La Fiscalía está investigando una trama presuntamente urdida por el Govern de Carles Puigdemont para inyectar fondos públicos en el ‘procés’ independentista incluso durante los meses en los que estuvo en vigor el artículo 155 de la Constitución. El epicentro de la red sería una asociación privada de ayuda al desarrollo, Igman Acció Solidaria, que habría recibido decenas de miles de euros de instituciones y entes controlados por la Generalitat mediante supuestos contratos de publicidad en la revista oficial de la ONG, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.
Las pesquisas giran sobre los dos máximos responsables de Igman, el diputado autonómico de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases y el exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)Víctor Terradellas, con un enorme peso en la cúpula de la formación. Ambos fueron detenidos ya por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en mayo de 2018 y están siendo investigados desde entonces por las presuntas irregularidades masivas detectadas en la gestión de dos millones de euros concedidos por la Diputación de Barcelona a esa misma ONG y a una fundación controlada igualmente por Terradellas y Dalmases, CatMón.
Nuevas informaciones han permitido ahora a la Fiscalía ampliar el foco de este caso y abrir otras líneas de trabajo. De hecho, el dinero no solo habría servido para mantener vivo el ‘procés’ durante los meses en que la Generalitat estuvo intervenida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Otra parte del dinero recaudado por la ONG mediante los contratos publicitarios firmados por su revista con entes e instituciones públicas habría terminado engrosando la presunta caja B del PDeCAT. La supuesta malversación habría arrancado en 2011, poco después de que Artur Mas llegara a la presidencia de la Generalitat.
Entre los documentos que maneja la Fiscalía, hay al menos tres facturas con los pagos realizadosa Igman por el Canal Olímpic de Catalunya, un organismo que depende de la Secretaría General de Deportes, encuadrada a su vez en el Consejería de Presidencia. A lo largo de 2016, la empresa gestora del Canal, Equacat SA, pagó 10.000 euros a la ONG por colocar tres anuncios en su revista, un coste muy superior al del mercado. Las pesquisas apuntan a que los pagos habrían sido ordenados directamente desde el Palau de la Generalitat y que otras entidades administradas igualmente por el Govern, como Ferrocarriles de Cataluña o el Museo Robert, sellaron contratos similares para trasvasar fondos a una asociación privada como Igman, claramente vinculada al PDeCAT.
El mismo mecanismo se habría repetido con el 155 ya en vigor, entre octubre de 2017 y junio de 2018, según las fuentes consultadas por este diario. El dinero llegaba a la revista de la ONG mediante los supuestos convenios publicitarios y, una vez en Igman, se repartía de forma discrecional sin ningún tipo de control por parte del Estado. El Ministerio Público sospecha que la red habría servido incluso para apoyar las actividades de Puigdemont en Bélgica y Alemania.
En ese presunto desvío de fondos habría jugado un papel la Secretaría General de Deportes de la Generalitat, una institución que hasta ahora había quedado al margen de las investigaciones sobre el ‘procés’. El organismo encargado de promocionar el deporte en Cataluña y gestionar las instalaciones de titularidad autonómica —muchas de ellas financiadas por el Estado para los Juegos Olímpicos del 92— habría generado bolsas de subvenciones para repartirlas sin control a entidades cercanas al independentismo. Entre ellas, se encontraría Igman.
La ONG era un auténtico chiringuito, pero contaba con el respaldo de organismos tan importantes como la Diputación de Barcelona, también controlada por el PDeCAT. La investigación de la UDEF ya permitió detectar irregularidades flagrantes en hasta 28 expedientes de subvenciones de ayuda a la cooperación concedidas a Igman por la entidad provincial. Los fondos debían haberse invertido en proyectos de Costa Rica, Brasil, Panamá, Honduras, Bosnia, Colombia y Marruecos, pero salieron de Igman por la puerta de atrás. Según los informes de la llamada operación Estella, la trama urdida por Dalmases y Terradellas —con la evidente connivencia de los Ejecutivos de Mas y Puigdemont— habría empleado informes falsos, empresas instrumentales y presiones a funcionarios para ocultar la supuesta malversación masiva de dinero público.
