Debe adaptarse al fallo del Constitucional que exige evaluación ambiental para modificar planes urbanísticos
Las comisiones de Asuntos Generales y de Economía y Hacienda de la Asamblea Regional han puesto en marcha la reforma de la Ley de Aceleración Empresarial aprobada en 2018, cuyo texto debe ser adaptado al fallo del Tribunal Constitucional que anuló algunos de sus artículos. El Grupo Parlamentario Socialista ha venido reclamando la apertura de este proceso y acusaba al PP de imponer una norma que establecía «el urbanismo a la carta. Por eso fue rechazada por el Constitucional», sostienen.
El diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños explicó en un comunicado que «el Constitucional eliminó el artículo de la ley que pretendía evitar la evaluación ambiental para la tramitación de las normas transitorias del municipio de Cartagena. En su sentencia, el Constitucional deja claro que, para cualquier modificación estructural del ordenamiento urbanístico, son imprescindibles estos trámites ambientales», destacó.
Añadió que «el Gobierno regional pretendía legalizar actividades que no cumplen con los planes urbanísticos municipales con una simple declaración de los gobiernos locales, obviando el trámite obligatorio de modificación del plan que es competencia del pleno municipal». Por su parte, la diputada del Grupo Popular Miriam Guardiola contestó que solo se introducirán «unas modificaciones gramaticales para dar mayor seguridad jurídica y una adaptación de criterios de interpretación». La parlamentaria afirma que el dictamen «es un varapalo del Constitucional a PSOE y Podemos. El PP apuesta por la flexibilización y dar facilidades a las empresas, mientras que PSOE y Podemos ponen trabas a la libertad económica».
FUENTE: LAOPINIONDEMURCIA
