«Cada pleno se convierte en algo doloroso. Sales arañado». Así resume un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el estado de crispación interna que atraviesa la cúpula judicial y que aflora cada vez que se afronta una decisión importante. El último episodio de esta escalada de tensión se vivió durante la reunión del pleno del Consejo que el pasado jueves decidió, entre otras cosas, nombrar a un juez apartado de Gürtel por su cercanía al PP como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
La división fue de tal calibre que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, tuvo que usar su voto para desempatar y provocar el nombramiento de Juan Pablo González, frente a Mercedes del Molino, una candidata que le superaba en todos los baremos marcados para la convocatoria. Fue una reunión tensa, según relatan algunos de los presentes: hubo reproches e incluso lágrimas, durante las intervenciones de quienes apoyaban a la candidata perdedora. Como consecuencia de la pelea la consejera Clara Careaga (del sector progresista) ha anunciado un voto particular, al que se sumarán al menos otros cuatro consejeros según fuentes internas consultadas por eldiario.es.
La emisión de votos particulares sobre un nombramiento «no es habitual», tal y como señala Álvaro Cuesta, miembro del CGPJ a propuesta del PSOE. Según Cuesta, en otras ocasiones «los nombramientos se han producido por decantación, sin que fuera necesario negociar». Sin embargo, las rencillas entre los miembros de la cúpula judicial están a flor de piel y nada se decide ya sin polémica y enfrentamientos.
El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial -el órgano de Gobierno de los jueces que designa a los responsables de los principales tribunales españoles- tras el fracaso del pacto impulsado por Pedro Sánchez, está detrás de la explosión de ánimos entre la cúpula judicial: «Las rencillas llegan ya hasta las sentencias», asegura un alto cargo de la judicatura con plaza en el Tribunal Supremo.
Es lo que sucedió el pasado martes, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo sobre las hipotecas que revoca un fallo anterior y carga sobre los clientes el impuesto jurídico de actos documentados. Ese texto y los votos particulares explican bien lo que está pasando en la cúpula de los tribunales españoles y que según algunas fuentes se parece mucho a un ajuste de cuentas entre togas.
El grupo de magistrados que se habían mostrado favorables a que los bancos asumiesen el coste de los impuestos que gravan las hipotecas plasmaron por escrito su sensación de haber sido víctimas de una «práctica cinegética». Fue su respuesta a la decisión impulsada por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, de forzar un cambio de criterio para favorecer los intereses de las entidades financieras.
Según estos jueces, sus compañeros desplegaron durante el Pleno «un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentaciones poco rigurosas» sin entrar el fondo jurídico del asunto. Eso se ha plasmado en un tono «áspero e hiperventilado» en las sentencias del pasado martes que sirve para «dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la Sala, la sección segunda». Sin disimulo, los jueces han empezado a utilizar las sentencias para dejarse recados y dirimir sus propias batallas sin recato, tal vez en el peor momento de la institución, con la credibilidad de los tribunales por los suelos.
Mientras tanto, en el CGPJ se reproduce la situación de tensión que arrastra el Supremo por nombramientos como el de Luis Díez-Picazo para la presidencia de la Sala Tercera, donde se originó la crisis de las hipotecas, por la que el propio Lesmes ha tenido que salir a pedir perdón. Desde su posición, Picazo tumbó la primera sentencia que obligaba a los bancos a asumir el coste del impuesto a las hipotecas. El anuncio de que se corregiría surgió 24 horas después de haberse conocido, con los principales bancos cayendo en Bolsa y según él mismo explicó movido por «el impacto social y económico del fallo». El resultado es conocido: tres semanas después una sala del Supremo partida en dos -15 votos a 13- revirtió el fallo para colocarse del lado de la banca.
El nombramiento de Díez-Picazo había sido un empeño personal del presidente del Supremo, Carlos Lesmes y la decisión nunca ha sido aceptada en la judicatura al considerarse un movimiento más para favorecer al sector ideológico identificado con el Partido Popular.
«Los enemigos de la independencia del Poder Judicial son los enemigos de la democracia. Los mismos que están detrás de la corrupción y del crimen», asegura en conversación con eldiario.es el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta. Este jurista y exdirigente del PSOE defiende la idea de que los bloques que han operado estos cinco años en el Consejo «no siempre han respondido a perfiles ideológicos». Según Cuesta, el trabajo del órgano de gobierno de los jueces en su actual mandato ha estado carente de conflictos con «un nivel de convivencia muy razonable». Todo eso ahora ha saltado por los aires cuando ya expira su mandato y sin que haya ningún indicio de que pueda ser renovado, visto el portazo del PP cuando los mensajes de Ignacio Cosidó frustraron el nombramiento de su hombre para presidir el Poder Judicial y el Supremo: el magistrado Manuel Marchena.
La reunión del consejo celebrada el pasado jueves para decidir el nombramiento de un presidente para la Audiencia Provincial de Madrid puso de relieve el deterioro en las relaciones entre las diferentes familias que gobiernan la judicatura en España. Ese día, el candidato de Lesmes era Juan Pablo González, un juez a quien se apartó del caso Gürtel por su excesiva cercanía con el Partido Popular y con la Fundación FAES.
Frente al candidato de Lesmes, el sector progresista apoyaba la candidatura de Mercedes del Molino, una mujer con mejor puntuación en todos los baremos que marcaban la convocatoria para el puesto. Frente a los 27 años de servicio de Juan Pablo González, Del Molino acumula 31. La candidata también superaba a su oponente en el número de años de servicio en órganos colegiados: 13 frente a seis. Además, Mercedes del Molino ocupa el puesto 815 del escalafón judicial por los diversos méritos obtenidos a lo largo de su carrera. Su oponente se encuentra muy por debajo, en la posición 1298.
La defensa de los candidatos se produjo en un tono correcto, no exento de tensión. Hubo lágrimas como las que interrumpieron el discurso con el que Rafael Mozo intentó defender las virtudes de la candidata para quien pedía el apoyo. El Consejo se partió en dos: diez votos para cada uno de los dos contrincantes. Carlos Lesmes fue el encargado de desempatar e imponer el ascenso del juez apartado de Gürtel para la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
No es la primera que sucede: otros dos jueces apartados también de procesos judiciales por sus vínculos con el Partido Popular también han sido ascendidos por el Poder Judicial.
El papel del Carlos Lesmes al frente de la cúpula judicial está lejos de la moderación que se le presuponía cuando trascendió que PP y PSOE habían acordado sustituirlo por el magistrado Manuel Marchena. Ese acuerdo se rompió y Lesmes goza ahora de un tiempo extra en el cargo que está empleando con mano de hierro.
«Lesmes está haciendo ahora lo que le pide el cuerpo», aseguran fuentes del Tribunal Supremo. En el sector progresista del CGPJ avanzan más en la afirmación: «Tiene una misión que es facilitarle las cosas al PP. Está aprovechando lo que le queda para nombrar a los más intensos, a los más rabiosos del PP», asegura un miembro del Consejo.
Uno de los nombramientos patrocinados por Lesmes puede tener la clave del futuro político para Pedro Sánchez con respecto a Catalunya. La Sala Tercera del Supremo es el órgano acreditado para resolver los recursos contra aquellos indultos que pueda aprobar el Gobierno. La decisión que adopte la sala que dirige Luis Díez-Picazo será firme y puede impedir que Sánchez lleve adelante cualquier intento de resolver la situación de los políticos presos con un acuerdo del Consejo de Ministros para pacificar el conflicto con Catalunya.
Frente a quienes piensan que la emisión de indultos es una atribución automática de un gobierno, Carlos Lesmes se ha encargado de cubrir ese flanco con alguien de su más estricta confianza para decir la última palabra al respecto.
