No hay avances en las negociaciones, así que el calendario sigue en pie. Jueces y fiscales inician la próxima semana su calendario de movilizaciones ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia a las reivindicaciones que le plantearon hace ya nueve meses. El primer acto será una simple lectura pública de esas exigencias, pero si las conversaciones con Rafael Catalá no prosperan las protestas culminarán en una huelga a finales de mayo.
El acuerdo entre jueces y fiscales se cerró el pasado cinco de marzo. Las asociaciones de jueces había pactado unas reivindicaciones unos meses antes, a las que se sumaron las asociaciones de fiscales. Todas firmaron un comunicado conjunto en el que señalaban el fracaso cosechado al intentar que el Ministerio tuviese en cuenta peticiones como reforzar su independencia, reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial o mejorar las condiciones laborales. «El balance no puede ser más decepcionante», señalaron entonces.
El próximo jueves está programada una lectura pública de las reivindicaciones «en las sedes judiciales de toda España». Para el 14 de abril hay prevista una concentración en Madrid y a partir de entonces, jueces y fiscales pasarán a realizar paros parciales los jueves de cada semana, durante un mes. Esas movilizaciones culminarán, si no hay acuerdo con Justicia, en una huelga general de jueces y fiscales el día 22 de mayo.
Protestas en paralelo a las negociaciones
No parece, por el momento, que esas movilizaciones previstas se vayan a interrumpir por el avance de las conversaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Algunos integrantes de las asociaciones judiciales reconocen que no ha habido ningún avance desde que anunciaron estas protestas. Otros indican que esas negociaciones siguen, pero que no interfieren en las movilizaciones previstas.
El documento que sirve de base para esas conversaciones se acordó en junio del año pasado y divide las propuestas para mejorar la Justicia, empezando por las encaminadas a reforzar la independencia del Poder Judicial. Así, pide por ejemplo que el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegure la igualdad de género y la presencia de minorías, y que este organismo ampare a los jueces frente a los ataques que reciben.
Además, reclaman al Ministerio que en los nombramientos de altos cargos judiciales se haga «un proceso transparente con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género». También piden una limitación de los mandatos y que en cada designación a dedo se motiven los méritos del elegido en comparación con el resto de aspirantes. No quieren, añaden, que los parlamentos autonómicos puedan nombrar magistrados.
El segundo capítulo, el de modernización de la Justicia, reclama en primer lugar una mayor inversión para incrementar el numero de jueces -250 en los próximos años-, modernizar edificios y mejorar los medios técnicos. Además piden crear tribunales de instancia -que buscan simplificar el sistema judicial-, eliminar las adscripciones forzosas y evitar que a los jueces en prácticas se les destine a puestos de «sustitución y refuerzo».
Más medios contra la corrupción
En este apartado también reclaman una mejora de los sistemas informáticos de gestión procesal, que tantos problemas han causado desde su instauración, y una mejora de las herramientas de quienes se ocupan de perseguir los delitos relacionados con la corrupción.
El documento finaliza con el capítulo de las condiciones laborales de jueces y fiscales, donde se reclama que se convoque inmediatamente la mesa prevista en la Ley de Retribuciones, a fin de tratar una mejora salarial que permita «recuperar los recortes de los últimos siete años». También quieren que se delimiten las cargas máximas de trabajo y una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.
La reforma de una de sus reclamaciones, la relativa a los permisos y vacaciones, ha vuelto a enfrentar a los jueces y fiscales con el Gobierno. Critican que el PP haya aprovechado la tramitación de un cambio menor en la Ley Orgánica del Poder Judicial para tratar, mediante enmiendas, de llevar a cabo cambios más profundos que afectan al CGPJ o al papel de los Letrados de la Administración de Justicia.
Con ese escenario, al que se suma la reclamación de los funcionarios de la administración de Justicia, que piden una equiparación salarial tras el acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil, el Ministerio afronta unas semanas que, si no incluyen cambios, desembocarán en una gran huelga de jueces y fiscales. Un nuevo capítulo en la gestión de Catalá, que no ha dejado de acumular tropiezos desde que se hizo cargo de esa cartera.
FUENTE: ELDIARIO
