad y de los suelos productivos a manos de los mismos de siempre, sin ni siquiera plantearse alternativas a un sistema energético y económico que, como diría Yayo Herrero, va en contra de la vida.”

Villena es otro de los municipios que se ven como un territorio propicio para estas plantas. El Ayuntamiento reconoce al menos una docena de proyectos para su suelo, pero que podrían ser todavía más. Esta situación le desborda y vuelve a apuntar al decreto ley de la Generalitat como el principal instigador de la ‘fiebre fotovoltaica’.

* Ontinyent, también en la Comunidad Valenciana, rechaza la instalación de parques fotovoltaicos en el municipio, Castalla (Alicante) modificará el Plan General de Ordenación Urbana para impedir grandes parques y La Oliva (Fuerteventura) ha presentado alegaciones a la instalación de cuatro plantas El Ayuntamiento de Ontinyent se ha adelantado al problema y ha emprendido una campaña para promover el autoconsumo energético y la constitución de comunidades eléctricas locales, como modelo más sostenible y respetuoso con el territorio frente al de las macroplantas fotovoltaicas. Desde el gobierno municipal se apunta que el modelo del autoconsumo es una alternativa real a estos parques solares a los que acusan de que “no promueven un cambio hacia un modelo energético responsable y de energía limpia, y además provocan la destrucción de zonas de especial valor paisajístico y agrícola solo en beneficio de los grandes intereses económicos”. La situación ha empujado a ‘Bosc Viu’, plataforma valenciana que aglutina a unas cuarenta entidades ciudadanas por la defensa de los ecosistemas forestales y un modelo de desarrollo rural digno y sostenible, a alzar su voz y apelar a la Generalitat. Bosc Viu ha enviado un escrito al presidente de la Generalitat -y a los responsables de las tres Consellerías implicadas en la redacción del decreto que regula la ubicación de estas infraestructuras energéticas-, para pedir la urgente moratoria en la aplicación de la mencionada norma y “su revisión y modificación para evitar las disfunciones y riesgos ambientales, sociales y económicos que conlleva”.

* En Cataluña también se prevé una moratoria a los grandes proyectos de impacto territorial negativo, conforme al preacuerdo establecido entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) De hecho, la Ponencia de Energías Renovables (Departament de Territori, que es el organismo competente para autorizar estas instalaciones) ha desestimado la viabilidad del emplazamiento de cuatro proyectos de parques fotovoltaicos en los términos municipales de l’Ametlla de Mar y el Perelló, por incompatibilidades urbanísticas, incumplir el planteamiento del espacio agrario, afectar a avifauna protegida y por su impacto paisajístico Por su parte. El Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys (comarca catalana del Baix Penedès, en la provincia de Tarragona) ha vuelto a manifestar -tras el recurso de la empresa promotora- su rechazo a la instalación de un gran parque fotovoltaico en el municipio y ha aprobado una paralización de licencias de un año. En diciembre de 2020 ya acordó suspender licencias durante un año en todos los suelos no urbanizables para impedir cualquier actuación en este sentido. El objetivo es modificar el planeamiento urbanístico del municipio para poder regular la implantación de parques eólicos o fotovoltaicos y que estas instalaciones sólo puedan desarrollarse en suelo calificado como industrial. El parque solar afectaría a los municipios de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres, Llorenç del Penedès y la Bisbal del Penedès. El Ayuntamiento manifiesta estar a favor de impulsar las energías renovables, pero pide hacerlo con criterios y de manera que no tenga un impacto sobre el territorio. Considera que la proliferación de este tipo de parque solares y eólicos en la demarcación “se está haciendo con falta de planificación y con un modelo de negocio basado en la explotación del suelo rústico para actividades industriales”. La posible instalación de parques solares al Baix Penedès ya motivó una respuesta de diversos ayuntamientos que se manifestaron en contra de que pueda hacerse sin una planificación que respete los terrenos agrícolas y rústicos.

* En Navarra, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a los parques solares Cierzo II y Cierzo V y su línea de evacuación previstos por EDP en los términos municipales de Cintruénigo, Corella y Tudela. De esta manera, el colectivo ecologista “continúa tratando de hacer frente a la avalancha de parques eólicos y solares presentados en estas fechas por Gobierno de Navarra”. Critica que “no se está primando el ahorro energético, ni fomentando la eficiencia”. En su opinión, el desarrollo de las energías renovables “está siendo totalmente desordenado, resultando algunas zonas, como la de estos parques, totalmente colapsadas”. “El Gobierno de Navarra no se ha dotado de herramientas para hacer frente a estos grandes parques solares”. Frente a las “grandes instalaciones solares” de la Ribera, con superficies máximas de 80 hectáreas, ahora se proyectan parques como el de Peralta que llega a las 607 Ha. En el caso de los parques de Cierzo, denuncia que “se presentan fraccionados, junto con otros también en trámite”, por lo que en realidad “se trata de un megaproyecto de producción de energía fotovoltaica de magnitud mayor de la que se presenta”. Por ello, sostiene que se debería considerar una “tramitación conjunta” y, por tanto, una evaluación de impacto ambiental, más cuando la línea de evacuación eléctrica tiene 19 kilómetros y atraviesa los términos municipales citados

* En Granada, una plataforma ciudadana ha llevado a la Gran Vía de la capital su protesta por el boom de proyectos de energías renovables que vive la provincia y que, a su juicio, se llevan a cabo de forma especulativa y desordenada. Granada vive un boom de proyectos de energía renovables, con 85 en tramitación (en el momento de recoger esta información) por parte de la Junta de Andalucía. La plataforma ‘Di no a las torres’, colectivo que se ha movilizado contra las obras de las autovías eléctricas y los parques eólicos y fotovoltaicos que se tramitan en la provincia, ha sacado a la calle su protesta por la «expansión desordenada» de estos proyectos verdes que, a su juicio, tienen un lado especulativo y oscuro. «Están destruyendo el paisaje y están convirtiendo a la provincia en una zona semiindustrial», resume el portavoz de la plataforma. Los proyectos de energías renovables en tramitación llenarán la provincia de placas solares, molinos aerogeneradores y líneas eléctricas que «harán mucho daño al paisaje y a la biodiversidad y agravarán el desempleo y la despoblación». Además de vecinos, también protestan empresarios de hoteles rurales de La Alpujarra, Valle de Lecrín o Albolote que se ven perjudicados por el impacto, residentes de urbanizaciones cercanas a los parques, agricultores y ecologistas. Su protesta se dirige contra la Junta de Andalucía y el Gobierno, que «blanquean la especulación de la energía». «Estos macroproyectos van a privatizar nuestra vida y nuestro campo y expropian sin avisar». (…) Casi toda esa capacidad eléctrica nueva se instala para el consumo fuera de la provincia». El mayor de los proyectos que la plataforma tiene en su punto de mira es el parque solar fotovoltaico Navazuelo, en el término municipal de Guadahortuna. «Es uno de los proyectos más grandes de Europa con una superficie que equivale 1.455 campos de fútbol llenos de placas solares», aseguran desde la plataforma, que inciden en que estos proyectos «destruyen más empleo del que crean”. “La zona norte de la provincia donde se ubica la mayoría de los megaproyectos lleva años luchando contra la despoblación. Superficies enormes de placas solares, aerogeneradores de 220 metros de altura y una multitud de líneas eléctricas no harán esa zona más atractiva. Eso, en combinación con la destrucción de empleo, causará una aceleración de la despoblación de las zonas rurales de Granada», señalaba el portavoz

* “Andalucía vive el boom de los huertos solares sin herramientas para mitigar su impacto”, titulaba elDiario.es: “La comunidad tramita simultáneamente cientos de proyectos que ocuparían cientos de miles de hectáreas, mientras los ecologistas advierten de la afección sobre el paisaje, los suelos fértiles y los hábitats de fauna amenazada.” El boom de los huertos solares en Andalucía no gusta a los ecologistas, que se ven ante una paradoja: tras tantos años reclamando un nuevo modelo energético que priorice las energías renovables, observan con temor el desembarco apresurado de grandes proyectos destinados a transformar grandes superficies de terreno en suelo industrial. “No es esto”, vienen a decir. “Nos fastidia mucho que una energía que defendemos se vaya a criminalizar por proyectos disparatados o hipertrofiados”. Consideran que la “avalancha” de grandes proyectos pone en riesgo una transición energética “justa y ecológica”. En lugar de priorizar las pequeñas instalaciones y las inversiones locales, el sistema está fomentando una burbuja de grandes extensiones solares en tierras de secano, más baratas, con tintes especulativos, y denuncian que algunos de los proyectos están auspiciados por fondos de inversión sin experiencia en el sector.

* Mientras redactamos estas líneas, nos llega la noticia de que el Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha convocado a la población turolense a manifestarse contra la invasión de proyectos de macrocentrales fotovoltaicas en su territorio: “Teruel Existe convoca una Manifestación para el próximo 25 de abril de 2021 ante la invasión de proyectos de renovables, sin ningún tipo de control y sin respetar ni el patrimonio cultural, natural y paisajístico de la Provincia de Teruel, constituyendo un auténtico atentado a nuestras formas de vida y futuro. Se tiene proyectado instalar en la Provincia 7.000 Mw, que es la potencia equivalente a la suma de la potencia de todas las Centrales Nucleares de España y el 21,8% de la energía que consume el país. El proceso de instalación está generando gran inquietud entre la población y disputas entre los vecinos de los municipios. Exigimos de las administraciones responsables, planificación, participación y respeto a los paisajes, la biodiversidad y a nuestras formas de vida. De poco sirve la energía verde si a cambio destruye los entornos naturales y nuestras formas de vida que la despoblación nos ha dejado”

Como el lector puede apreciar en el vídeo de Teruel Existe, el tema de la imposición por la fuerza de grandes centrales (que no ‘parques’) fotovoltaicas es ya un clamor popular, una vergüenza, una constatación de la injerencia de las eléctricas en la vida de la gente, en el ataque a la Naturaleza, en connivencia con la burocracia de las Administraciones, una injerencia que ya poco tiene que ver con la energía ‘verde’ y sí mucho con los beneficios y la especulación de las empresas energéticas.

* En esta pesada relación, que sería interminable, incluso hasta la propia Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), que cuenta más de 5.000 asociados productores de energía fotovoltaica en España, hizo público un comunicado en el que insta a la Administración del Estado (que es la competente en la tramitación de parques de más de 50 MW) y a las administraciones locales y autonómicas, a que articulen, “con carácter de urgencia, todas las medidas que sean necesarias, para limitar la dimensión de los nuevos proyectos fotovoltaicos y ordenar la distribución territorial de estos proyectos”. Propone que las instalaciones sean de entre 1 a 10 MW, porque si no, “entraríamos en una espiral sin sentido según las necesidades energéticas del país”. ANPIER considera que los grandes parques solares participados por multinacionales extranjeras harán que “los retornos económicos saldrán de nuestro país, provocando la paradoja de que los españoles pagaremos la energía a empresas extranjeras”. Y defiende, en cambio, las plantas más pequeñas para autoabastecimiento y un modelo de parques pequeños y medianos que no aumentaría el coste de distribución de la nueva energía

Posición de los Sindicatos en relación con la instalación de PSFV

Después de dejar constancia de algunas de esas ‘otras batallas’ que están teniendo lugar en muchos pueblos de España, exponemos a continuación la posición de los sindicatos agrarios sobre esta cuestión, ya que es a ellos a quien correspondería liderar, concienciar, movilizar e influir para caminar hacia un cambio significativo en los patrones de producción y consumo, causa última del cambio climático contra el que se pretende luchar. Como señala Andreu Missé, los sindicatos son imprescindibles en los tiempos convulsos que vivimos.

* Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

COAG, en su apuesta por las energías renovables consideró interesante en su momento, hace ya más de una década, la agrupación de pequeños propietarios agrarios en torno a pequeñas instalaciones fotovoltaicas constituidas como huertos solares, y fundamentalmente creadas como un complemento de la renta agraria de los agricultores y ganaderos participantes, que les apoyase en el momento de la jubilación, especialmente limitada para este colectivo. Por otro lado, COAG siempre ha apostado por el autoconsumo en torno a la propia explotación agraria, como manera de optimizar aquellas tareas que requerían instalaciones eléctricas (caso de los sistemas de bombeo de agua para el regadío o instalaciones ganaderas demandantes de energía eléctrica).

Pero a día de hoy, COAG reconoce estar asistiendo, con preocupación, a la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, alimentadas por fondos de inversión extranjeros, que generan inquietud en relación a su comparación con el modelo indicado anteriormente. En ese sentido, esas grandes instalaciones, cuando se sitúan en tierras agrarias, llevan aparejadas un conjunto de consecuencias que COAG, como organización agraria, rechaza.

Señala, a título de ejemplo, y sin entrar en detalles: la pérdida de la actividad agraria tradicional, especialmente preocupante en el caso de las tierras de regadío, máxime cuando la mayor parte del territorio meridional es árido o susceptible de dedicarse al secano; el impacto medioambiental de primer nivel que suponen ese tipo de instalaciones, y que afecta al entorno, desde el punto de vista paisajístico o desde la agresión que supone para la biodiversidad; la deslocalización de la rentabilidad económica en zonas especialmente castigadas; el incumplimiento de la expectativas socio-laborales que se suele argumentar en su favor… Todo ello, sin entrar a cuantificar lo que supone de agresión a las pequeñas inversiones de agricultores y ganaderos, antes señaladas, y que apostaron en su día por este tipo de alternativa que complementase su renta.

En septiembre de 2020, COAG alertaba de que las empresas energéticas arrebatarán 60.000 hectáreas a la agricultura y la ganadería para instalar renovables: “Concretamente, en relación con los inmensos terrenos (desde 624 hasta casi 1.000 Ha.) que los ayuntamientos de Paredes de Nava o Las Navas del Marqués han dispuesto para ofrecer a grandes productoras energéticas, aunque ello pudiera perjudicar a los propios agricultores y ganaderos de la zona. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado. COAG Castilla y León pretende que el agricultor y el ganadero se beneficie de estas producciones mediante pequeñas inversiones en pequeñas instalaciones que puedan suponer un complemento de renta y generar riqueza en los pueblos en los que se asientan. Alerta sobre los problemas que esas instalaciones generan y pide especial atención a las diferentes Administraciones para que las tierras agrarias no sean objeto de especulación, ni se retiren de la actividad agropecuaria.”

COAG, que reitera su posición absolutamente favorable hacia la energía fotovoltaica, aboga por un reparto más ordenado de la inversión para que el campesino, y, por tanto, el medio rural y la gente que lo habita, se puedan beneficiar de esta necesidad de instalar energía limpia. Propone que sea el propio agricultor, mediante pequeños huertos solares, quien opte a la producción de energía y cobre un complemento de renta por ello.

* Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Aunque no disponemos de información global de ASAJA, su sección de Castilla y León (ASAJA CyL) ha expresado públicamente su preocupación por la gran cantidad de proyectos de macroparques solares de energía fotovoltaica que se están extendiendo como una enorme mancha de aceite por diferentes territorios de Castilla y León. “Cuando hablamos de macroparques hablamos de cientos de hectáreas, que se están fijando casi en su totalidad en terrenos dedicados tradicionalmente a cultivos o a aprovechamiento para pastos ganaderos, usos que ahora están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de espejos.” Y continúa diciendo ASAJA CyL :

“La primera consecuencia de esta invasión de macroparques solares es que en la práctica se está expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, las tierras. Se rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural.

“Además, estos proyectos tienen un tremendo impacto ambiental que deteriora la calidad de vida, tanto de los vecinos de los propios pueblos como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior que las Administraciones dicen promover, y que busca la tranquilidad de la naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares. Además, a las hectáreas ocupadas por las placas, hay que sumar el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso. Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.

“ASAJA lamenta que se desprecien los empleos que estas iniciativas hacen tambalear, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, en aras a otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrece este tipo de proyectos energéticos.

Tampoco se sustenta que se someta al territorio a una “burda subasta, de la misma forma que no se puede ofrecer un país a quien más puje por él”, critica ASAJA, que considera que los responsables políticos no pueden pasar por alto lo que está ocurriendo, máxime cuando la mayor parte de las beneficiadas por las compensaciones están siendo entidades públicas, cuyas decisiones tienen que someterse al consenso y la protección de los intereses de todos los administrados.

“La posición de ASAJA es clara. <<Con carácter general, nos oponemos a estos macroparques solares fotovoltaicos, que suponen la expulsión del sector primario de los territorios en los que eligen implantarse, y pedimos a la Administración que aplique la normativa con rigor y no haga manga ancha para dar paso a expedientes de cambio de uso o para eludir problemas de impacto ambiental>>.

“ASAJA pide a los partidos políticos que <<den la cara y muestren de qué lado están, si de los habitantes de los pueblos o de otros intereses. No puede ser que, por apuntarse a la moda de las energías limpias, se pase por alto esta salvaje ocupación del espacio>>. Finalmente, ASAJA denuncia que de nuevo es el medio rural el sacrificado para abastecer de recursos, electricidad en este caso, a las grandes ciudades. <<Por lo visto no se considera cubrir tejados de ciudades y polígonos industriales con placas solares, pero tenemos que creernos que inundar miles de hectáreas con espejos es progreso>>.

“Decenas de agricultores de la provincia de León se están viendo afectados por los expedientes de concesión de terrenos comunales, de las juntas vecinales, para la construcción de macroparques de placas de energía solar fotovoltaica. Muchas juntas vecinales o ayuntamientos están expulsando literalmente a los agricultores de unas tierras que se han destinado a lo largo de la historia a labores agrícolas y que por lo general se ha hecho mediante aprovechamiento comunal por el sistema de lotes o suertes.

“La pérdida de la superficie de cultivo, junto a las ayudas de la PAC vinculadas a esa superficie, que ya se está materializando en determinadas zonas, está obligando a los agricultores a replantearse su permanencia en la profesión, ya que la explotación deja de ser viable. En algunos casos estos agricultores se encuentran con fuertes inversiones en maquinaria todavía no amortizadas para las que ahora no tienen terreno para cultivar.

“ASAJA de León lamenta que las administraciones públicas y los políticos de todo signo se apunten a la moda de este tipo de energías y que no vean los inconvenientes tan siquiera cuando se pisotean los derechos de los agricultores locales absolutamente indefensos, ni se considere que es un impacto ambiental negativo como pocos ver el paisaje rural “sembrado de espejos” y de tendidos eléctricos.”

* En este contexto, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) -organización profesional agraria federada en ASAJA a nivel regional y nacional- ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar a la Junta de Comunidades la regulación de los mega parques solares y en defensa de la actividad agraria y ganadera.

“Tras la nula respuesta a las peticiones de APAG, (…) la Asociación ha decidido dar un paso más iniciando esta campaña que pretende recoger y canalizar el malestar de agricultores, ganaderos y residentes del medio rural, ante la avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas en pueblos de la provincia.

“APAG considera que existen argumentos de peso para regular esta actividad, para la cual no existe actualmente ningún plan de ordenación y que afecta gravemente a la actividad agraria y al medio rural.

“En primer lugar, la instalación masiva de placas solares va contra el relevo generacional en el campo, ya que los jóvenes que se incorporan deben hacerlo con un mínimo de 100 hectáreas de cultivos extensivos y la práctica totalidad son tierras en arrendamiento. Mientras desde la Consejería de Agricultura se apoya la incorporación de jóvenes, éstos terminarán quedándose sin tierras agrícolas para poder incorporarse.

“Guadalajara es un caso especial en esta ‘fiebre’ de las compañías eléctricas, debido a la cercanía a los grandes centros de consumo, como Madrid, y a los puntos de evacuación.

“Es urgente, por tanto, una regulación para evitar la pérdida de tierra agrícola productiva. En este sentido APAG se pregunta por qué las placas solares no se instalan en otro tipo de terrenos, de diferentes usos y buscan las mejores tierras, parcelas llanas y bien situadas.

“Es muy llamativo por otra parte el silencio de los grupos conservacionistas, que parecen ignorar en este caso la pérdida de biodiversidad que conllevan estos mega parques fotovoltaicos, con enormes masas de cemento que quedarán instaladas ahí, durante décadas y supondrán la aniquilación del ecosistema. En el caso de La Campiña, un ecosistema que acoge áreas de nidificación de numerosas aves como el águila imperial.

“Tampoco se escuchan las protestas de los colectivos ambientalistas por el enorme impacto paisajístico que suponen estas instalaciones en nuestro medio rural; mientras tanto, a un agricultor se le exigen requisitos que minimicen el impacto a la hora de construir una nave en su pueblo, como color del tejado o materiales…

“APAG inicia esta campaña en defensa también de nuestro medio rural, que se ve perjudicado una vez más por la necesidad de suministro a las grandes ciudades, sin tener en cuenta las consecuencias en nuestros pueblos: pérdida de actividad y de terrenos productivos, pérdida de espacio natural, impacto visual y paisajístico, etc., quedando Guadalajara como un mero suministrador, para abastecer no sólo de agua sino ahora también de luz, al gran centro de consumo que es Madrid”

* Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

En 2009, UPA firmó tres convenios con empresas instaladoras de paneles fotovoltaicos “para impulsar el desarrollo de esta energía renovable y contribuir a mejorar el futuro de las explotaciones agrarias españolas”.

Pero recientemente , UPA-Guadalajara (Castilla-La Mancha) se reunió con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, para abordar la gran preocupación del mundo rural respecto al crecimiento de ofertas de empresas de placas fotovoltaicas y cómo podrían afectar de manera directa al futuro de la agricultura regional. En dicha reunión se trató “uno de los aspectos que más está preocupando a muchos agricultores, jóvenes en su mayor parte, de todo el país, que es la gran cantidad de empresas de placas solares que ofertan en la provincia contratos de larga duración de arrendamiento de terrenos”.

Según informó en una nota este sindicato agrario, además de Guadalajara, este asunto viene denunciándose desde hace semanas en otras comunidades, como la madrileña, y en varias provincias de las regiones de Extremadura y Andalucía, entre otras.

“No tenemos una verificación oficial de empresas fiables, no hacen ofertas homogéneas, no tenemos forma de proteger a nuestros agricultores de ciertas ofertas que bloquean la actividad agrícola en superficies durante un tiempo, para después no llegar a la implantación de las placas y tener que volver a utilizarlas en agricultura”.

Una de las propuestas de la organización agraria, como ya sucede en algunos municipios, es la racionalización en el uso del suelo rústico, porque la instalación de grandes superficies de placas en poco espacio “solo puede obedecer al suministro de energía de ciudades sin tener en cuenta que para ello se está destruyendo a los pueblos”.

En este sentido, UPA aboga por que el medio rural siga conservando sus espacios naturales para que sigan teniendo vida, pues de otra forma, “nos enfrentamos a una despoblación cada vez mayor”, insistiendo en “el terrible impacto para el desarrollo rural de las zonas en las que se hacen ofertas”.

Esas zonas quedarán despobladas puesto que se tendrá que abandonar la agricultura y el resto de actividades (en muchos casos ligadas a ella), dado que en los campos de placas solo se necesita muy escasa mano de obra y cualificada, advertía UPA.

Y añadía que han podido comprobar que tan solo se están respetando zonas especialmente protegidas, como las ZEPA [Zonas de Especial Protección para Aves], pero existen otros casos en los que la figura de protección no está tan blindada y que se están viendo atacadas por esta “burbuja especulativa”.

A este respecto, los agricultores recalcaron ante el delegado provincial de Desarrollo Sostenible que “mientras nosotros sí respetamos las zonas protegidas, esos campos solares terminarán destruyéndolas”.

UPA concluía señalando que estas reuniones se elevarán a un ámbito superior y se solicitará la cooperación de diversas Consejerías implicadas, para establecer soluciones a un problema acuciante en el mundo rural y abordar la gran preocupación del mundo rural por el crecimiento de ofertas de empresas de placas fotovoltaicas  y su afectación directa al futuro de la región.

 

* Unió de Pagesos (UP)

El sindicato UP se opone a las grandes plantas y a que se pierdan campos de cultivo. El boom de las renovables en Catalunya está topando con la oposición de sectores agrícolas, encabezados por el sindicato Unió de Pagesos, contrarios a que se sacrifiquen terrenos agrícolas para levantar plantas fotovoltaicas o aerogeneradores (los proyectos son impulsados por empresas que alquilan las fincas rústicas a sus propietarios para producir electricidad y venderla a la red).

La Unió de Pagesos se opone a lo que considera “un modelo de concentración de parques solares y eólicos en suelo no urbanizable promovidos por grandes empresas energéticas y fondos de inversión”. Afirma que estas iniciativas comportan “impactos severos” sobre los espacios agrarios (en parcelas, caminos, riegos, muros de piedra…); y arropa su posición con proclamas en favor de un modelo energético “democrático, descentralizado y con participación del territorio”.

“No tenemos nada que decir sobre las decisiones que adopten los agricultores; pueden hacer lo que quieran con su propiedad; pero, como sindicato, sí tenemos mucho que decir sobre el modelo agrario y sobre la depredación de un territorio que es productivo agrícolamente”. Y vaticina que la situación creada dará lugar a un fenómeno especulativo, pues la demanda de suelo puede desencadenar un encarecimiento del arrendamiento de fincas y provocar una subida de los precios.

Unió de Pagesos propone como alternativa “avanzar en la implantación mediante un modelo energético planificado” (algo que se intentó sin éxito en la etapa del Gobierno tripartido). Defiende un modelo basado en instalaciones de dimensión más pequeña, con un desarrollo relevante del autoconsumo y la generación distributiva, y en el que se dé cabida a la participación ciudadana en los proyectos, mediante la financiación local e inversiones por parte de la ciudadanía. Y alega que debería darse prioridad a la instalación de placas solares en los techos de edificios y zonas urbanizadas.

Para Unió de Pagesos, la transición hacia un modelo energético basado en las energías renovables requiere una planificación responsable, con visión de conjunto, y que evite la concentración de infraestructuras en un espacio limitado. La organización defiende un modelo para el desarrollo de estas energías basado en instalaciones de dimensión más pequeña, con la implicación de la gestión del territorio mediante la financiación local e inversiones de la ciudadanía, y que priorice las placas solares, preferentemente en los techos de las edificaciones existentes y en zonas urbanizadas, y que tengan realizada la conexión a la red para minimizar el impacto sobre el territorio de las líneas de evacuación.

UP manifiesta su rechazo al proceso de especulación territorial que se está llevando a cabo en torno a la posible construcción de un nuevo parque solar en la zona de Cardedeu y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) y alerta de que el modelo actual de energías renovables puede poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrarias. El sindicato formula esta advertencia ante la circulación de mensajes que se han ido produciendo en las últimas semanas en torno a la posible instalación de un parque solar fotovoltaico en esta zona del Vallès y los movimientos de empresas energéticas en busca de terrenos donde ubicar las placas generadoras.

Avisa de que los importes que estas empresas ofrecen por los terrenos representan una competencia desleal para el campo, que a menudo no es la propietaria de las tierras que trabaja y que las ha de arrendar a terceros. Unió de Pagesos denuncia que el precio por hectárea que ofrecen estas firmas puede llegar a multiplicar por cuatro los importes que paga el campesinado, lo que hace inasumible el arrendamiento para la mayoría de profesionales agrarios y abocaría explotaciones al cierre.

Ante esta circunstancia, el sindicato reitera una vez más su defensa por las energías renovables siempre que se apliquen de una manera reflexionada y con una planificación responsable que no suponga un destrozo para el territorio ni la concentración de infraestructuras de este tipo en un mismo punto. Por ello, Unió de Pagesos recuerda su apuesta por un modelo de desarrollo basado en instalaciones de pequeñas dimensiones, creadas con la implicación de gente del territorio y priorizando el uso de infraestructuras en los tejados de las edificaciones y en zonas urbanizadas, para minimizar el destrozo de suelo agrario. El sindicato también urge evitar ocupar espacios agrarios de alto valor agrario y exigir la realización del análisis de afectaciones agrarias en los proyectos.

* Comisiones Obreras (CCOO)

En relación con la instalación de Plantas solares fotovoltaicas (PSFV), la sección de Industria de CCOO manifiesta estar plenamente comprometida con la transición energética justa y, por tanto, a favor de la Instalación de PSFV bajo las siguientes condiciones :

  • Estas instalaciones tienen que cumplir escrupulosamente los requisitos exigidos para su sostenibilidad ambiental (Evaluación de impacto ambiental, no alterar ecosistemas, no causar daños al medio ambiente, no suponer impactos paisajísticos), social (mínima afectación a otras actividades económicas que supongan impactos en los puestos de trabajo, como la agricultura, como el turismo rural u otros) y económica.
  • Conforme a estos criterios, CCOO de Industria se posiciona en cada caso concreto, de forma similar como lo hace con las macrogranjas de cerdos
  • Rechazo de actuaciones especulativas con relación al uso del suelo, a la venta de concesiones, etcétera.

Reflexión final

El presente trabajo se ha centrado fundamentalmente -pero no solo- en la localidad toledana de Méntrida, porque lo que sucede en ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha afecta e interpela muy directamente a quienes hemos redactado estas líneas. Nada de lo que en él sucede puede sernos ajeno, ni el pueblo, ni sus gentes. Ha sido tierra y morada de nuestros antepasados. Hemos recorrido sus caminos, trabajado sus campos, contemplado sus bellos paisajes, vendimiado y degustado sus vinos, vareado sus olivos centenarios y aprovechado su exquisito aceite… Hemos compartido esas labores y placeres con muchas gentes del lugar, en cada temporada agrícola. Abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos hemos pasado por la misma casa solariega, en los buenos y, también, en los malos tiempos. Y todos hemos disfrutado de la amabilidad de sus gentes y de los bellos parajes de ese pueblo. Como también de la contemplación, en la lejanía, de la impresionante Sierra de Gredos y, a unos pocos kilómetros, del paso del río Alberche. Hemos padecido, como todo el mundo, el tórrido calor veraniego y la crudeza del invierno. En sus campos, todavía hoy saltan los conejos y las liebres, cantan las perdices y codornices, vuelan palomas torcaces y otras valiosas especies, incluso el águila imperial. El verdor de sus campos, de viñedos y olivares, sus bellos paisajes y los trinos de sus pájaros dan paz al espíritu, algo sin igual que debemos valorar y preservar.

De repente, en el verano de 2020, todo esto empezó a cambiar. La noticia de que alguien estaba comprando o alquilando parcelas de tierra para convertir el entorno del pueblo en un inmenso mar de placas solares comenzó a recorrer todo el pueblo. Era un rumor que iba de boca en boca, sin más información y sin ninguna explicación oficial. Estábamos en medio de la pandemia del coronavirus; y la gente, con muchas necesidades. Los ‘conseguidores’ locales cumplían su ‘misión’ con sigilo, por encargo de las promotoras fotovoltaicas: hacerse con los terrenos necesarios para convertir esas tierras agrícolas y laboriosas, verdes y bellas, en un espacio muerto y vaciado de vida, cultivos, biodiversidad y paisaje. Visitaban, uno a uno, individualmente, a los propietarios de tierras y les ofrecían una cantidad de dinero imposible de obtener de las labores agrícolas, el poderoso caballero don dinero…

La voz se iba corriendo, siempre sin información alguna a los habitantes del pueblo, y algunos propietarios, necesitados de dinero, empezaban a vender o arrendar sus parcelas por un periodo de 35-40 años. Nunca se reunió a la población para explicarle la situación y las consecuencias. El Ayuntamiento no lo hizo, ocultó esos proyectos a la población, hasta que las concejalas de la Oposición municipal ‘destaparon’ el asunto y exigieron información y responsabilidad al Alcalde. Se pretendía invadir nada menos que 2.000 hectáreas de las tierras de Méntrida (unos 2.600 campos de fútbol) para construir grandes plantas solares fotovoltaicas (PSFV), causando daños irreversibles… Por eso nació la Asociación Salvemos los Campos , como se ha explicado más arriba, al inicio de este extenso artículo.

Pero más allá de Méntrida, este mismo proceso -y los mismos procedimientos- se están llevados a cabo en otros muchos lugares de la geografía española, con el rechazo de buena parte de la población y la creación de plataformas de vecinos, ciudadanos y ecologistas que poco pueden hacer frente al embate -desordenado, invasor e implacable- de las empresas fotovoltaicas, con el beneplácito, salvo excepciones puntuales, de todas las Administraciones (local, autonómica y central).

En algunas localidades se ha logrado frenar esta invasión estableciendo una moratoria a la aprobación de esos proyectos, al objeto de disponer del tiempo necesario para elaborar una normativa que regule la instalación de plantas fotovoltaicas en el territorio sin destrozarlo, unas plantas más pequeñas y que estén distribuidas por toda nuestra geografía, que no destruyan empleo ni actividad agraria, ni eliminen biodiversidad, ni perturben exageradamente el paisaje local y el patrimonio cultural, y se lleven a cabo con información plena y veraz a los habitantes de las poblaciones concernidas. Cada vez son más los municipios que están adoptando esta moratoria o que la solicitan a la autoridad competente.

Pero, en general, esa invasión fotovoltaica está siendo arrolladora y devastadora, se está llevando a cabo forzosamente y de forma acelerada, y las poblaciones locales carecen de fuerza y medios para ponerle coto. Exigen planificación, ordenación del territorio y una normativa adecuada, como ha pedido también un amplio colectivo de científicos, a quienes, al parecer, tampoco se les hace caso, ni desde la Administración, ni desde el mundo empresarial, apoyado éste, en última instancia, por el oligopolio de las grandes corporaciones eléctricas y sus vinculaciones financieras. Incluso la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), insta a las Administraciones a limitar la dimensión y ordenar las localizaciones de los parques fotovoltaicos.

Estamos asistiendo, así, a una destrucción del campo, de la Naturaleza, de producción y empleo agrario, y del bienestar de los lugareños sin voz, a marchas forzadas -nunca mejor dicho: con expropiaciones forzosas cuando así lo piden las promotoras fotovoltaicas-, utilizando para ello el propagandístico eufemismo de la energía ‘verde’ y la ‘sostenibilidad’. Se está produciendo un expolio de tierras agrícolas a favor de las empresas eléctricas, una nueva desamortización agraria, cuyas nefastas consecuencias pagaremos todos, antes o después, no solo en el recibo de la luz (que incorporará los altos precios pagados hoy a los propietarios de tierra rural), sino también en pérdida de paisaje, biodiversidad, producción de alimentos, empleo agrario directo e indirecto, avifauna y deterioro del medio ambiente, incluso calentamiento de las zonas ahora ya reconvertidas en industriales, paradójicamente en nombre de la lucha contra el cambio climático.

La situación es preocupante: mientras que la implantación de grandes ‘parques’ fotovoltaicos avanza de forma vertiginosa por múltiples pueblos y lugares de la geografía española, cada vez es mayor el número de colectivos que levanta su voz de oposición y rechazo a esos grandes proyectos en sus localidades y territorios, y al acaparamiento de tierras agrícolas, con los consiguientes impactos irreversibles.

El caso que hemos tomado como botón de muestra para hacer visible esta situación -la localidad toledana de Méntrida– permite afirmar que se viene actuando con ligereza y sin informar a la población de los proyectos y las consecuencias de las decisiones sigilosamente adoptadas desde fuera del territorio afectado; e incluso, a veces, desde fuera del territorio nacional (una auténtica ‘colonización energética’). Nos hemos limitado a describir el enorme desbarajuste en marcha. Y nos limitamos aquí a hacer algunas sugerencias. Ya se ha hecho un gran estropicio, y lo que queda por ejecutar -si no se modifica- va a incrementarlo aún más, teniendo en cuenta las presiones de empresas y Administraciones.

Pero puesto que aún hay tiempo y los proyectos previstos están aún sin acometer en algunos casos, o ni siquiera presentados o aprobados por el organismo administrativo competente, y una vez denunciados los previsibles efectos de esos proyectos y alertadas las autoridades por diversos medios, lo justo y razonable, por el momento, sería establecer una moratoria para proceder a una ordenación del territorio y una planificación seria, que desterrara o modificara unos proyectos auténticamente salvajes y desproporcionados, con unos efectos perniciosos para la población, la agricultura, el patrimonio natural, cultural e histórico y el medio ambiente.

El acaparamiento de tierras agrícolas por parte de las promotoras fotovoltaicas está elevando el precio de la tierra, eliminando puestos de trabajo agrícola, y dejando sin perspectivas y sin posibilidades a los pequeños agricultores, que ven multiplicarse el precio del alquiler de las tierras necesarias para su trabajo. Un precio que se incorpora como ‘inversión’ en el presupuesto del proyecto de la promotora fotovoltaica en cuestión y que, al final, pagaremos todos los ciudadanos mediante su repercusión en la factura eléctrica.

Los alcaldes y ayuntamientos deberían informar y proteger -en lugar de ocultar y ponerse de perfil- a los colectivos de agricultores -en particular a los pequeños- frente a las prácticas de los ‘conseguidores’ de tierras enviados por las promotoras fotovoltaicas, cuyos métodos de ‘persuasión’ (contacto individualizado y solitario a cada propietario, oferta de precios disparatados, etcétera) dejan mucho que desear.

Frente a la actual invasión y acaparamiento de tierras agrícolas, debiera ponerse en marcha, como alternativa necesaria, la obligatoriedad de que todas las nuevas construcciones de viviendas y edificios en las ciudades de toda España contasen, desde el principio, con instalaciones fotovoltaicas, cuando menos para su propio autoconsumo; así como también un ambicioso plan de ayudas -tanto de tipo técnico como de financiación- para fomentar de forma decidida la instalación de esa tecnología en el parque de viviendas y edificios ya existente, asunto éste en el que España va muy retrasada en relación con otros países europeos. Y dar prioridad a los pequeños proyectos distribuidos y al autoconsumo en instalaciones agropecuarias (invernaderos, granjas, secaderos, etcétera). Esto permitiría el autoconsumo de la población, la incorporación a la red de la energía sobrante, mayor eficiencia energética y un considerable ahorro en la factura eléctrica de las familias.

Tal como ya se ha pedido en sede parlamentaria (Teruel Existe ), el Estado no debería permitir la expropiación forzosa -por razón de ‘utilidad pública’- a petición de una empresa privada, generando una suerte de nueva ‘desamortización’ agraria.

En la medida de lo posible, debiera procederse inmediatamente a una moratoria y una paralización de los proyectos en marcha, para evaluar lo ya acometido, tomar en consideración los problemas que han surgido, incluyendo los rechazos y protestas aquí comentados, para darse tiempo a la reflexión y a una ordenación del territorio más racional. y, en su caso, reemprender los proyectos que se estimen necesarios sobre la base de esa nueva valoración. Habría que intentarlo de alguna manera, para evitar mayores o peores batacazos en el futuro. El Estado tiene herramientas para hacerlo. En lugar de devastar el campo con los macroparques fotovoltaicos, debería darse un mayor impulso a la agricultura, el empleo agrario y la reforestación, con los consiguientes beneficios para el medio ambiente y la fijación de población rural, a la par que impulsar el autoconsumo y un modelo más distribuido de generación renovable.

Como señala el alegato de un nutrido y representativo grupo de científicos españoles: “La necesaria y deseada transición energética en España no puede ser el resultado de un proceso acumulativo de proyectos fraccionados, ni debe generar cambios irreparables en nuestro territorio. El futuro PNIEC debe incluir la exigencia de una planificación energética estratégica a escala nacional, garantizar la integración de políticas sectoriales e incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal. Los pasos dados en este sentido son insuficientes, porque muchas de las grandes transformaciones se están desarrollando a día de hoy. Hay más elementos críticos en esta transición que, en nuestra opinión, deberían tener sus pilares en la eficiencia y el ahorro energético, tal y como marcan las directivas europeas. En esta línea, la política energética debería ir dirigida a una gestión de la producción ajustada a la demanda, y no a hipotéticos mercados futuros que dan soporte a la especulación. Además, los centros de generación deberían estar situados cerca de los de consumo, promoviendo al máximo la ocupación de suelos y techos industriales y urbanos, y reduciendo así el impacto ambiental de las líneas de transporte de la energía generada. (…) Aunque ya vamos tarde, estamos a tiempo de corregir el rumbo y no sacrificar valores naturales únicos que tenemos la obligación de preservar. Más renovables sí, las que hagan falta, pero con cabeza.”

Resulta muy ilustrativa la práctica similitud de las posiciones de los diferentes sindicatos agrarios, expuestas en el cuerpo del presente trabajo, como constatación de la existencia de un problema real que causa preocupación y rechazo entre la población más directa e inmediatamente afectada. A nosotros mismos nos ha sorprendido la coincidencia de nuestra preocupación -y de la orientación y el fondo del presente trabajo- con una posición casi idéntica de las organizaciones sindicales.

Es hora de que los sindicatos, en particular las organizaciones agrarias -y, deseablemente, también los partidos políticos sensibles con la agricultura, la Naturaleza y la despoblación– aúnen las protestas de la población sin voz y lideren la lucha por una transición energética distribuida y justa. Hay que pasar a la acción, de forma coordinada y decidida. El fin (poner coto a las emisiones de CO2) no puede justificar los medios (invadir y expropiar tierras agrícolas, destruir empleo, destrozar el entorno de muchos pueblos, el paisaje y la biodiversidad, entre otras consecuencias nefastas). La Naturaleza es un patrimonio común, y no solo de quien vende o alquila sus parcelas, ni de las empresas que las compran o alquilan para obtener beneficios a cualquier precio.