Luis R. G. se manejaba con soltura entre los ordenadores de la Agencia Tributaria. Su trabajo como funcionario le permitía acceder al sistema informático que soportaba las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y hacer y deshacer a su antojo. El 11 de abril de 2008, además, se dio de alta como colaborador social, lo que le facilitaba aún más el acceso a los datos de los ciudadanos que querían recibir asesoramiento para hacer su declaración. Con estas dos habilitaciones, el funcionario comenzó a recomendar a familiares y amigos cómo defraudar a las arcas públicas. Por supuesto, lo hizo a cambio de dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a dos años de prisión y le ha prohibido volver a tener cargo público alguno hasta al menos dentro de ocho años. Él ha aceptado la pena, que ha sido más baja debido a las dilaciones injustificadas que sufrió el procedimiento judicial, y ha admitido haber incurrido en un delito de falsedad documental y en otro de actividades prohibidas a los funcionarios. La sentencia considera probado que el funcionario fue creando poco a poco una ‘cartera de clientes’ a los que asesoraba para manipular su declaración de la renta de forma fraudulenta con el fin de que esta les saliera favorable. 

Luis estuvo llevando esta doble vida desde 2008 hasta 2011. Durante este tiempo estuvo falseando el IRPF de más de un centenar de amigos y familiares. Siempre a cambio de una contraprestación económica. Entre estos ‘clientes’ estaba el que fuera jefe de la Policía Local de la localidad madrileña de Pinto Gervasio Villaverde, aún pendiente de que la misma Audiencia Provincial le juzgue por falsedad en documento público, intrusismo, usurpación de funciones y estafa a la Administración en el marco de otra investigación paralela al falsificar supuestamente su titulación para presentarse al cargo.

El tribunal entiende que el funcionario de Hacienda estuvo cuatro años introduciendo en las declaraciones de la renta de estos amigos a hijos que no existían, minusvalías ficticias u otros elementos que permitían al ‘cliente’ beneficiarse de las deducciones que la ley contempla para estos extremos. «Declaraba minusvalías en su propia declaración, en la de su madre así como en las que presentaban los obligados tributarios relacionados con él», detalla la sentencia dictada el pasado 13 de febrero por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

«Aprovechando que, como funcionario, conocía los filtros informáticos que permitían no detectar irregularidades en la declaración del IRPF (…) presentó documentación del mencionado impuesto para sí y para terceras personas, a cambio de dinero», relata la resolución, que añade que se inventaba situaciones familiares y las proponía de tal forma que la aplicación informática las detectara como correctas. En caso de equivocarse y de que la declaración no pasara los filtros, el funcionario «presentaba en plazo otra declaración sustitutiva con el fin de evitar ser descubierto».

Fue cazado por un error que tuvo precisamente con una de las mencionadas minusvalías ficticias que había asegurado que tenía uno de sus amigos

Si, además, los mecanismos de control de la Agencia Tributaria se activaban por cualquier motivo, presentaba certificados falsos de minusvalía, por ejemplo, que confirmaban que los datos introducidos eran correctos. El procedimiento estaba totalmente controlado, dado que él tenía la sartén por el mango desde que comenzaba el asesoramiento hasta que el sistema informático lo aprobaba. Sin embargo, el mentiroso fue cazado por un pequeño error que tuvo precisamente con una de las mencionadas minusvalías ficticias que había asegurado que tenía uno de sus amigos.

La administración de Hacienda de Torrejón de Ardoz detectó movimientos extraños en relación a este contribuyente cercano al funcionario y decidió investigar. Constató que en sus diferentes declaraciones de la renta se habían consignado estas minusvalías y se habían creado descendientes que en realidad no existían. Llegó hasta el autor de este fraude y comenzó a descubrir que estaba haciendo lo mismo para otros amigos y familiares. Concluyó que hasta un centenar de personas entraron en este ‘juego’ y que todas ellas habían dejado de ingresar a Hacienda un total de 444.962 euros.

Tras poner en marcha el mecanismo de corrección, sin embargo, la Agencia Tributaria practicó una declaración complementaria a cada uno de estos más de 100 beneficiados. Ninguno de ellos protestó por ello, con lo que reconocían implícitamente que no padecían minusvalía alguna, que no tenían a su cargo a esos falsos hijos o ascendientes ficticios y que tampoco les correspondían las deducciones derivadas de otras circunstancias inventadas. Todos ellos admitían también que habían pagado a Luis por la elaboración de estas falsas declaraciones. El propio funcionario regularizó igualmente su situación con Hacienda hasta el último euro, según explicó la Agencia Tributaria durante la causa.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL