Villarejo utilizó Uruguay y Panamá para cobrar a sus millonarios clientes sus “proyectos”, campañas de desprestigio como King, por la que el comisario percibió 5,3 millones de euros para desacreditar a Gabriel Mbega Lima, Gabry, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial. El rastro de la fortuna oculta del comisario se sigue, también, en Hong Kong, Suiza, Reino Unido, isla de Man y República Dominicana, pero hasta el momento esos países no han respondido a las peticiones de auxilio judicial del magistrado. Fuentes de la investigación afirman que al hombre que trabajó como “agente encubierto” para los Gobiernos de PSOE y PP no se le han encontrado cantidades relevantes en sus cuentas en España.
Una investigación de este periódico reveló en 2015, dos años y medio antes de ser detenido, que el policía tenía 12 sociedades con 16 millones de capital. Entonces, rehusó dar explicaciones y afirmó que estaba autorizado por Interior.
Discos duros en Bélgica y Suiza
Los investigadores barajan la hipótesis de que Villarejo oculte en Bélgica y Suizados de las tres copias de las grabaciones a magistrados, fiscales, empresarios y periodistas que registró durante 25 años con un microespía, según fuentes próximas a la causa.
Del descifrado de este material —más de 20 terabytes de información— se encargará el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), un organismo radicado en León que depende del Ministerio de Economía y Empresa. La institución dispone de un programa informático capaz de “averiguar millones de contraseñas” y procesar a gran velocidad un gran flujo de datos para reventar el potente algoritmo con el que Villarejo protegió sus dispositivos informáticos, según fuentes próximas a la investigación.
El juez Diego de Egea mantendrá en los próximos días una reunión con los responsables del Incibe. El magistrado ha decidido confiar el material a este organismo ante el enorme volumen de información que contienen los discos incautados y la dificultad para acceder a su lectura.
Desde que la policía incautó las grabaciones del comisario José Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos discrimina la información. Los agentes criban los audios con indicios de delito de la información sensible que afecta a la Seguridad del Estado. “Lo que apunta a un delito, se incluye en las piezas abiertas o en otras nuevas. El resto, se separa, se destruirá en el futuro por orden judicial o se someterá a la Ley de Secretos Oficiales”, afirma una fuente de la investigación.
