Javier Zaragoza (Alcorisa, 1955) ha tenido un papel destacado y singular en todo el caso 1-O, y no sólo ahora en el juicio oral en curso en el Supremo. De los cuatro fiscales que intervienen en la vista, él es quien antes tuvo contacto con la materia que se enjuicia. Cuando el Parlament aprobó la declaración I/XI, de 27 de diciembre del 2015, en el despacho que Zaragoza ocupaba entonces como fiscal jefe de la Audiencia Nacional se encendieron todas las alarmas.
Otro quizá hubiera esperado acontecimientos, pero a él le pareció que el anuncio de la voluntad de construir estructuras de Estado constituía por sí mismo una grave amenaza para el sistema político y legal. Por ello se puso inmediatamente manos a la obra. Y envió a todos los cuerpos de policía del país –Mossos d’Esquadra y Ertzaintza incluidos– una instrucción para que permanecieran atentos e informaran a la Audiencia de cualquier actividad tendente a sustituir a las instituciones del Estado en Catalunya, por su posible encaje en diversos tipos penales, entre ellos los de rebelión y sedición.
Ahora, en el juicio, Javier Zaragoza ha llevado a cabo algunos de los interrogatorios más documentados y extensos. Sobre todo, en las comparecencias de mandos policiales, tanto de la Guardia Civil y la Policía Nacional como de los Mossos d’Esquadra, incluido el mayor Josep Lluís Trapero y los principales comisarios del cuerpo. Entre los políticos, interrogó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; al expresident Artur Mas; al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y al exdelegado del Gobierno Enric Millo. Y a la secretaria judicial del registro de la Conselleria d’Economia, Montserrat del Toro.
En esa especialidad es verdaderamente diestro. Le rezuma la experiencia de la Audiencia Nacional por los cuatro costados. Cuando un testigo le sigue, la declaración fluye como el agua. Y cuando, en cambio, tiene que usar el sacacorchos, lo hace con estudiado lenguaje verbal y gestual, combinando la elevación del tono y el torcimiento del gesto.
Los atestados iniciales sobre las estructuras de Estado proyectadas los encargó este fiscal
Con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha topado más de una vez. Marchena fue fiscal, conoce bien el oficio y, al frente de la Sala Penal, intenta mantener en todo momento los equilibrios y tratar por igual a acusaciones y defensas. Por eso de vez en cuando le pide a Zaragoza –como hace también con algunos letrados– que no formule preguntas con la respuesta inducida. Y el fiscal no protesta, hace como que acata, a lo sumo con un leve ademán de contrariedad, y en la siguiente esquina replantea el asunto introduciendo un nuevo matiz, o con otras palabras. Pura práctica forense.
Zaragoza lleva 37 años de ejercicio profesional en la Fiscalía, 11 de ellos como jefe de los fiscales en la Audiencia Nacional. Y antes estuvo en San Sebastián, en los tiempos más duros del terrorismo de ETA. De ahí pasó a la jefatura de la Fiscalía Antidroga, ya como fiscal de sala, la máxima de la carrera. Desde ese puesto colaboró en diversas operaciones con el exjuez Baltasar Garzón. Eran amigos. Zaragoza, en todo caso, tenía menos propensión a subirse en el helicóptero para asistir a la práctica de diligencias.
Luego, la investigación sobre las víctimas del franquismo les separó definitivamente. El fiscal jefe acusó a Garzón de abrir una “causa general” sobre la Guerra Civil y los crímenes del franquismo. Añadía que los delitos habrían quedado perdonados por la ley de Amnistía del 1978. Ahora, ironías de la vida, las defensas del caso 1-O también hablan de “causa general”, en esta ocasión contra el independentismo.
Javier Zaragoza hizo frente a este reproche desde su primera intervención en la vista oral. Su discurso fue el que abrió la participación de la Fiscalía en el juicio. Lo estuvo preparando con sumo cuidado. Dejó muy claro a qué iba el fiscal a esta vista en el Supremo. Empezó diciendo que “se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional, y paradójicamente sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico”.
La tesis de Zaragoza fue que el propósito de “algunas de las defensas” era formular, más que alegatos defensivos, “auténticos libelos acusatorios” para “crear una visión distorsionada de la realidad, con el exclusivo fin de desprestigiar y de desacreditar a la justicia española” y “cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho”. El representante del Estado, en estado puro, nunca mejor hallada la redundancia.
Más que a intervención preliminar, el discurso sonó a conclusiones definitivas. Habrá que verlo, pero, tal como va el juicio y las posiciones que expresa la Fiscalía a cada paso –insistiendo en todo aquello que permita sostener la tesis del uso de la violencia para favorecer los planes de desconexión–, no parece fácil que los fiscales acaben rebajando la principal acusación inicial, la del delito de rebelión.
FUENTE: LAVANGUARDIA
