Tras diez meses de juicio sobre la pieza principal de los ERE en la Audiencia de Sevilla, el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves volvió este lunes a exculparse del caso de presunta corrupción que lo ha sentado en el banquillo de los acusados, junto a otros 20 exaltos cargos andaluces, entre los que está el también expresidente del Gobierno andaluz José Antonio Griñán.
Los 21 exaltos cargos están acusados de prevaricación y malversación por repartir más de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales durante una década de forma opaca y discrecional a trabajadores de empresas en crisis.
Pablo Jiménez de Parga, abogado de Chaves, expuso este lunes sus conclusiones finales sobre los ERE y volvió a pedir la absolución de su patrocinado, ya que «no hay ni un solo indicio incriminatorio» contra el expresidente de la Junta. Es más, Anticorrupción «poco tiene» para acusar a Chaves en el caso ERE «si todos lo indicios que el fiscal ha sido capaz de encontrar» son «cartas y faxes» en los que se insta a buscar soluciones a crisis empresariales, expuso el abogado.
Las «cartas y faxes» a las que hizo referencia este abogado son las de los ERE en la empresa Bilore y en la Faja Pirítica de Huelva que incriminan a Chaves. En una misiva, los empleados de Bilore, que finalmente se vieron beneficiados por un ERE subvencionado por la Junta con 1,6 millones, le piden «a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo» e «interceda por nosotros» ya que, tras reunirse con el entonces director general Javier Guerrero -también enjuiciado junto a los ex presidentes y la veintena de ex altos cargos- en diciembre de 2003, y comprometerse «con nosotros y nuestro alcalde a buscar una pronta solución», aún seguimos esperando», recoge la misiva que entregaron al ex presidente en su visita a la localidad sevillana de Osuna.
Anticorrupción pide para Chaves una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación continuada, al considerar que el sistema de ayudas de los ERE exigía la aprobación del expresidente del Gobierno andaluz, que se mantuvo en el cargo durante 19 años.
Sin embargo, el abogado del expresidente del Gobierno andaluz insistió en que su patrocinado fue ajeno por completo a todas las irregularidades de los ERE. Ni detectó «ninguna señal de alarma» ni «leyó ninguna de las memorias» en las que la Intervención de la Junta advertía sobre las irregularidades en el sistema implantado para repartir de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis con las que se perseguía mantener la paz social.
Para exculparse del fraude de los ERE, Chaves también se parapetó tras los seis acuerdos de concertación que firmó su gobierno con los sindicatos y los empresarios, que incluían las ayudas sociolaborales destinadas a empresas en crisis que salieron del también conocido como fondo de reptiles.
«¿Cómo es posible que la Fiscalía mantenga que la política de ayudas sociolaborales era opaca?», se ha preguntado el abogado de Chaves, que ha recordado que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos más representativos [UGT y CCOO] firmaron los acuerdos de concertación en los que se pedía que «se mantuviera la línea de ayudas a las empresas en crisis». Por lo tanto, «no es una política opaca», ha remarcado Jiménez de Parga.
Chaves sí conoció las crisis empresariales que hubo en Andalucía durante su mandato e incluso se reunió con los representantes sindicales y los comités de empresa de las sociedades que recibieron las ayudas irregulares de los ERE, según afirmó su abogado. No obstante, Jiménez de Parga puntualizó que eran encuentros de «contenido político», en los que el entonces presidente del Gobierno andaluz no entraba en los detalles «concretos» sobre el reparto de fondos de la partida presupuestaria 31L para costear los ERE.
El exconsejero de Empleo
El letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha criticado este lunes que la causa de los ERE se ha «construido sobre un cúmulo de prejuicios» y se ha creado el estado de opinión de que «hay delito, los culpables se sientan en el banquillo y se les va a condenar», informa Efe.
Del Hoyo ha iniciado este lunes la lectura de su informe final en el que defiende la inocencia del exconsejero, acusado de prevaricación y malversación y para quien la Fiscalía y el PP-A pide ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.
Un informe que ha advertido de que será «necesariamente largo» -prevé consumir las dos sesiones de mañana martes como mínimo-, por lo que ha pedido al tribunal «paciencia» por adelantado.
El letrado ha criticado que la instrucción durante siete años del caso ERE «criminalizó» el modo de presupuestar esos fondos y el total de su uso, un «error mayúsculo» ya que «en vez de seguir el rastro del dinero» para determinar en cada caso si se usó para un fin de interés público «se entendió que todo el dinero había sido malversado» porque «el procedimiento era prevaricador».
No se tuvo en cuenta que la forma de presupuestar y el destino de los fondos se recogió año a año en las Leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento y que «entre el 85 y el 90 %» fue a parar a «6.300 trabajadores» afectados por procesos de reestructuración de empresa que «disfrutaron, disfrutan a día de hoy y seguirán disfrutando de estas ayudas a la prejubilación».
Pese a ello se piden penas de cárcel a los cargos públicos acusados, embargando sus bienes y reclamándoles la devolución del dinero, al establecer «como un dogma de fe» que se creó esa forma de presupuestar para eludir los controles y que las ayudas debían concederse en base a la Ley andaluza de Subvenciones cuando su marco normativo era una orden ministerial de 1995.
A juicio de este abogado, «si algo ha quedado claro en este juicio» es la «transparencia» de la Consejería de Empleo sobre el destino de los fondos pues aparecía consignado en sus presupuestos y se habla de que se soslayó el control de la Intervención cuando tanto los peritos como los testigos coinciden en que pudo hacer un informe de actuación y nunca se investigó ni a los interventores de Empleo ni a los de IDEA, mientras se sienta en el banquillo el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.
Cuando fue «innegable» que el crédito y destino de los fondos venían en los presupuestos, «se construyó una nueva tesis» según la cual el Parlamento «fue engañado e inducido a error» para aprobar esos presupuestos fraudulentamente elaborados, lo que provocó un «conflicto institucional» cuando la primera instructora, la jueza Mercedes Alaya, amagó con investigar a la Cámara andaluza en pleno.
El abogado de Fernández, uno de los pocos acusados en este juicio que ha pasado por prisión, ha denunciado que el caso ERE se ha «construido sobre un cúmulo de prejuicios» y las tesis acusatorios «se han aireado con intencionalidad», y coincidiendo con procesos coetáneos con gran foco mediático, provocando «desgraciadamente» que la sociedad «haya interiorizado» que durante diez años la Junta usó un sistema ilegal eludiendo el control para dar ayudas a afines.
Parafraseando el popular dicho periodístico de que «la realidad no te estropee una buena historia», Del Hoyo ha señalado que en el caso ERE «se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso».
Y citando el cuento de ‘Alicia en el país de las maravillas’, ha aludido a que «sólo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo».