ASÍ ME PARECE
Los resultados de las urnas y de los sondeos ponen de manifiesto que más de la mitad de los catalanes y la inmensa mayoría del resto de los españoles son partidarios de que se mantenga la unidad de España y de que no se permita que ninguna parte del territorio se segregue y se constituya en estado independiente. Sin embargo, hasta ahora, la defensa de la unidad de España ha estado muy retrasada. Siempre se ha dicho que, respetando las reglas de la democracia, todo se podía sostener, incluso propugnar la separación de España de una parte de su territorio. Esta afirmación ha llegado a constituir un tópico en la vida política española, que nunca ha sido sometido a revisión crítica. Lo hemos aceptado como un dogma indiscutible. Y de este modo hemos permitido que en España haya partidos políticos cuya razón de ser es la destrucción de España como Estado unido. Hemos tolerado durante decenios el adoctrinamiento separatista en las escuelas y en los medios de comunicación públicos. Hemos tolerado el fomento de las barreras lingüísticas que atentan a la igualdad. Hemos permitido que partidos abiertamente separatistas alcancen los poderes políticos autonómicos y locales, y que con dinero público de todos los españoles se dediquen a fomentar el odio a lo español, o a crear estructuras para sustituir al Estado, o articular en el extranjero propagandas para calumniar y desprestigiar a España. Todo ello con dinero de todos los españoles. Y ¿cuál ha sido hasta ahora el límite, la línea de defensa de la unidad de España?. En términos futbolísticos, hasta ahora la defensa ha estado muy retrasada. Los separatistas han llevado siempre la iniciativa, y nos han hecho bailar al son que tocaban. El Estado sólo ha reaccionado cuando la rebelión y la sedición estaban ya consumadas, y un minuto antes de la efectiva separación e independencia de Cataluña.
Creo que ha llegado el momento de adelantar nuestra defensa de España, de acabar con tanta permisividad y tolerancia; de tomar la iniciativa, de no seguir permitiendo que se usen el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española para acabar con el Estatuto y la Constitución, y todo ello con dinero público. Creo que es el momento de proclamar que en nuestra democracia no va a ser lícito proponer la independencia de un territorio; que de ahora en adelante propugnar la segregación de España se va a considerar inmoral e indecente políticamente, y legalmente ilícito. En concreto, creo que ha llegado el momento de que los diputados en Cortes del PP, del PSOE y de Ciudadanos propongan y aprueben una ley que declare ilegales el separatismo y todas sus manifestaciones, y que se impida, por tanto, que los partidos separatistas participen en los procesos democráticos, alcancen las instituciones, y perciban dinero público que van a utilizar en romper España. Los que no están de acuerdo con España no pueden intentar aprovecharse de las instituciones democráticas españolas para desde ellas destruirlas. Hace años ya lo hicimos con Herri Batasuna, y fue el fin del terrorismo separatista. Ahora hay que hacerlo con el separatismo en general, para acabar con el chantaje permanente al Estado y a los españoles.
Algunos dirán que esto no es más que una “ocurrencia”, una idea que se nos viene a la cabeza y que la exponemos sin fundamentarla y sin analizar sus consecuencias. Pero quien así intente descalificar esta propuesta, se equivocaría. No se trata de una ocurrencia sino de una conclusión derivada de una larga y detenida reflexión, en la que he considerado tanto sus fundamentos como sus posibles consecuencias.
Una ley aprobada en Cortes ha de ser una ordenación de la razón que exprese la voluntad de la nación a través de sus representantes. ¿De verdad el pueblo español quiere ilegalizar el separatismo?. La respuesta afirmativa no plantea duda alguna si se consideran los valores, principios y bienes jurídicos que se trata de defender con esa ilegalización. En efecto, considerar ilícito el propósito de segregar de España una parte de su territorio, es un modo de defender, primero, la unidad de España, que es el resultado de muchos siglos de esfuerzo colectivo, y la garantía de que en el futuro España y los españoles serán respetados en Europa y en el mundo. Segundo, esta ilegalización que propongo supone una defensa del derecho a decidir de todos los españoles sobre nuestro futuro común, derecho del que nos quieren privar los separatistas. Tercero, con la ilegalización del separatismo se defiende la igualdad de todos los españoles, que no estaría garantizada en esos territorios gobernados por gentes supremacistas, y que relegan a todos los que no les apoyan. Y, cuarto, con esa ilegalización estaremos protegiendo un bien muy preciado: la paz. Porque si los separatistas catalanes o vascos intentaran consumar la segregación de sus territorios, que nadie se llame a engaño: no sería posible la paz.
Sin duda, no bastará con esta ilegalización para tomar la iniciativa y adelantar la defensa de la unidad de España. Será preciso también reformar la Ley electoral, y reformar la Constitución para racionalizar el sistema de descentralización autonómica. Pero es innegable que con la ilegalización del separatismo habremos dado un paso muy importante.
Y ¿qué consecuencias traería?. Desde luego, las habrá, y graves. Pero ninguna tan grave como la situación actual de Cataluña. Por eso, en mi opinión, es ahora, Mayo de 2018, el momento de hacerlo.
