Una sentencia del Tribubal Supremo obliga a la antigua concesioneria del Aeropuerto, Aeromur, a hacer frente al pago de un aval millonario utilizado para su construcción. Pero la sociedad está en pleno proceso de liquidación, y no posee fondo alguno para llevarlo a cabo, ni las previsiones vislumbran que vaya a poder hacerlo en algún momento.
El Aeropuerto de Corvera tiene pendiente un aval para su construcción de 182 millones de euros que desde 2013 están manteniendo las arcas de la Región, pero por el que el Gobierno de la Comunidad Autónoma y la sociedad Aeromur, antigua concesionaria del recinto en su fase de construcción, han disputado un litigio jurídico para dirimir responsabilidades y dilucidar quién de los dos debe asumir el pago de la deuda millonaria.
En 2013 la Comunidad rescindió el contrato de Aeromur al considerar que la concesionaria había incumplido las condiciones del mismo, e iniciaron un proceso cuyo objetivo final era conseguir que el pago de los gastos de construcción durante el periodo de concesión los afrontara la propia concesionaria. En un primer momento el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) falló en favor del Gobierno, ratificando la rescisión del contrato, pero la concesionaria presentó un recurso, aunque sin muchas esperanzas de que saliera adelante.
Este viernes 14 de febrero, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de Aeromur contra el fallo del TSJ. De modo que la devolución de los 182 millones de euros avalados por las arcas autonómicas la debe afrontar íntegramente la empresa, dejándola sin más margen de maniobra para nuevas reclamaciones, algo que la Comunidad, nada más tener conocimiento de la sentencia, celebró públicamente.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró que la sentencia del Supremo «reafirma que la verdad sólo tiene un camino» y que el aeropuerto «no costará ni un solo euro a los murcianos», reforzando así la versión que durante estos años de procedimiento judicial se ha mantenido firmemente en el seno del Partido Popular, y todo ello, matizó López Miras, «frente a los que intentan desprestigiar», en alusión especialmente al PSOE, que se ha mostrado muy crítico al respecto.
«Gana la verdad, y gana la Región de Murcia», aseveró para concluir el Presidente. Pero no todo parece tan sencillo. También el 14 de febrero, seguidamente a la sentencia del Supremo, se publicó un informe mercantil en el que se pone de manifiesto la incapacidad de la sociedad Aeromur para enfrentarse al pago íntegro del aval millonario. Ni siquiera podrían hacer frente a cualquier tipo de gestión administrativa: la ex-concesionaria está en liquidación desde abril de 2019 e incluso se declara como insolvente.
En el informe se recoge que la empresa «entró en situación de insolvencia al no contar con liquidez para afrontar el pago del crédito público exigido por la Región de Murcia», algo de lo que el PSOE regional se hizo eco tras las declaraciones de López Miras: su diputado Alfonso Martínez Baños afirmó con rotundidad que «la ciudadanía pagará los desmanes y la dejadez de este Gobierno» y que «el aeropuerto nos costará más de 300 millones a pesar de que Valcárcel dijo que no nos costaría ni una peseta».
Fuentes socialistas ponen el foco en una cuestión que también está recogida en el informe mercantil. La concesionaria lleva dos años negociando con la Consejería de Fomento y haciendo saber al Gobierno su delicada situación económica. Incluso la Comunidad ya ha intentado embargar dinero de la cuenta de Aeromur sin éxito, pues en ella no hay cimiento económico alguno: la sociedad tiene, apunta el informe, «un fondo de maniobra negativo de más de 200 millones de euros, y un patrimonio neto negativo de casi 30 millones de euros».
De modo que Aeromur no tiene ni fondos ni patrimonio para garantizar el reembolso del aval de construcción, ni hay previsiones de que los vaya a tener, lo cual envuelve en una absoluta incertidumbre la responsabilidad final del pago del mismo. Lo más probable es que sea la propia Comunidad quien se haga cargo del aval, que finalmente no recuperaría el dinero, sino que intentaría equilibrar el coste con el valor de las instalaciones y la recaudación de la posterior concesión del aeródromo a Aena durante 25 años. El Gobierno tenía pleno conocimiento de la situación económica de Aeromur y a pesar de ello siguieron adelante para después de todo acabar, probablemente, teniendo que asumir el compromiso del pago del aval. La realidad parece distinta a lo que ha defendido durante seis años el Gobierno y es que, si se cumplen las previsiones, el Aeropuerto de Corvera finalmente acabará suponiendo un amplio coste a los ciudadanos de la Región.
