Javier Celdrán miente

El Ejecutivo no quiere hablar públicamente de estas cosas hasta que no se aprueben definitivamente los Presupuestos, tratando de transmitir la impresión de que en política parlamentaria está empleado en los asuntos urgentes. Pero a nadie se le escapa que urgentes son también para el PP reformas legislativas como la de la Ley del Presidente que permitan a López Miras presentarse a un tercer mandato, y de rondón, cambiar la Ley Electoral para reducir al mínimo la expectativas de representación de partidos en decadencia electoral como Cs o Podemos u otros con posibilidad de emergencia como Más Región, que podrían servir de complemento al PSOE en caso de que éste estuviera al cabo de dos años en situación de competir en un mano a mano con el PP.

Promover la reforma de una Ley Electoral aprobada con el total consenso parlamentario es, sin duda, un atrevimiento que desvela sin pudor la intención del PP de recuperar la mayoría absoluta, bien por su cuenta o con la colaboración de Vox, pero son conscientes de que el PSOE, aunque proteste por imperativo del guion también se vería beneficiado de manera neta por el cambio, de modo que no llegaría la sangre al río, o eso creen. Sin embargo, reescribir más o menos unilateralmente las reglas de juego a mitad del partido suele resultar cosa fea, así que necesitan argumentos y apoyos. Un pretexto principal es que la cota del 5% es la habitual en otras Comunidades, empezando por la de Madrid, en que nadie ha quedado fuera e incluso alguno de los colaterales ha dado el sorpasso a una de las vigas del tradicional bipartidismo (Más Madrid superó al PSOE).

Algunos en el PP que, sin conocer de antemano el proyecto de Celdrán, cuando éste se ha hecho público convienen: «Es una buena idea. El que quiera representación, que se la curre». Pero a los populares tampoco les conviene aprobar esa reforma tan solo con sus votos más los de sus socios de Gobierno con representación parlamentaria, pero sin organizaciones políticas o sociales que los respalden. Aspiran a introducir más elementos de consenso. Y por ahí anda Celdrán.

Celdrán miente al desmentir que él esté en ese tajo. Miente, eso sí, con cierta precaución terminológica. Es verdad que no ha abierto ninguna mesa de negociación; también lo es que haya tomado contacto con algún otro grupo parlamentario como tal o que pueda constatarse documento formal alguno. Son salidas por la tangente para no mentir a bocajarro, y así, más tarde, cuando se desvelen sus actuaciones podrá refugiarse en la literalidad de su desmentido. Pero nadie ha dicho algo de eso. Lo cierto es que Celdrán está tanteando su proyecto (personal o por encargo) en ciertos ámbitos políticos, directamente y de boquilla, y se refugia en la discreción que le deben sus interlocutores para hacer su desmentido mentiroso. No está negociando sino, digo, tanteando, pulsando, interrogando acerca de posiciones sobre el asunto. Está todavía en una primerísima fase, en la de la sugerencia. Pero está.

Uno que ha cazado al vuelo sus intenciones es el portavoz del Movimiento Ciudadano de Cartagena, José López, quien hace unos días desvelaba el diseño de Celdrán en un artículo publicado en un digital. Al cartagenero le interesa esta cuestión, ya que aspira a presentar lista a la Asamblea, solo o en compañía de otros grupos locales. Escalar del 3% al 5% reduciría a cero las posibilidades de obtener escaño para su partido; tal vez no lo obtendría tampoco con un 3%, pero estaría más a mano. López, muy dispuesto a sentirse siempre protagonista, cree que la reforma de la Ley Electoral está pensada para desplazarlo a él, y algo de verdad hay en ello, aunque no solo se trata de él ni principalmente de él. ¿Y quién le ha contado a López lo que trama Celdrán? Una fuente del PP. López y el PP son polos opuestos, pero siempre hay alguien dispuesto a llevar algún mensaje a las líneas contrarias. Y en este caso el mensaje es la pura verdad.

Ni siquiera el presidente de la Comunidad ha desmentido la información de manera tan taxativa como Celdrán: «Ahora no estamos en esos berenjenales, aunque sería una buena idea», ha comunicado informalmente a un periodista de esta Redacción. Pero si Celdrán se está moviendo, menos discretamente de lo que él aspiraba, para tantear esta posibilidad, sería extraño que lo hiciera sin conocimiento de López Miras, como también es raro que éste no trasladara la gestión de los tanteos a su nuevo consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, quien intuyo que está al margen de esa cuestión.

También lo están los cuatro diputados exCs y los tres exVox que, de producirse la iniciativa del cambio de la Ley Electoral deberían, en teoría, votarla a favor, pues están representados en el Consejo de Gobierno del PP. Ni Celdrán ni nadie del PP ha pulsado la opinión de estos diputados, tal vez por considerar que esa gestión se puede improvisar de remate. Sin embargo, hay un pequeño problema. La Ley del 3% fue aprobada a iniciativa de Cs, y aunque los cuatro disidentes de este partido ya no obedecen a su disciplina puede que se sientan vinculados al histórico de ese partido, es decir, al tiempo que compartían plenamente sus políticas. Es cierto que a estos cuatro políticos, en el ámbito puramente individual, ni les va ni les viene el futuro del marco electoral, pues no se van a volver a presentar a las elecciones, pero justifican su continuidad como garantes de un pacto firmado entre PP y Cs al inicio de la actual legislatura que fue truncado desde Madrid a través de una nueva dirección regional de los naranjas. Si son garantes de ese pacto inicial en el que no se contamplaba la reforma de la Ley Electoral, y ésta debe su existencia a la iniciativa de Cs en la anterior legislatura, no habría mucha coherencia en su contribución a reformar lo reformado.

Ahora bien, la última encuesta realizada por la UCAM todavía deja un resquicio, si bien remoto, a la supervivencia de Cs con la posibilidad de obtener un diputado, una plaza que, si no se producen cambios estructurales en ese partido, podría estar destinada a Ana Martínez Vidal, cuya autoritaria gestión al frente de Cs es lo que ha provocado que el partido implosione. Si atendemos al factor humano que, como ha quedado dicho, fue la clave de la crisis política que se produjo alrededor de la moción de censura autonómica, no cabe duda de que los exCs podrían contribuir a cerrar las puertas definitivamente a lo que queda del que fue su partido.

Por otra parte, no cabe duda de que todas las reformas que en la legislatura anterior tuvo que asumir el Gobierno del PP con Pedro Antonio Sánchez, primero, y Fernando López Miras después, a instancias del líder entonces de Cs, Miguel Sánchez, fueron llevadas a cabo sin convicción alguna por parte de los populares, a regañadientes y con una indudable actitud de provisionalidad. Se vieron obligados a ellas porque, de haberse resistido, no habrían tenido continuidad en el Gobierno: las votaban a favor, pero no las defendían, y a menudo incluso las criticaban. No es de extrañar que una vez pulverizado su pacto con Cs aspiren a iniciar una contrarreforma que vuelva a poner las cosas como estaban en tiempos de Valcárcel, una vez que por fin no dependen de Cs y es improbable que pueda reproducirse en el futuro esa situación de dependencia.

Es posible que por un cálculo de riesgos no acaben abordando esta reforma, a pesar de lo tentadora que es la cuenta de la vieja que los eleva a la mayoría absoluta, con o sin Vox, en caso de eliminar a las minorías del espacio parlamentario con la recuperación del 5%. Pero lo indudablemente cierto es que lo están planteando y chequeando. Y el interlocutor para el caso es Celdrán, ese consejero Pinocho.