El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicado por carta a su homólogo de la Generalitat, Joaquim Forn, que el Gobierno ha decidido desplazar a Catalunya unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a los Mossos d’Esquadra en el mantenimiento del orden público, a 10 días del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado que el propio Forn responderá al ministro en el sentido de que los refuerzos no hacen falta al tiempo que ha denunciado que el Estado a tenor del contenido de la misiva se está intentando crear un relato falso sobre lo que ocurre en Catalunya. En este sentido, Turull ha rechazado que en Barcelona se hayan producido “manifestaciones tumultuosas” que justifiquen los refuerzos y ha añadido que todo el mundo ha visto a gente pacífica con “claveles”.
Según informa Interior en un comunicado, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia en el mantenimiento del orden público.
El ejercicio de esta función corresponde, con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, “bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes”.
Interior subraya que las funciones de estas unidades movilizadas serán las de vigilar el espacio público y mantenimiento del orden y actuará en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal, tal y como ha ordenado la Fiscalía Superior de Catalunya. En la misiva se especifica que en todo caso estas unidades actuarán en apoyo de los Mossos d’Esquadra.
Malestar del Gobierno con los Mossos
Sin embargo, tal como informa Carmen del Riego, el Gobierno ya no oculta su malestar por la actitud de los Mossos d’Esquadra desde que el fiscal le ordenó al jefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, impedir el referéndum. Fuentes del Ejecutivo han puesto bajo la lupa toda su actuación, las órdenes que se están dando, y “la pasividad” con la que, a su juicio, actúan.
El Ejecutivo conoce la nota en la que el major Trapero comunicó a los Mossos las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, pero después aseguran que las órdenes que en muchos casos han transmitido los cargos intermedios van en sentido totalmente contrario. La pasividad es lo que más molesta al Gobierno, sobre todo en momentos críticos, como los vividos el miércoles, tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat por la Guardia Civil.
El Ministerio ha desplegado en Catalunya a 2.000 policías nacionales y a más de 1.000 guardias civiles, que están llevando a cabo las operaciones de incautación de material electoral, a las órdenes del juez. El ministro Zoido reconoce que “será necesario, en los próximos días, mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales en Catalunya”. El Gobierno está convencido de que volverán a producirse situaciones tensas en Catalunya, todavía, según se acerque el 1-O, y en esas actuaciones, los tres cuerpos de seguridad deben ir a una.
