Un buen número de los grandes procesos de desviación de poder en ayuntamientos llegarán en breve a juicio, aunque las dilaciones indebidas ‘garantizan’ que las condenas, si las hay, se verán muy reducidas. Si en 2013 eran treinta las causas por tramas en municipios, en los últimos 4 años se han abierto varias decenas

 Más que rendir cuentas, rendirán cuentitas. Porque es bien seguro que más que resultar condenados, en el caso de que así acabe ocurriendo, solo serán ‘condenaditos’. Las diligencias sobre las más relevantes tramas de supuesta corrupción instaladas en las instituciones locales murcianas -‘Zerrichera’ en Águilas, ‘Auditorio’ de Puerto Lumbreras, ‘Nueva Condomina’ en Murcia, ‘Pagamenta’ de Fuente Álamo, ‘Camelot’ de Torre Pacheco, ‘Valhalla’ en San Javier, ‘Ninette’ de Los Alcázares, ‘Líber-Biblioteca-Roblecillo’ en Librilla, Aledo y Caravaca de la Cruz; ‘Polideportivo y Obras de Arte’ de Ceutí, ‘Novo Carthago’ en Cartagena, ‘Benís’ en Cieza…- están formalmente concluidas, o a un solo suspiro de estarlo, y parece llegado el momento en que un porcentaje elevadísimo de quienes rigieron durante años los destinos de los municipios regionales empiecen a ocupar el banquillo de los acusados.

Pero que nadie se llame a engaño. La ‘de banquillo’ o ‘telediario’, poniéndose en lo peor -o en lo mejor, dependiendo del lado desde el que se mire el asunto-, será la única pena relevante con la que escapen algunos de los encausados. Con unas investigaciones judiciales que se han prolongado a lo largo y ancho de diez, doce y hasta quince años, y que además de llegar a juicio carcomidas por el tiempo lo hacen preñadas de errores, lapsus, inconcreciones y olvidos derivados de la falta de medios y el aburrimiento, cuando no de la pura desidia -véase lo ocurrido con ‘Ninette’, donde se dejaron prescribir al menos seis delitos fiscales por más de tres millones de euros debido a que no se dictó un simple auto de imputación formal-, no son pocas las bazas que ya están del lado de los presuntos corruptos y sus defensas.

Para empezar, casi todos los encausados llegarán a juicio llevando ya aplicada ‘de serie’ una sustancial rebaja de las condenas por mor de las dilaciones indebidas -los retrasos injustificados en la tramitación de diligencias-, una atenuante que se considerará como muy cualificada en buena parte de estos asuntos y que hará que las penas a imponer -si finalmente las hay- se reduzcan desde un buen puñado de años de prisión a solo unos meses de cárcel.

A TENER EN CUENTA Juicios consecutivos En apenas dos días van a pasar por la Audiencia el exalcalde de Cieza, la exregidora de Lorquí y la presunta trama urbanística de La Zerrichera en Águilas Más localidades ‘manchadas’ Nueve de cada diez municipios se han visto salpicados en la última década por sospechas de actuaciones ilegales Cierres apresurados de las causas La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha traducido en impulsos definitivos a un buen puñado de procedimientos que estaban enquistados

 

La ‘moda’ de los acuerdos

Si a ello se le suma la ‘moda’ imperante de cerrar estas macrocausas con acuerdos previos entre la Fiscalía y las defensas -algo que resulta muy sugerente frente a la alternativa de tirarse semanas e incluso meses celebrando un juicio-, pues miel sobre hojuelas para los encausados, que en el tira y afloja todavía pueden rascar alguna reducción adicional de la condena. Es verdad que, pese a todo ello, siempre subsistirá cierto riesgo de que algún munícipe acabe dando con sus huesos en chirona. Ni más ni menos, lo que vino a pasarle al exalcalde de Totana, el popular Juan Morales, que fue uno de los primeros en ser condenados por corrupción en la Región.

Pese a haberse beneficiado de sustanciales rebajas tras un pacto con el fiscal, que permitió que la pena de más de 30 años que se solicitaba inicialmente por haber pedido a constructores más de 15 millones en comisiones se quedara en solo dos años, el ex primer edil totanero acabó pasando una buena temporada entre rejas. Su sucesor, el también popular José Martínez Andreo, ya escapó bastante mejor: se le pedían ocho años y medio de cárcel, que se quedaron en tres meses después de admitir que cometió delitos de fraude en grado de tentativa y omisión del deber de perseguir delitos. Digno de celebrar.

Una mancha muy extendida

Hace cuatro años, ‘La Verdad’ publicó una especie de ‘mapa de la corrupción’ en la Región, que causó una evidente conmoción social ante la constatación de que se trataba de un fenómeno muy extendido en las instituciones públicas, como lo evidenciaban las treinta causas por delitos contra la Administración Pública que se tramitaban en ese momento en los juzgados regionales.

De entonces a esta parte, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado sustancialmente. Y es que se han registrado algunas absoluciones y archivos de diligencias -Campos del Río, el caso del dúplex de Sánchez en Puerto Lumbreras, los asuntos ‘Rotondas’ y ‘San Esteban’ de Murcia, ‘Torre Vieja’ de Alguazas…-, pero han ido sucediéndose las condenas -Daniel García Madrid (Torre Pacheco), Matías Carrillo (Fortuna), Isabel Toledo (Pliego), ‘trama Limusa’ en Lorca…- y, sobre todo, se han ido consolidando los indicios delictivos que llevaron a la Fiscalía y a los juzgados murcianos a abrir decenas de diligencias por presuntas tramas delictivas en consistorios.

Entre este viernes y mañana, lunes, la Audiencia Provincial verá pasar por sus salas de vistas al exalcalde popular Antonio Tamayo, acusado del ‘caso Benís’; a la exregidora de Lorquí, Resurrección García, y a cinco ex directores generales y antiguos secretarios generales de Medio Ambiente y Urbanismo, acusados de haber propiciado con sus resoluciones el ‘escándalo Zerrichera’, que en 2005 permitió la recalificación ilegal de una gran extensión en Águilas para construir un resort de lujo con 4.500 viviendas.

La celebración de juicios contra las presuntas redes corruptas instaladas en la Administración local serán una constante en los próximos meses y a lo largo de todo 2008, según confirman fuentes de la Justicia murciana. La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reducía a seis meses el plazo legal máximo para instruir un procedimiento -hasta 18 meses en los asuntos de especial complejidad- ha significado, en la práctica, que muchos casos que llevaban años durmiendo el sueño de los justos hayan recibido ahora un empujón definitivo. De forma que hay doce o quince procedimientos ‘en capilla’ para que se dicte auto de procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento-, de apertura de juicio e, incluso, pendientes solo de que se señale la fecha para la vista oral.

Pero si el panorama resultaba ya desolador en 2013, la apertura de nuevas diligencias en los últimos cuatro años todavía agrava más la sensación de que esta mancha, la de la corrupción, se había extendido por los municipios de la Región hasta extremos inimaginables. Un somero, y muy probablemente incompleto, repaso a los asuntos abiertos en los tribunales indica que prácticamente nueve de cada diez municipios se han visto salpicados en la última década por sospechas de desviación de poder.

Fuentes de la Fiscalía confirman que desde 2013 a la actualidad se han abierto varias decenas de investigaciones que afectan a consistorios -Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Puerto Lumbreras, Moratalla, Abarán, Molina de Segura, Villanueva del Río Segura, Mazarrón, Santomera, La Unión…-, y aunque resulta complicado concretar más la cifra, añade nuevas y densas sombras sobre la gestión municipal.

 

 

FUENTE: LAVERDAD