La Audiencia Nacional tiene en su poder la facturación íntegra del entramado empresarial dirigido durante años por el comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo,actualmente en prisión preventiva. Esos documentos contienen el listado completo de empresas y particulares que contrataron al agente encubierto, previo pago de importantes sumas de dinero.
Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, en los registros llevados a cabo en noviembre de 2017 en las viviendas y oficinas del polémico comisario y su socio Rafael Redondo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se incautó de un dispositivo que contenía el citado archivo con el registro íntegro y detallado de las facturas de las sociedades de Villarejo durante más de una década.
Las diligencias practicadas en el sumario de la operación Tándem han revelado que el controvertido policía –imputado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros- compaginó su labor policial con su faceta como empresario, siendo contratado por decenas de empresas de distintos sectores y tamaños para realizar tareas en materia de seguridad y elaborar “informes de inteligencia”, entre ellas grandes compañías del IBEX 35.
Las empresas, imputadas
Las fuentes consultadas precisan que dicho archivo informático fue incautado a Redondo y, posteriormente, desencriptado con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trata de una serie de carpetas de documentos donde de forma pormenorizada se recogen las facturas emitidas por mercantiles como Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) -la matriz del conglomerado empresarial controlado por Villarejo-, Cenyt Consultoría, Stuart & McKenzie, etc.
Tras analizar dicho material informático, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene previsto -a partir del próximo mes de septiembre- acordar la apertura de una veintena de nuevas piezas separadas en el denominado caso Tándem.
Todas las empresas donde se pueda acreditar que realizaron pagos al agente encubierto a cambio de que llevara a cabo trabajos ilícitos serán tratadas por la Audiencia de la misma manera que Pérez y Cía (propiedad de los navieros Pérez Maura) o el BBVA, es decir, se perseguirá su responsabilidad penal como personas jurídicas en virtud del artículo 31 bis del Código Penal, apuntan las fuentes consultadas.
Temor en el IBEX
De hecho, en estos momentos, el juez García Castellón tiene encima de la mesa una nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre la imputación de otra empresa. Se trata del bufete Herrero y Asociados (pieza Iron) al que el Ministerio Público ha pedido investigar como persona jurídica por delitos de cohecho y revelación de secretos ya que los servicios contratados al comisario incluyeron presuntamente el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias, así como información tributaria y de inteligencia financiera.
Por otro lado, tal y como desveló El Independiente en exclusiva, grandes empresas del Ibex 35 recurrieron a los servicios del polémico comisario. Por ejemplo, Caixabank facturó a Cenyt 45.000 euros el 16 de mayo de 2012 por la prestación de un servicio que este diario no ha podido determinar. Además, según la documentación que reza en poder de este medio, la multinacional Iberdrola pagó 95.000 euros al actual preso preventivo entre los años 2012 y 2017.
Asimismo, el antiguo agente encubierto prestó a través de su complejo entramado societario servicios variopintos a decenas de empresas como Legalitas Asistencia Legal, Alcampo, Citibank España, Société Générale, Planeta Corporación, Generali, Simba, Persán o Eurofinsa. Todas estas entidades y sus máximos responsables miran ahora con temor a la Audiencia Nacional.
