No podrán salir de Bélgica y deberán comparecer cuando sean requeridos por la justicia
Empezó entonces la cuenta atrás. Podían permanecer detenidos un máximo de 24 horas mientras un juez decidía entre tres opciones: rechazar la euroorden, mantener a Puigdemont y sus excompañeros en prisión provisional o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza. El mayor o menor riesgo de fuga se presentaba como un factor decisivo para que se impusiera una u otra medida, pero finalmente los cinco quedaron en libertad a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial sobre su entrega a España, que en teoría se puede alargar hasta 90 días.
Los responsables de la fiscalía no descartaban que se impusieran restricciones que dificultarían la campaña de Puigdemont desde Bélgica para las elecciones del 21-D: “El juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de comunicación», advertía su portavoz, Gilles Dejemeppe. Pero la amenaza no se cumplió. La fiscalía impuso a los acusados la obligación de permanecer en el país mientras dura el proceso, comparecer cuando sean llamados y comunicar una residencia fija.
Los políticos investigados fueron trasladados en varios coches desde dependencias policiales hasta el edificio de la Fiscalía de Bruselas, donde terminaron de declarar sobre las nueve de la noche, aunque no abandonaron sus instalaciones hasta el filo de la medianoche. A la salida no se dirigieron a los medios ni se dejaron ver. Durante la tarde se les tomó declaración uno a uno a puerta cerrada en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros eligieron que la audiencia ante el juez se desarrollara en neerlandés en lugar de en francés, la otra alternativa. Aunque los motivos de la elección no trascendieron, dicho idioma es el utilizado por su abogado, Paul Bekaert, y es la lengua de Flandes, la región donde más simpatías cosecha el independentismo en Bélgica.
Duras críticas de Bélgica
La fiscalía negó este domingo cualquier presión política sobre un proceso que se observa con inquietud desde España ante los conflictos pasados con Bélgica a cuenta de la extradición de miembros de ETA: “Desde que recibimos la orden no hemos tenido ningún contacto con ministros de Bélgica o España”, aseguró su portavoz.
Aunque no haya habido llamadas, estos sí se han referido públicamente al asunto. El ministro de Interior belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, hizo oídos sordos a la súplica del primer ministro, Charles Michel, de evitar tratar el tema catalán en público, y lanzó un duro mensaje con destino Madrid: “El Gobierno español actuará en lugar de un Gobierno elegido democráticamente, cuyos miembros están encarcelados… ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato de sus electores”, espetó ignorando la existencia de la Constitución. El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, salió al paso recordando el historial xenófobo de Jambon —»Vamos a limpiar Molenbeek», llegó a decir en 2015 sobre el barrio de mayoría musulmana—. El parlamentario español tildó las declaraciones de “irresponsables y peligrosas para mantener la cooperación entre estados de la UE”.
Otro político belga, el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, también cuestionó la acción judicial española. “Debemos hacernos la pregunta de si el encarcelamiento no es desproporcionado. ¿No hay otra manera de asegurar que estos líderes separatistas reciben un juicio justo?”.
