El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y a la Agencia Tributaria para conocer la identidad de las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes. La Audiencia rastrea declaraciones de la renta, movimientos de cuentas bancarias y registros de llamadas. Este tipo de datos, que sólo se pueden obtener por mandato judicial, eran clave en el modus operandi de Villarejo, que pudo comprometer la seguridad del Estado con la supuesta interceptación de comunicaciones en las que participó el entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián.
La Fiscalía Anticorrupción acreditó durante la investigación del caso Villarejo que las tareas de espionaje que el comisario jubilado vendía a sus clientes consistían básicamente en obtener información confidencial de los adversarios de las personas o empresas que le contrataban. El sumario recoge ya decenas de pruebas de esta conducta ilegal en el espionaje que puso en marcha el comisario para un bufete de abogados, un empresario de la construcción y una familia adinerada peleada por una herencia.
Para lograr su objetivo, Villarejo pagaba a empleados de firmas telefónicas, bancos e incluso de la Agencia Tributaria, que le suministraban tráfico de llamadas, movimientos en cuentas bancarias o declaraciones fiscales de las personas o empresas espiadas. Anticorrupción solicitó hace varios meses al juez instructor que reclamara información a las empresas telefónicas sobre las personas que “dentro de la empresa hayan accedido a los datos de determinados números de teléfono móvil y que por tanto habrían podido facilitar los mismos a la organización criminal liderada por Villarejo”.
El juez aceptó esa petición y solicitó a las compañías de telecomunicaciones esa información. En el mismo sentido y con idéntico resultado, la Fiscalía instó al juez a pedir a la Agencia Tributaria que identificase al personal que había accedido en 2013 a una serie de datos fiscales de determinadas empresas a las que espió Villarejo. La investigación acreditó que el comisario retirado entregó la declaración fiscal de una empresa a uno de sus clientes a la vez que le decía: “Esto es más ilegal que una patata”.
En las conversaciones grabadas por el propio Villarejo, incorporadas al sumario de la causa, el comisario explica a quienes le contratan las bases de la investigación que va a llegar a cabo: “Yo únicamente necesito el [número de] móvil, el nombre y los dos apellidos y ya está, con eso es suficiente”. Tras conseguir estos datos, pone en marcha su maquinaria de sobornos, que no tiene ningún rubor en explicar a sus clientes para que le paguen grandes cantidades de dinero: “La provisión de fondos es fundamental porque ¿te crees que el de Hacienda nos lo da gratis, los rastreos que estamos haciendo de tráfico de llamadas y las cosas delicadas… la gente se la juega y a cambio hay que untarlos… todo eso vale pasta”.
Contactos en el BBVA
En otra conversación con una de las personas que le contrata, Villarejo presume de tener contactos en el BBVA para conseguir información bancaria de determinados clientes y le explica algunas dificultades que se encuentra en su trabajo: “Nosotros tenemos buenas relaciones con gente dentro de los bancos. Pero en este caso, es que lo llevan muy arriba. O sea por las razones que sean hay cierto blindaje de acceso a nivel medio y hace falta burlar esos controles (…) Estamos consiguiendo pruebas ilegalmente, pero no las vamos a presentar en el juzgado… diremos al juez que creemos en eso y el juez va a pedir cosas que sabemos que existen y ya está, es la forma de trabajar”.
El comisario aseguraba a sus clientes que disponía de “equipos de audio para grabaciones convencionales, equipos de captación de audio en ambientes hostiles, equipos ópticos captadores de imágenes en ambientes adversos” para garantizar que la investigación iba a resultar exitosa.
Los requerimientos de la Audiencia son de años posteriores a las maniobras del PSOE y Sacyr para tomar el control del BBVA. Villarejo afirma haber proporcionado al banco que presidía Francisco González el contenido de supuestas conversaciones telefónicas en las que participaron Miguel Sebastián y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, según informó El Confidencial. Fernández de la Vega niega haber intervenido en ese diálogo. El presunto cerebro de la Operación Tándem habría logrado acceder presuntamente al contenido de 15.000 conversaciones telefónicas.
