El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se ha indignado este martes con la falta de memoria del primero de los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa cuando Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid. «Si el dinero fuera suyo y no público se acordaría», ha espetado a Juan María del Alamo, el primero de los consejeros en circular por la Audiencia Nacional durante la ronda de declaraciones sobre la operación cerrada en el año 2001.
El magistrado ha abierto con la toma de dos declaraciones una intensa semana en la que arrancan los interrogatorios del instructor del caso Lezo a toda la cúpula del que también fuera ministro de Justicia. Más de veinte personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico. Entre los citados no está de momento el ex presidente regional. La imputaciones sí afectan al actual presidente de Adif, Juan Bravo; el ya ex presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda; y el ex consejero madrileño Pedro Calvo. La Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación de todos la semana pasada.
Durante las comparecencias de este martes el magistrado y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca han escuchado la versión de Álamo, que ha alegado en varias ocasiones que la aprobación de la operación se produjo hace 17 años y no recuerda los detalles. La representante del Ministerio Público se ha interesado por el conocimiento que Gallardón tenía de la cuestión y sólo ha obtenido una respuesta difusa. «Imagino que lo sabía dado que era el presidente del consejo de Gobierno», ha concretado.
Sí ha admitido, no obstante, que las valoraciones que se manejaban por aquel entonces para la adquisición de la compañía era inferiores al precio que se pagó. El abono total fue de 73 millones de dólares mientras que distintas estimaciones apuntaban en aquel momento a un precio de entre 25 y 50 millones de dólares. La bronca del juez le ha llevado a admitir que si este dinero hubiera salido de su bolsillo, sí lo recordaría. También ha reconocido que los miembros del consejo no tuvieron acceso a la documentación sobre la compra hasta horas antes de la celebración del pleno que respaldó la adquisición.
Además, el juez ha interrogado como testigo a otro consejero, el único no imputado, Rafael Merino que ha precisado que se ausentó que aquella reunión ante las dudas que le provocaba. En su opinión el Canal no fue creado para ganar dinero sino para aportar agua a los madrileños por lo que decidió desvincularse y no avalar la operación que -ha dicho- le resultó «rara».
En la Audiencia Nacional comparecerán en los próximos días todos los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, enJuan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho. También aparece en el listado Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación y que no acudirá hasta el 23 de enero, según precisa una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial.
La Fiscalía ha dejado abierta en este punta la futura imputación de Gallardón y la de todo su consejo de Gobierno a falta de analizar documentación que aún no obra en la causa. «Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo», señaló en su escrito el Ministerio Público. El juez escuchará también a 21 testigos.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL
