El ministro pondrá este jueves, durante la reunión de la Junta de Seguridad en la que participará junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, su previsión de enviar más de 1.000 policías y guardias civiles a Cataluña para colaborar con los Mossos d’Esquadra en el mantenimiento del orden público. En el orden del día que ha remitido a la Consejería de Interior ha incluido un punto en el que recoge expresamente el “apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias” como uno de los temas a tratar en una mesa en la que también se abordará la polémica de los lazos amarillos.
El plan de Marlaska incluye la movilización de más de un millar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil –en su mayoría antidisturbios y repartidos a partes iguales entre ambos cuerpos- de otros lugares de España hacia Cataluña, según fuentes policiales que desde Interior declinan confirmar. En el caso de la Policía, las fuentes consultadas hablan de 10 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), unos 500 efectivos. Varias unidades de Galicia y Andalucía, ya han recibido lo que en la jerga policial se conoce como “orden de servicio” y que se utiliza para iniciar los preparativos para un desplazamiento fuera de su comunidad de destino. En la Guardia Civil ya trascendió el martes la anulación de la salida de los 300 agentes que habían conseguido un puesto en otros cuarteles de España y que se han movilizado varios grupos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) “a la vista de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña”. Interior ha iniciado ya los trámites para buscar alojamiento a todos ellos. Descartado de momento volver a usar cruceros atracados en el puerto, dada la experiencia del célebre ‘Piolín’, los esfuerzos se centran en hoteles e instalaciones del Ejército. Una parte de los efectivos van a ser enviados al cuartel del Bruch, en Barcelona. La previsión es que está situación de alerta se mantenga hasta el 15 de octubre, aunque no se descarta prolongarla hasta finales de noviembre si los acontecimientos así lo recomiendas, apuntan fuentes policiales.
Fuentes de Interior justifican este movimiento de policías en “la obligación que tiene este Ministerio de contemplar todos los escenarios y garantizar la seguridad ciudadana” también en Cataluña, pese a que los Mossos son los principales responsables de preservarla. Además, destacan que durante la crisis, las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vieron reducidas en más de 20.000 agentes durante los gobiernos del PP. “El déficit de agentes en Cataluña es crónico”, insisten. Según una respuesta parlamentaria, el pasado 31 de diciembre debía haber en esta comunidad 7.781 agentes de ambos cuerpos, pero solo había desplegados 6.226. Faltaban, por tanto, 1.555 policías y guardias civiles, un 20% del total.
No es la primera vez que el Interior realiza este tipo de disposivos de cara a la celebración de la Diada pero el número de agentes desplazados solía ser mucho menor, de alrededor de 250 y solo para esos días. Este despliegue policial sufrió un repunte en 2014, año en el que estaba convocada la consulta ilegal del 9-N, pero nunca alcanzó las cifras del año pasado y las de este.
Con esta decisión, el Gobierno juega varias cartas a la vez, como los independentistas. Por un lado, el Ejecutivo, sobre todo a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, mantienen contactos, la mayoría discretos, para buscar puntos de encuentro y establecer un canal de confianza que se había perdido por completo con el anterior Gobierno. Batet ha logrado además que las reuniones bilaterales oficiales, interrumpidas desde hacía siete años, se multipliquen y se amplíen a todos los sectores. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, clave para la financiación de una comunidad con graves problemas de endeudamiento como Cataluña, también mantiene conversaciones fluidas con la Generalitat. Sin embargo, y pese a ese buen tono que hay en los despachos, nadie se fía del todo de nadie. Distintos miembros del Gobierno consultados asumen que el mundo independentista está en una batalla interna entre los más pragmáticos de ERC, que tienen como objetivo prioritario sacar de la cárcel a su líder, Oriol Junqueras, y los más duros de Junts per Catalunya, impulsados por Carles Puigdemont, que optan por una estrategia más rupturista. Ese juego de equilibrios ha llevado, creen en el Gobierno, al discurso de Quim Torra, menos duro de lo esperado por el propio Ejecutivo, que temía amenazas concretas como la liberación de los presos si eran condenados, algo que supondría un nuevo proceso judicial durísimo y llevaría a todos los responsables de la decisión con seguridad a la cárcel.
Como nadie se fía de cómo acabará ese tira y afloja, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha puesto a todo su equipo alerta por lo que pueda pasar. Marlaska ha mantenido también continuos contactos con el departamento de Interior de la Generalitat. El ministro se ha centrado en la inmigración en los últimos meses, pero es consciente de que en este otoño su gran prioridad es Cataluña, y ya ha puesto a todo su equipo en alerta para analizar la situación y preparar decisiones. En el entorno del titular de Interior insisten en que las relaciones con la Generalitat son buenas y no está subiendo la temperatura entre los dos gobiernos, pero admiten que el asunto de Cataluña monopolizará la actividad del ministerio en las próximas semanas.
Interior ha tomado estas medidas después de que en los últimos meses el ministro haya recibido diversos informes, la mayoría del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que alertaban de la creciente actividad de los autodenominados Comités de Defensa de República (CDR). Según fuentes policiales, en esos documentos se destacaba que este fin de semana los CDR celebrarán muchas asambleas, aunque buena parte de sus miembros ya han comenzado a difundir instrucciones a través de los canales de mensajería instantánea como Telegram. Los expertos policiales alertan de que su actividad va a ir dirigida presuntamente a sabotear las principales vías de comunicación y transporte, entre ellas el aeropuerto barcelonés de El Prat, las carreteras de acceso al mismo y a la capital catalana, las conexiones terrestres con Francia, los puertos y la Estación ferroviaria de Sants, que ya bloquearon el pasado otoño grupos independentistas radicales.
Los mismos informes muestran sus dudas ante cuál será la actitud de los Mossos d’Esquadra si se producen esas actuaciones y recuerdan lo que ocurrió con la policías catalana tanto el 1 de octubre como en las semanas posteriores. Fuentes policiales se muestran partidarias de pasar “del apoyo a la sustitución” de los mossos si se repite la situación de entonces. Por ello, la propuesta que algunos mandos han hecho a Interior es mantener “en alerta” a más de mil agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para facilitar un rápido despliegue si fuera necesario. “Todo depende de lo que salga de la reunión de este jueves y la actitud que muestren los representantes del Govern”, insisten estas fuentes. En todo caso, la intención de Interior es ser cauto en las propuestas que pondrá sobre la mesa para evitar romper puentes en la maltrecha relación que se mantiene con el Ejecutivo de Torra y los Mossos
