La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España han puesto en duda el supuesto agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros detectado en el Banco Popular por un «experto independiente», cifra que permite cuestionar tanto su independencia como su profesionalidad.
En una nota, esta asociación califica de «llamativo» que la valoración de las pérdidas estimadas del Popular que, según se ha publicado, habría realizado la firma auditora Deloitte, establezca un rango de entre 2.000 y 8.000 millones de euros en función de los escenarios que se contemplen. Esto lleva a pensar, indica el comunicado, que o los «escenarios» son de una diversidad extrema, o el «experto» no lo es tanto, o no lo es su independencia.
También les resultan «sorprendentes» las afirmaciones sobre que se ha tratado de una crisis de liquidez y no de solvencia; normalmente, «la una conduce a la otra», pero si se adoptan las medidas adecuadas «resulta difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez».
Esto es «un indicio sólido» de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada. Se permitió «la enfermedad» Estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie, prosigue la nota, y en la práctica eso supone que se permitió «que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable».
La asociación no se opone a la existencia de un sistema de supervisión financiera europeo, pero lamenta la rigidez del actual modelo, que limita el alcance de una inspección y prácticamente no deja lugar a imprevistos que puedan surgir y a los que hay que hacer frente con mayor flexibilidad, ampliando el plazo o el alcance de la inspección.
También se quejan de la «futilidad» de los test de estrés realizados a las entidades financieras, que «por la vía de los hechos» han resultado un fracaso. El sistema actual, y la «enorme maraña regulatoria» cuyos «sofisticados y costosos» métodos tratan de convencer a la opinión pública de que se está haciendo «mucho y bien» por la estabilidad del sistema financiero lo que hace es confundir la complejidad con el rigor.
El empeño en establecer en un plazo «exageradamente breve» una supervisión bancaria conjunta europea, sin detenerse lo suficiente en cómo hacerlo de manera eficaz, sólo sirve para que ahora sea «mucho más difícil que antes» establecer la responsabilidad de supervisores y reguladores.
