FERNANDO ÓNEGA
La salida de España del rey Juan Carlos I ha provocado dos tipos de reacciones: la del republicanismo (Unidas Podemos y los partidos independentistas), que habla de su expatriación como una fuga vergonzante para eludir a la justicia, y la del constitucionalismo, que contempla un servicio a la Corona por parte del padre y un valiente gesto por parte del hijo. Es uno de los casos en que no se puede decir que ambas partes tienen algo de razón. En el primero hay un aprovechamiento oportunista del acontecimiento basado en falsedades como la “huida al extranjero” de Pablo Iglesias o “el Gobierno conocía los planes de fuga” de Quim Torra. En el segundo hay un clarísimo apoyo a Felipe VI, cuya “ejemplaridad y transparencia” resalta la presidencia del Gobierno o el “respeto y gratitud a la decisión” que hizo público el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.
Esas dos posiciones resumen el debate político abierto. Una quiere alimentar la crisis institucional inaugurada por las grabaciones de Corinna Larsen. La otra quiere apostar por la continuidad del sistema en la figura de Felipe VI. Como simple aportación personal a ese debate, haré dos apuntes básicos. El primero, para decir que no estamos ante ninguna huida de la justicia. Si esa fuese la intención del rey Juan Carlos, sería la forma más directa de hundir la monarquía: no sería presentable ni ante España ni ante el mundo un sistema cuya cabeza visible durante cuarenta años se ha convertido en un prófugo. Si el rey emérito se marchó del país, ha sido para cumplir lo que se le estaba pidiendo desde el Gobierno, la opinión publicada y la propia Casa Real: la máxima distancia entre padre e hijo. Y se hizo sin que haya todavía ninguna acusación concreta desde la Fiscalía ni desde ningún juzgado. Todo el mundo tiene derecho a propugnar la república, incluso sin este episodio, pero no existe el mismo derecho a falsificar la realidad.
Se ha ido para cumplir lo que se le pedía desde el Gobierno y la opinión publicada: máxima distancia entre padre e hijo
El segundo apunte es para señalar la quiebra que se produce en el Gobierno de la nación. No es una más. No es una discrepancia sobre una inversión o sobre una reforma legislativa. Es una diferencia sobre el modelo de Estado y, por tanto, una discordia fundamental. Pedro Sánchez le quitó relevancia en su reciente entrevista en Telecinco, pero difícilmente pueden convivir en el mismo Ejecutivo un partido lanzado a aprovechar el trance para construir una república plurinacional y otro partido de alma republicana, pero cuyo secretario general tiene la responsabilidad de dirigir el país y no deja de elogiar las virtudes éticas del rey Felipe VI como persona y como jefe del Estado. No se le pide a Podemos que renuncie a sus ideas. Se le pide únicamente que desde el Gobierno no desestabilice más al país.
